EEUU: Inmigrantes contra la delincuencia. Consideraciones de derechos humanos

* * copiado tal cual del informe "Inmigrantes contra la delincuencia. Cómo el programa de visas de tipo U favorece la seguridad de las comunidades estadounidenses" de Human Rights Watch

Los delitos violentos pueden limitar o impedir el goce de derechos garantizados por el derecho internacional, y los Estados tienen la obligación de proteger a las personas contra ese tipo de perjuicios. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Estados Unidos debe respetar y garantizar, entre otros, los derechos a la vida y a la seguridad de las personas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el órgano especializado que interpreta las obligaciones de los Estados conforme al PIDCP, ha hecho hincapié en que “solo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no solo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que cometan particulares o entidades”. Un Estado podría incumplir sus obligaciones conforme al PICDP cuando no “adopta las medidas adecuadas o no ejerce el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño causado por [particulares o entidades]”.

Los programas de visas de tipo U y de tipo T deben entenderse como fundamentales en los esfuerzos del gobierno estadounidense por cumplir con esas obligaciones asumidas en el PIDCP. Asimismo, la importancia de esos programas de visas debe comprenderse en el contexto más amplio de las leyes inmigratorias abusivas y draconianas dictadas por Estados Unidos.

La legislación inmigratoria federal, por lo general, no asigna gran importancia a los fuertes vínculos familiares y de otro tipo que muchos indocumentados forjan en el país y en sus comunidades. En general, esas personas no tienen a su alcance una vía para regularizar su situación legal y, por lo tanto, viven con el riesgo permanente de ser arrestadas y deportadas, aun cuando sus familias y todos los aspectos de su vida están indisolublemente arraigados en sus comunidades en Estados Unidos. La legislación inmigratoria federal también prevé sanciones draconianas para las infracciones y permite que se detenga a grandes cantidades de personas por períodos prolongados, a menudo sin justificación, en condiciones peligrosas y abusivas.

Desde hace tiempo, Human Rights Watch sostiene que es necesario realizar una profunda reforma de las leyes inmigratorias federales, a fin de abordar estas y otras consideraciones vinculadas con derechos. Lo más relevante de estos problemas para cualquier postura con respecto a los programas de visas de tipo U y T es que las medidas tomadas por las autoridades inmigratorias estadounidenses generan tal temor en las comunidades inmigrantes que muchos de sus miembros se sienten disuadidos de denunciar delitos o de cooperar de otra manera con los funcionarios de aplicación de la ley.

Numerosos organismos de aplicación de la ley han procurado limitar su colaboración con las autoridades inmigratorias federales precisamente para poder establecer y mantener con las comunidades de inmigrantes un vínculo de confianza que les permita combatir el delito más eficazmente. Para las autoridades de aplicación de la ley, de por sí no es fácil establecer vínculos de confianza con esas comunidades y, como se describe en este informe, debido a las medidas adoptadas por el gobierno de Trump en contra de las denominadas “ciudades santuario”, esos esfuerzos son incluso más difíciles.

En este contexto más general, los programas de visas de tipo U y de tipo T son especialmente importantes. Las medidas estadounidenses en materia inmigratoria disuaden a muchos inmigrantes de cooperar con los funcionarios de aplicación de la ley y esto representa un gran obstáculo en las iniciativas que lleva adelante el gobierno de Estados Unidos para garantizar los derechos consagrados en el PIDCP entre las comunidades de inmigrantes. Los programas de visas de tipo U y de tipo T ayudan a mitigar ese problema al permitir que inmigrantes indocumentados puedan colaborar con las autoridades de aplicación de la ley sin preocuparse por si, a causa de ello, serán separados de sus familias y deportados. Esto fortalece los esfuerzos del gobierno de EEUU por garantizar que todas las comunidades y personas en el país, sean ciudadanos estadounidenses o extranjeros, gocen de los derechos que se reconocen en el PIDCP.