Éxodo venezolano: vías y obstáculos para la permanencia legal en otros países

* * copiado tal cual del informe "El éxodo venezolano. Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes" de Human Rights Watch

Además de la posibilidad de pedir asilo, varios gobiernos de América del Sur han adoptado distintas medidas para brindar a los ciudadanos venezolanos permisos legales que les permitan permanecer en esos países. Por ejemplo, Colombia, Perú, Brasil y Chile han creado un permiso especial para los inmigrantes venezolanos. Argentina y Uruguay permiten que los venezolanos soliciten una visa especial disponible para los nacionales del bloque comercial regional Mercosur, a pesar de que Venezuela fue excluida del bloque en diciembre de 2016. Los ciudadanos venezolanos en Ecuador pueden solicitar una visa de UNASUR para quedarse en el país.

Estos permisos han brindado estatus legal a cientos de miles de venezolanos, ayudando así a reconstruir sus vidas sin el temor inmediato a ser expulsados. Pero incluso en países donde existen tales permisos, numerosos venezolanos han señalado que hay dificultades para obtenerlos, como los costos prohibitivos y el requisito de presentar documentos que no les fue posible llevarse de Venezuela y no pueden obtener en el extranjero.

Más recientemente, algunos países que hasta ahora habían implementado políticas para acoger a venezolanos han adoptado algunas medidas preocupantes que podrían, en la práctica, limitar drásticamente la posibilidad de los venezolanos de solicitar tales permisos.

Chile exige que los venezolanos soliciten la visa en Venezuela y requiere que presenten un pasaporte. Dado que obtener una cita y posteriormente el pasaporte en Venezuela es algo sumamente difícil y puede demorar hasta dos años, el requerimiento del pasaporte por parte de Chile implica en la práctica cerrar las puertas a muchos venezolanos.

En agosto de 2018, al advertir que más de 4.200 venezolanos entraban a diario al país, Ecuador declaró la emergencia en tres provincias del país para lidiar con la afluencia de personas y brindar asistencia humanitaria. Sin embargo, algunos días después, las autoridades anunciaron que exigirían que los venezolanos presentaran un pasaporte para entrar al país. El gobierno ecuatoriano retiró la medida luego de que un juez fallara en contra de ella, pero también anunció que exigirá a venezolanos sin pasaporte que presenten un certificado de validez de sus cédulas de identidad venezolanas emitidas por una autoridad internacional o venezolana reconocida por el Ecuador.

De manera similar, Perú anunció que a partir del 25 de agosto de 2018 exigiría que los venezolanos que entren al país presenten un pasaporte; las autoridades peruanas han sostenido que seguirían acogiendo a venezolanos y justificaron la medida aduciendo que les permitiría tener una migración más ordenada. Luego de que la medida generara una fuerte reacción, el ministro de relaciones exteriores peruano sostuvo que Perú permitiría a los venezolanos ingresar con un pasaporte vencido, que los niños y las personas mayores podrían entrar sin pasaporte, y que el hecho de no contar con un pasaporte no sería un obstáculo para solicitar asilo. Un decreto reciente dispone que solamente los venezolanos que lleguen al país hasta el 31 de octubre podrán solicitar el estatus legal especial que existe para las personas de esa nacionalidad.

Los Estados tienen todo el derecho de tomar medidas rigurosas para verificar las identidades y nacionalidades de los solicitantes de asilo y otras personas, pero en ninguna circunstancia se debería rechazar a solicitantes de asilo sencillamente porque no tienen pasaportes u otra forma de identificación en particular. Dicho resultado implicaría devolución (refoulement) y la violación de sus obligaciones conforme al derecho internacional de los refugiados.

En 2017, Panamá limitó el acceso al país al establecer una nueva exigencia de visa a los venezolanos antes de que puedan ingresar.

En Colombia, que hasta ahora ha recibido a la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos, el gobierno ha adoptado una serie de medidas para brindar a los que llegan al país acceso urgente a atención de la salud y para que los niños venezolanos puedan inscribirse en escuelas. A través de otras iniciativas impulsadas en coordinación con organismos de la ONU y organizaciones locales se les brinda comida, vacunas y refugio.

En julio de 2017, el gobierno colombiano creó un permiso especial que habilita a los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país legalmente, pero que han superado el período de permanencia permitido por sus visas, a regularizar su condición y a recibir permisos de trabajo y acceso a servicios públicos básicos. Entre 2017 y los primeros meses de 2018, se concedió este permiso a 180.000 venezolanos. En julio de 2018, el gobierno colombiano dictó un decreto que otorgó acceso a servicios públicos básicos y permisos de trabajo a los más de 400.000 inmigrantes irregulares venezolanos que se habían registrado en un censo gubernamental, y también reguló la inscripción de sus hijos en escuelas.

