Acoso a líderes indígenas en Ecuador: Agustín Wachapá
* * copiado tal cual del informe "Amazónicos ante la injusticia. Hostigamiento judicial de líderes indígenas y ambientalistas en Ecuador" de Human Rights Watch
El líder indígena shuar Agustín Wachapá, de la provincia de Morona Santiago, está siendo juzgado por haber presuntamente incitado a la violencia a través de una publicación realizada en Facebook en 2016. En ese momento, era presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), la misma organización que Pepe Acacho presidía en 2010 cuando fue acusado de terrorismo.
La FICSH se había opuesto a las concesiones mineras en Morona Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, alegando que invadía territorios ancestrales de los Shuar. En el área comprendida por la concesión minera de San Carlos Panantza viven 12.289 personas, de las cuales el 46 % pertenece a la nación Shuar. ExplorCobres S.A. (EXSA) es la propietaria de la concesión y tiene previsto desarrollar allí minería de cobre a cielo abierto. Acción Ecológica, una reconocida organización ambiental ecuatoriana, se había opuesto públicamente al proyecto y había expresado su apoyo a los reclamos territoriales del pueblo shuar.
El 14 de diciembre de 2016, policías y militares tuvieron un enfrentamiento violento con detractores del proyecto minero de San Carlos Panantza. Como saldo de este hecho violento, un policía murió y otros siete resultaron heridos. El Presidente Correa respondió declarando el estado de excepción en toda la provincia. Tres días más tarde, se refirió a este tema en su programa televisivo. Correa transmitió un videoclip de nueve segundos de duración, tomado de una entrevista con Agustín Wachapá, en el cual Wachapá dice: “Para el shuar, la guerra es un deporte, es un juego, matar a una persona, cortar la cabeza..’.. El videoclip terminaba abruptamente, cortando a Wachapá en la mitad de la oración. Correa señaló que el videoclip era prueba de que los líderes indígenas que criticaban a su gobierno eran violentos. Después de mostrar el clip, Correa señaló: “ya han perdido la referencia del bien y el mal’.
Wachapá dijo a Human Rights Watch que esta declaración había sido sacada de contexto, que se lo había invitado a hablar sobre la historia pre-colonial del pueblo shuar para una radio local y que la entrevista también se había filmado. La entrevista se llevó a cabo el 1° de diciembre de 2016, antes del incidente violento que se produjo en la mina de San Carlos Panantza. Wachapá agregó que la entrevista no se había realizado con la intención de comentar sobre hechos contemporáneos.
Al día siguiente de las declaraciones de Correa, Acción Ecológica instó al gobierno a crear una “Comisión de Paz y Verdad” para investigar presuntas violaciones de derecho ambiental y los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del proyecto minero de San Carlos Panantza. El 20 de diciembre, apenas dos días después, el viceministro del Interior, Diego Torres Saldaña, solicitó al Ministerio del Ambiente que disolviera la organización. Saldaña acusó a Acción Ecológica de incitar a la violencia en Morona Santiago y de mostrar “un claro alejamiento de sus fines y objetivos’.
Saldaña se basó en dos decretos emitidos por el Presidente Correa en 2013 y en 2015, que otorgaban al poder ejecutivo la facultad de disolver organizaciones no gubernamentales si se determinaba que habían “afect[ado] la paz pública” o participado en actividades distintas de las identificadas al momento de su inscripción ante las autoridades gubernamentales. Cinco relatores especiales de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta que describía la iniciativa de disolución de Acción Ecológica como parte de una “estrategia de asfixiar a la sociedad civil’. Acción Ecológica apeló con éxito la disolución en enero de 2017, después de recibir contundentes manifestaciones de solidaridad internacional.
