Detención y expulsión de inmigrantes en Curasao: el caso de Vanessa
* * copiado tal cual del informe "Detenidos y deportados. Niegan protección a personas venezolanas en Curasao" de Amnistía Internacional
Vanessa, una migrante en situación inmigratoria irregular, fue arrestada en su casa, donde vivía con su pareja. Vanessa no tenía un permiso de residencia. La llevaron a la estación de policía de Río Canario para registrarla como una migrante irregular que sería deportada del país. Relató a Amnistía Internacional: "Dijeron que no tenía derechos porque era una migrante ilegal".
Al momento de su arresto, Vanessa tenía cuatro meses y medio de embarazo. A pesar de que comunicó su estado al personal de la estación, un alto funcionario de la Unidad de Monitoreo y Detección la sometió a maltrato físico y verbal grave: "Me habló muy mal. Me dijo que ‘cerrara la boca’ porque ‘no tenía derecho a hablar’. Me pidió que me quitara los zarcillos y los pusiera sobre la mesa. Uno de ellos se cayó al suelo. Me dijo que lo recogiera, pero me negué porque parecía que iba a pegarme. Entonces me agarró por el pelo y me tiró al suelo. Otro oficial de policía entró y le dijo ‘rómpele la cara’, así que me arrojó contra la pared".
Vanessa fue transferida al Cuartel de los Extranjeros. Empezó a sentirse mal, por lo que visitó al médico de la prisión. Sin embargo, según Vanessa, no le hicieron un chequeo, sino que simple- mente le dijeron que se tomara las cosas con calma y se quedara en la cama. No recibió un trato ni un régimen dietético especial para cuidar su embarazo. Dijo que, durante los primeros diez días, lo único que comió fue pan con mantequilla de maní.
Luego de tres semanas detenida, Vanessa, junto con otras siete mujeres venezolanas, inició una huelga de hambre para protestar contra su deportación. Aunque las mujeres recibieron mucha atención de los medios de comunicación, eso no las ayudó y al día siguiente Vanessa fue deportada a Venezuela. Todavía muy enferma, fue inmediatamente al hospital para hacerse un chequeo. Dijo que allí se enteró de que su bebé había muerto y que tenía que poner fin a su embarazo. Confesó a Amnistía Internacional que quiso compartir su historia porque: "Sé que no hay nada más que hacer por mí, pero de esta manera puedo ayudar a otros y asegurarme de que la gente que me hizo esto no se salga con la suya".
Amnistía está sumamente preocupada por las acusaciones de extranjeros detenidos y expulsados sobre maltrato físico y psicológico, incluidas amenazas, que recibieron tanto de las autoridades de inmigración como del personal penitenciario. Teniendo en cuenta sus circunstancias individuales, el impacto traumático de su supuesto maltrato en Vanessa es evidente.
Las denuncias de maltrato, uso excesivo de la fuerza u otros abusos durante los arrestos o la detención de inmigrantes deben ser investigadas con prontitud, eficacia e imparcialidad por un órgano independiente. Los autores de los delitos deben ser enjuiciados y las víctimas deben recibir una compensación
Vanessa, una migrante en situación inmigratoria irregular, fue arrestada en su casa, donde vivía con su pareja. Vanessa no tenía un permiso de residencia. La llevaron a la estación de policía de Río Canario para registrarla como una migrante irregular que sería deportada del país. Relató a Amnistía Internacional: "Dijeron que no tenía derechos porque era una migrante ilegal".
Al momento de su arresto, Vanessa tenía cuatro meses y medio de embarazo. A pesar de que comunicó su estado al personal de la estación, un alto funcionario de la Unidad de Monitoreo y Detección la sometió a maltrato físico y verbal grave: "Me habló muy mal. Me dijo que ‘cerrara la boca’ porque ‘no tenía derecho a hablar’. Me pidió que me quitara los zarcillos y los pusiera sobre la mesa. Uno de ellos se cayó al suelo. Me dijo que lo recogiera, pero me negué porque parecía que iba a pegarme. Entonces me agarró por el pelo y me tiró al suelo. Otro oficial de policía entró y le dijo ‘rómpele la cara’, así que me arrojó contra la pared".
Vanessa fue transferida al Cuartel de los Extranjeros. Empezó a sentirse mal, por lo que visitó al médico de la prisión. Sin embargo, según Vanessa, no le hicieron un chequeo, sino que simple- mente le dijeron que se tomara las cosas con calma y se quedara en la cama. No recibió un trato ni un régimen dietético especial para cuidar su embarazo. Dijo que, durante los primeros diez días, lo único que comió fue pan con mantequilla de maní.
Luego de tres semanas detenida, Vanessa, junto con otras siete mujeres venezolanas, inició una huelga de hambre para protestar contra su deportación. Aunque las mujeres recibieron mucha atención de los medios de comunicación, eso no las ayudó y al día siguiente Vanessa fue deportada a Venezuela. Todavía muy enferma, fue inmediatamente al hospital para hacerse un chequeo. Dijo que allí se enteró de que su bebé había muerto y que tenía que poner fin a su embarazo. Confesó a Amnistía Internacional que quiso compartir su historia porque: "Sé que no hay nada más que hacer por mí, pero de esta manera puedo ayudar a otros y asegurarme de que la gente que me hizo esto no se salga con la suya".
Amnistía está sumamente preocupada por las acusaciones de extranjeros detenidos y expulsados sobre maltrato físico y psicológico, incluidas amenazas, que recibieron tanto de las autoridades de inmigración como del personal penitenciario. Teniendo en cuenta sus circunstancias individuales, el impacto traumático de su supuesto maltrato en Vanessa es evidente.
Las denuncias de maltrato, uso excesivo de la fuerza u otros abusos durante los arrestos o la detención de inmigrantes deben ser investigadas con prontitud, eficacia e imparcialidad por un órgano independiente. Los autores de los delitos deben ser enjuiciados y las víctimas deben recibir una compensación
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