Muchos venezolanos en Colombia que no se registraron con el gobierno todavía se encuentran en condición irregular y enfrentan múltiples dificultades. En mayo, las autoridades señalaron que más de 2.700 venezolanos habían “decidido regresar voluntariamente a su país” para “no ser sujetos de medidas sancionadoras” por parte de las autoridades colombianas por no tener permiso para permanecer en el país. No obstante, fuentes creíbles que pidieron no ser citadas y que han estado dando seguimiento a la situación cuestionaron que esos regresos fueran realmente voluntarios y señalaron a Human Rights Watch que numerosos venezolanos habían sido interceptados, obligados a subir a un camión y conducidos hasta la frontera.

En 2018, el gobierno federal de Brasil desplegó las fuerzas armadas en la frontera con Venezuela para responder a la inmigración venezolana, incluso para implementar las políticas humanitarias brasileñas. En cooperación con las agencias de la ONU, han instalado un centro en la frontera donde los venezolanos pueden solicitar asilo o un permiso de residencia especial, y obtener vacunas y tratamiento médico de emergencia. Además, en conjunto con ACNUR, el gobierno federal abrió 10 albergues para alojar venezolanos en el estado de Roraima, al norte del país. Al momento de redactar este informe, más de 4.000 venezolanos se encontraban viviendo en estos albergues, y dos más se encontraban bajo construcción. Un programa en curso para trasladar venezolanos a otras partes del país ha sido lentamente implementado; al 28 de agosto de 2018 solo 820 venezolanos habían sido reubicados en otras partes de Brasil.

Los caminantes venezolanos

Más de 200 venezolanos emprenden el trayecto a pie desde la frontera entre Colombia y Venezuela cada día para intentar llegar a su destino final, ya sea ciudades en Colombia u otros países de la región.

Human Rights Watch entrevistó a varios venezolanos que caminaban al costado de la carretera, incluidas mujeres y niños. Por ejemplo, Rosa Márquez (seudónimo), de 25 años, que caminaba con su hija de seis años, dijo que se había ido de Maracay, su localidad natal en Venezuela, porque no podía comprar suficiente comida para alimentar a su familia ni medicamentos para tratar los cálculos renales de su hija. Márquez y su hija viajaron a través de Venezuela en autobús durante horas y cruzaron la frontera con Colombia en dirección a Medellín, donde las esperaba el padre de la niña. Pero sin documentos para permanecer legalmente en Colombia, no pudieron comprar un pasaje de autobús y decidieron caminar hasta una localidad desde donde viajarían a Medellín. El camino, que pasa incluso por tramos donde hay temperaturas heladas, demora más de 47 horas a pie.

Un censo realizado en julio por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas determinó que los venezolanos que salen del país a pie caminan un promedio de 16 horas por día, en general durante 13 días. Muchos caminan porque no tienen la documentación legal requerida, mientras que otros no puedan pagar el costo del pasaje de autobús. Unos pocos tenían suficientes recursos para cubrir los trayectos, muchos no tenían suficiente para comer y más del 90 % dormía en la calle.

La Cruz Roja colombiana ha instalado tiendas en algunos lugares al costado de la carretera. En una de esas tiendas, se detienen cerca de 80 venezolanos por día para tomar agua, comer galletas, descansar y hacer llamadas telefónicas, nos dijo una voluntaria.

El Caribe

En el Caribe, donde varios gobiernos tienen estrechos vínculos con el gobierno venezolano y dependen económicamente de éste, ningún país ha establecido oficialmente un permiso especial que permita que ciudadanos venezolanos permanezcan legalmente, y la mayoría de los países no tienen leyes que regulen el proceso de solicitud de asilo. La inmigración venezolana ha tenido un impacto especialmente contundente en las islas del Caribe Sur de Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao, debido a su proximidad geográfica con Venezuela, a que su territorio es más pequeño y a que su capacidad de absorber a inmigrantes es limitada.

Entre los principales problemas que enfrentan los venezolanos en el Caribe se incluyen los siguientes:

Trinidad y Tobago: No existe un marco jurídico que regule el proceso de solicitud de asilo ni los derechos de los refugiados. En 2014, el gobierno emitió una política sobre refugiados que todavía está en proceso de implementación. Cerca de 4.000 de los 40.000 venezolanos que se estima que habría en la isla habían pedido asilo hasta agosto de 2018.

Una organización no gubernamental local llamada Living Water Community actúa como punto de contacto para los solicitantes de asilo en representación de ACNUR. A todos los solicitantes de asilo y refugiados se les emite un certificado de solicitante de asilo de ACNUR. Quienes tienen estos certificados pueden permanecer en el país, pero no se les permite trabajar.