Además de impulsar la disolución de la organización ambiental, Saldaña también presentó una denuncia penal contra Wachapá ante la Fiscalía General del Estado. Tras la denuncia de Saldaña, el 21 de diciembre de 2016, un fiscal acusó a Wachapá de "incitación a la discordia". Citó como prueba una publicación que el líder indígena había realizado en Facebook, en referencia a los hechos que tuvieron lugar el 14 de diciembre:
Wachapá fue detenido inmediatamente en la localidad de Sucúa, en Morona Santiago, el 21 de diciembre. Un juez consideró los cargos y dispuso que el caso se elevara a juicio. Al día siguiente, Wachapá fue trasladado a la cárcel de Latacunga, a casi 300 kilómetros de distancia, donde fue mantenido en prisión preventiva. El juez justificó su decisión de imponerle prisión preventiva citando la publicación que Wachapá había realizado en Facebook, que, a su entender, era “un fuerte indicio de que se ha realizado esta infracción penal [de incitación a la discordia]’.
La publicación original de Agustín Wachapá en Facebook del 17 de diciembre de 2016DESPLEGAR
La publicación original de Agustín Wachapá en Facebook del 17 de diciembre de 2016. Perfil de Agustín Wachapá en Facebook, https://www.facebook.com/awachapa/posts/1512935215400995
Wachapá dijo a Human Rights Watch que pasó cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, hasta el 25 de abril de 2017, fecha en que se le concedió libertad condicional tras pagar una fianza de USD 6.000.
Se presentaron cargos contra Wachapá en virtud del artículo 348 del Código Penal de Ecuador, que establece una pena de uno a tres años de cárcel para quienes “promueva[n] la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros’.
Para respaldar estas acusaciones, la fiscalía proporcionó los siguientes elementos —ninguno de los cuales, a criterio de Human Rights Watch, podría interpretarse razonablemente como prueba de que Wachapá hubiera armado a personas o incitado a la violencia—:
- Copia de la denuncia presentada por Torres Saldaña;
- Copia del decreto presidencial N.º 1276 que declaraba el estado de excepción;
- Un informe policial sobre la confrontación que ocurrió el 14 de diciembre en la mina (un incidente que tuvo lugar antes de que Wachapá realizara su publicación en Facebook), en el cual no se hace referencia a Wachapá ni se lo vincula en modo alguno con el hecho que tuvo lugar ese día;
- Un informe policial sobre la detención de Agustín Wachapá el 21 de diciembre de 2016; El testimonio de un presentador radial que relató la entrevista del 1 de diciembre de 2016, en la cual, según Wachapá, se refirió a la historia pre-colonial de los Shuar como guerreros;
- Captura de pantalla de la publicación de Wachapá en Facebook.
Hay seis elementos sobre los cuales se basa el caso del fiscal. De estos, cinco no tienen ninguna relevancia probatoria del delito por el cual se acusa a Wachapá. Ni el decreto presidencial ni el informe policial sobre el enfrentamiento del 14 de diciembre describen ningún acto cometido por Wachapá, y el testimonio del presentador radial está relacionado con un programa que se transmitió dos semanas antes de la publicación de Wachapá en Facebook. El informe sobre la detención de Wachapá indica que intentó evadir a los policías, lo cual no constituye prueba de que haya incitado a la violencia.
La única evidencia que podría pretender tener alguna fuerza probatoria en el expediente de la fiscalía es un mensaje que Wachapá publicó en Facebook después del enfrentamiento. Aunque la redacción de Wachapá en ese mensaje es ambigua, la valoración de Human Rights Watch es que no es aceptable que la fiscalía presente serias acusaciones penales basadas únicamente en una única evidencia que es débil y dudosa. Cualquier valoración razonable de la prueba concluiría que el cargo contra Wachapá carece de evidencia probatoria sustantiva.
Está previsto que un tribunal de primera instancia se pronuncie el 28 de marzo de 2018. Si lo declaran culpable, Wachapá podría ser condenado a una pena de hasta tres años de cárcel.
Dado que es la principal fuente de ingresos de su familia, Wachapá expresó a Human Rights Watch que este calvario había “dejado en la quiebra” a su familia. Durante el tiempo que pasó detenido, sin poder trabajar, sus hijos se vieron obligados a abandonar temporalmente los estudios por no contar con los recursos necesarios para asistir a la escuela.
El líder indígena shuar Agustín Wachapá, de la provincia de Morona Santiago, está siendo juzgado por haber presuntamente incitado a la violencia a través de una publicación realizada en Facebook en 2016. En ese momento, era presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), la misma organización que Pepe Acacho presidía en 2010 cuando fue acusado de terrorismo.
La FICSH se había opuesto a las concesiones mineras en Morona Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, alegando que invadía territorios ancestrales de los Shuar. En el área comprendida por la concesión minera de San Carlos Panantza viven 12.289 personas, de las cuales el 46 % pertenece a la nación Shuar. ExplorCobres S.A. (EXSA) es la propietaria de la concesión y tiene previsto desarrollar allí minería de cobre a cielo abierto. Acción Ecológica, una reconocida organización ambiental ecuatoriana, se había opuesto públicamente al proyecto y había expresado su apoyo a los reclamos territoriales del pueblo shuar.
El 14 de diciembre de 2016, policías y militares tuvieron un enfrentamiento violento con detractores del proyecto minero de San Carlos Panantza. Como saldo de este hecho violento, un policía murió y otros siete resultaron heridos. El Presidente Correa respondió declarando el estado de excepción en toda la provincia. Tres días más tarde, se refirió a este tema en su programa televisivo. Correa transmitió un videoclip de nueve segundos de duración, tomado de una entrevista con Agustín Wachapá, en el cual Wachapá dice: “Para el shuar, la guerra es un deporte, es un juego, matar a una persona, cortar la cabeza..’.. El videoclip terminaba abruptamente, cortando a Wachapá en la mitad de la oración. Correa señaló que el videoclip era prueba de que los líderes indígenas que criticaban a su gobierno eran violentos. Después de mostrar el clip, Correa señaló: “ya han perdido la referencia del bien y el mal’.
Wachapá dijo a Human Rights Watch que esta declaración había sido sacada de contexto, que se lo había invitado a hablar sobre la historia pre-colonial del pueblo shuar para una radio local y que la entrevista también se había filmado. La entrevista se llevó a cabo el 1° de diciembre de 2016, antes del incidente violento que se produjo en la mina de San Carlos Panantza. Wachapá agregó que la entrevista no se había realizado con la intención de comentar sobre hechos contemporáneos.
Al día siguiente de las declaraciones de Correa, Acción Ecológica instó al gobierno a crear una “Comisión de Paz y Verdad” para investigar presuntas violaciones de derecho ambiental y los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del proyecto minero de San Carlos Panantza. El 20 de diciembre, apenas dos días después, el viceministro del Interior, Diego Torres Saldaña, solicitó al Ministerio del Ambiente que disolviera la organización. Saldaña acusó a Acción Ecológica de incitar a la violencia en Morona Santiago y de mostrar “un claro alejamiento de sus fines y objetivos’.
Saldaña se basó en dos decretos emitidos por el Presidente Correa en 2013 y en 2015, que otorgaban al poder ejecutivo la facultad de disolver organizaciones no gubernamentales si se determinaba que habían “afect[ado] la paz pública” o participado en actividades distintas de las identificadas al momento de su inscripción ante las autoridades gubernamentales. Cinco relatores especiales de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta que describía la iniciativa de disolución de Acción Ecológica como parte de una “estrategia de asfixiar a la sociedad civil’. Acción Ecológica apeló con éxito la disolución en enero de 2017, después de recibir contundentes manifestaciones de solidaridad internacional.