Aunque anteriormente los venezolanos podían obtener atención médica e inscribir a sus hijos en la escuela primaria, Human Rights Watch ha recibido información creíble de por parte de múltiples fuentes que solicitaron permanecer anónimas de que las autoridades locales han desestimado certificados emitidos por ACNUR y han detenido a personas que contaban con ellos. En abril, en un incidente aparentemente aislado, 82 ciudadanos venezolanos, incluidos algunos que contaban con los certificados de ACNUR y otros que habían declarado su intención de solicitar el estatus de refugiados, fueron enviados de regreso a Venezuela por las autoridades inmigratorias.

El 9 de abril de 2018, policías uniformados realizaron una redada en el puerto de ingreso en San Fernando, y detuvieron a la ciudadana venezolana Isabel Gabriela González Herrera. González Herrera, que había llegado a Trinidad y Tobago un mes antes, se encontraba allí para entregar una bolsa con alimentos a otros venezolanos que se la llevarían a su hijo de 4 años en Venezuela, contó un testigo que habló con Human Rights Watch. González Herrera fue llevada a una dependencia policial, donde un funcionario inmigratorio le pidió que exhibiera alguna constancia de su estatus legal en el país. Ella fue detenida por no tener tal constancia. El 12 de mayo, González Herrera fue llevada ante un juez inmigratorio y condenada a un año de prisión y al pago de 18.000 dólares de Trinidad y Tobago (aproximadamente 2.700 dólares estadounidenses), a pesar de contar con un certificado de asilo emitido por ACNUR. González Herrera se encontraba en una cárcel de máxima seguridad al momento de redacción de este informe.

Curazao: En julio de 2017, el gobierno anunció públicamente que había asumido la responsabilidad, anteriormente ejercida por ACNUR, de registrar a los solicitantes de asilo y emitir los correspondientes certificados. Sin embargo, según la información que obtuvo Human Rights Watch, el gobierno de Curazao no ha emitido ni un sólo certificado desde entonces, a pesar de que cientos de venezolanos han solicitado una entrevista para pedir asilo allí. Aunque Curazao no está obligada por la Convención de 1951 ni por su Protocolo de 1967, como país integrante de los Países Bajos, sí está alcanzada por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El artículo 3 del CEDH impide la devolución (refoulement) en casos de tortura o trato inhumano, lo cual incluye algunos casos de falta de acceso a atención médica. El gobierno de los Países Bajos debe responder por las violaciones del CEDH que ocurran en Curazao, y esto incluye las deportaciones que contravengan las disposiciones sobre no devolución del artículo 3.

Human Rights Watch ha recibido señalamientos creíbles de distintas fuentes que pidieron que se preserve su anonimato que indican que las autoridades de Curazao realizan asiduamente redadas inmigratorias, hostigan verbal y físicamente a ciudadanos venezolanos y los detienen por períodos indefinidos en condiciones inhumanas y sin acceso a abogados. También indican que las autoridades han deportado a algunos venezolanos que intentan pedir asilo, incluidas personas cuyas pretensiones podrían cumplir los requisitos para recibir protección conforme al artículo 3 del CEDH, y han presionado a padres detenidos para que informaran a las autoridades dónde están sus hijos y poder así deportarlos juntos.

Estas fuentes manifestaron asimismo que legalmente se permite que los niños venezolanos asistan a la escuela, pero que en la práctica enfrentan obstáculos para ser inscriptos y algunos temen ir a la escuela ya que las autoridades han realizado redadas para llevarse a niños y niñas de estos establecimientos.

Santiago Hernández (seudónimo), de 19 años, desertó de las Fuerzas Armadas venezolanas luego de ser testigo de abusos por parte del personal militar. El 17 de agosto de 2018 salió de Venezuela en bote, en dirección hacia Curazao, temiendo represalias por desertar y luego de haber sido testigo de los abusos. Esa noche, autoridades de Curazao lo arrestaron en aguas territoriales, presuntamente por ingresar ilegalmente. Hernández les dijo a las autoridades que pretendía pedir asilo, pero se negaron a escucharlo y lo detuvieron. Durante su detención, intentó solicitar asilo nuevamente, pero los guardias le dijeron que, en vez de ello, llame al consulado venezolano. De forma encubierta consiguió un celular y llamó a un abogado, quien presentó una solicitud de asilo en su nombre el 21 de agosto, de acuerdo a documentación revisada por Human Rights Watch. Su abogado le dijo a Human Rights Watch que Hernández fue interrogado por dos días, y el 27 de agosto autoridades inmigratorias le pidieron firmar documentos en holandés, idioma que no comprende. Hernández permanece en detención inmigratoria en Curazao al tiempo de la redacción de este informe.