Además de impulsar la disolución de la organización ambiental, Saldaña también presentó una denuncia penal contra Wachapá ante la Fiscalía General del Estado. Tras la denuncia de Saldaña, el 21 de diciembre de 2016, un fiscal acusó a Wachapá de "incitación a la discordia". Citó como prueba una publicación que el líder indígena había realizado en Facebook, en referencia a los hechos que tuvieron lugar el 14 de diciembre:
Wachapá fue detenido inmediatamente en la localidad de Sucúa, en Morona Santiago, el 21 de diciembre. Un juez consideró los cargos y dispuso que el caso se elevara a juicio. Al día siguiente, Wachapá fue trasladado a la cárcel de Latacunga, a casi 300 kilómetros de distancia, donde fue mantenido en prisión preventiva. El juez justificó su decisión de imponerle prisión preventiva citando la publicación que Wachapá había realizado en Facebook, que, a su entender, era “un fuerte indicio de que se ha realizado esta infracción penal [de incitación a la discordia]’.
La publicación original de Agustín Wachapá en Facebook del 17 de diciembre de 2016DESPLEGAR
La publicación original de Agustín Wachapá en Facebook del 17 de diciembre de 2016. Perfil de Agustín Wachapá en Facebook, https://www.facebook.com/awachapa/posts/1512935215400995
Wachapá dijo a Human Rights Watch que pasó cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, hasta el 25 de abril de 2017, fecha en que se le concedió libertad condicional tras pagar una fianza de USD 6.000.
Se presentaron cargos contra Wachapá en virtud del artículo 348 del Código Penal de Ecuador, que establece una pena de uno a tres años de cárcel para quienes “promueva[n] la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros’.
Para respaldar estas acusaciones, la fiscalía proporcionó los siguientes elementos —ninguno de los cuales, a criterio de Human Rights Watch, podría interpretarse razonablemente como prueba de que Wachapá hubiera armado a personas o incitado a la violencia—:
- Copia de la denuncia presentada por Torres Saldaña;
- Copia del decreto presidencial N.º 1276 que declaraba el estado de excepción;
- Un informe policial sobre la confrontación que ocurrió el 14 de diciembre en la mina (un incidente que tuvo lugar antes de que Wachapá realizara su publicación en Facebook), en el cual no se hace referencia a Wachapá ni se lo vincula en modo alguno con el hecho que tuvo lugar ese día;
- Un informe policial sobre la detención de Agustín Wachapá el 21 de diciembre de 2016; El testimonio de un presentador radial que relató la entrevista del 1 de diciembre de 2016, en la cual, según Wachapá, se refirió a la historia pre-colonial de los Shuar como guerreros;
- Captura de pantalla de la publicación de Wachapá en Facebook.
Hay seis elementos sobre los cuales se basa el caso del fiscal. De estos, cinco no tienen ninguna relevancia probatoria del delito por el cual se acusa a Wachapá. Ni el decreto presidencial ni el informe policial sobre el enfrentamiento del 14 de diciembre describen ningún acto cometido por Wachapá, y el testimonio del presentador radial está relacionado con un programa que se transmitió dos semanas antes de la publicación de Wachapá en Facebook. El informe sobre la detención de Wachapá indica que intentó evadir a los policías, lo cual no constituye prueba de que haya incitado a la violencia.
La única evidencia que podría pretender tener alguna fuerza probatoria en el expediente de la fiscalía es un mensaje que Wachapá publicó en Facebook después del enfrentamiento. Aunque la redacción de Wachapá en ese mensaje es ambigua, la valoración de Human Rights Watch es que no es aceptable que la fiscalía presente serias acusaciones penales basadas únicamente en una única evidencia que es débil y dudosa. Cualquier valoración razonable de la prueba concluiría que el cargo contra Wachapá carece de evidencia probatoria sustantiva.
Está previsto que un tribunal de primera instancia se pronuncie el 28 de marzo de 2018. Si lo declaran culpable, Wachapá podría ser condenado a una pena de hasta tres años de cárcel.
Dado que es la principal fuente de ingresos de su familia, Wachapá expresó a Human Rights Watch que este calvario había “dejado en la quiebra” a su familia. Durante el tiempo que pasó detenido, sin poder trabajar, sus hijos se vieron obligados a abandonar temporalmente los estudios por no contar con los recursos necesarios para asistir a la escuela.
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