Aruba: Los ciudadanos venezolanos pueden pedir asilo y los solicitantes de asilo inscriptos ante el gobierno pueden acceder a un permiso de trabajo y trabajar legalmente. Los hijos de solicitantes de asilo pueden inscribirse en escuelas, aunque se ha alertado sobre hechos de discriminación y su inscripción está supeditada a que cuenten con seguro de salud, cuyo costo es elevado. Los venezolanos en Aruba –que también es un país que integra los Países Bajos— podrían reunir las condiciones para obtener protección internacional como refugiados al amparo del Protocolo de 1967 de la Convención de 1951 (a la cual ha adherido Aruba) y están protegidos frente a la posibilidad de devolución en virtud del artículo 3 del CEDH.

Guyana: Se estima que 15.000 ciudadanos venezolanos viven en el país, y que un número incluso mayor transita regularmente entre Venezuela y Guyana. Los venezolanos en Guyana tienen acceso a la atención pública de la salud, y esa es una de las principales razones por las cuales entran y salen del país. En general los niños pueden asistir a la escuela, aunque algunos encuentran obstáculos debido a que no hablan inglés. El Gobierno de Guyana ha otorgado a ciudadanos venezolanos permisos ad-hoc para permanecer por períodos de tres meses, y manifestó que ratificaría diversos instrumentos internacionales sobre refugiados, pero no existen políticas o leyes sobre refugiados ni tampoco ningún otro marco jurídico que aporte claridad sobre cuáles son las alternativas legales que tienen los venezolanos para pedir asilo o vivir en el país.

República Dominicana: Aunque existe en el país una ley que reglamenta el proceso de asilo, varios venezolanos de una organización que asiste a inmigrantes y solicitantes de asilo de esa nacionalidad en el país dijeron a Human Rights Watch que, en la práctica, les resulta difícil presentar tales solicitudes. Entre los obstáculos que denunciaron se incluyen un plazo demasiado breve para presentar la solicitud, de 15 días desde que llegan al país, la obligación de hacerlo en la ciudad capital y la exigencia de presentar documentos que no tienen.

Human Rights Watch también ha recibido señalamientos creíbles por parte de varias fuentes que pidieron mantener el anonimato de detenciones de personas que “parecen venezolanas” y de deportaciones realizadas sin garantías de debido proceso ni una evaluación adecuada de las necesidades de protección. Los venezolanos detenidos no tienen acceso a asesoramiento legal, no pueden impugnar legalmente la detención y permanecen en esa situación por tiempo indefinido hasta que el gobierno de la República Dominicana los deporte o ellos mismos paguen su pasaje, conforme lo refirieron a Human Rights Watch fuentes creíbles. No se permite que ACNUR ni organizaciones no gubernamentales ingresen al centro donde están detenidos, y esto limita su posibilidad de dar seguimiento a la situación de estas personas y brindarles apoyo.

Human Rights Watch también ha recibido información creíble de que ciudadanos venezolanos están realizando viajes peligrosos para trasladarse a islas del Caribe Sur, a una corta distancia en barco desde el territorio continental de Venezuela, y que esto ha provocado naufragios y muertes en el mar. En enero de 2018, se produjeron los primeros casos confirmados de venezolanos que murieron en el mar intentando llegar a Curazao, y llegaron restos de los cuerpos de estas personas a las costas de la isla. La voluntad de emprender trayectos riesgosos suele ser común en situaciones en que los refugiados no tienen vías lícitas para el acceso, y los ciudadanos venezolanos han encontrado obstáculos para ingresar y permanecer de manera ordenada y legal en estas islas.

Estados Unidos y España

En Estados Unidos, los venezolanos se han convertido en la nacionalidad con mayor cantidad de solicitudes de asilo. Hasta junio de 2018, había más de 72.000 solicitantes de asilo venezolanos en Estados Unidos. Entre 2011 y 2016, la tasa de denegación de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos fue del 46,4 %, un 3,4 % inferior a la tasa de rechazo de los solicitantes de asilo de todas las nacionalidades (49,8 %) durante ese mismo período. Human Rights Watch no ha podido obtener estadísticas más recientes sobre las tasas de rechazo de solicitudes de asilo planteadas por venezolanos.

Un total de más de 26.000 venezolanos son solicitantes de asilo en España. Los venezolanos representan la nacionalidad con mayor cantidad de solicitudes de asilo en España. No obstante, apenas el 1 % de los venezolanos que pidieron asilo allí obtuvieron protección, indica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Esta baja proporción de otorgamiento del estatus de refugiado hace dudar de que las autoridades, incluidos los jueces que resuelven asuntos migratorios, estén considerando todas las causas que podrían justificar que los venezolanos teman volver a su país como motivos legítimos para conceder el asilo.