Detención y expulsión de inmigrantes en Curasao
* * copiado tal cual del informe "Detenidos y deportados. Niegan protección a personas venezolanas en Curasao" de Amnistía Internacional
Una serie de derechos humanos se aplican a los migrantes, particularmente mientras están detenidos, incluyendo pero no limitados a: el derecho a no ser sometido a detención arbitraria; el derecho a la libertad de circulación; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (otros malos tratos); el derecho a condiciones humanas de detención; el derecho a ser informado de las razones de la detención; el derecho a asistencia jurídica; el derecho a un recurso legal en caso de expulsión; el derecho a comunicarse con la familia y con el mundo exterior; el derecho a tener acceso a la atención médica; el derecho a garantías de rendición de cuentas y supervisión; y el derecho a acceder a un mecanismo de denuncia. El disfrute de la libertad personal debe ser la condición por defecto de cualquier individuo.
El derecho a la libertad solo puede restringirse en circunstancias específicas y excepcionales. Los migrantes y los solicitantes de asilo, como cualquier otra persona, deben seguir siendo libres, a menos que existan razones de peso para negarles la libertad, de conformidad con los estándares y las normas internacionales de derechos humanos. Toda restricción de su libertad deberá estar claramente prescrita por leyes que, a su vez, se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos, estén estrictamente justificadas y sean lo menos intrusivas posible. La detención arbitraria nunca puede justificarse. Las siguientes son repeticiones ilustrativas de estos principios:
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (1966), artículo 9(1): "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta".
- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDHLF) (1950), artículo 5 (1) (f): “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: […] Si se trata de la privación de libertad o de la detención, conforme a derecho, de una persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.”
- Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT): "La privación de libertad en virtud de la legislación de extranjería debería ser únicamente una medida de último recurso, tras un examen cuidadoso e individual de cada caso. Además, la necesidad de mantenerla debería ser objeto de examen periódico. Se deben desarrollar y utilizar medidas alternativas a la detención siempre que sea posible”.
LA LEGISLACIÓN DE CURASAO
En virtud de la legislación de Curasao, un extranjero que no tenga o haya dejado de tener permiso para permanecer en la isla puede ser expulsado del país. Las personas a ser deportadas pueden ser, y normalmente son, detenidas en espera de su expulsión. Con este fin, el fiscal (Hulpofficier van Justitie) debe escuchar a la persona y determinar si puede ser detenida. La persona debe recibir una copia del decreto de detención (beschikking tot inbewaringstelling). Un abogado puede estar presente en esta audiencia y la persona detenida puede apelar tanto el procedimiento de detención como el procedimiento de expulsión. El tribunal determina si el funcionario que tomó la decisión actuó dentro del ámbito de sus facultades. Los abogados también deberían tener libre acceso a los extranjeros detenidos en espera de ser expulsados. No hay acceso a asistencia jurídica si una persona no puede pagar un abogado. Los familiares que no posean un permiso individual generalmente son expulsados juntos. La persona expulsada pierde el derecho a ingresar a Curasao por un período máximo de tres años.
LA PRÁCTICA EN CURASAO
Las autoridades de Curasao implementaron una "estrategia activa de remoción" de extranjeros en situación migratoria irregular de la isla. Según funcionarios del Gobierno, esta estrategia de remoción "contrarrestaría un posible efecto de atracción”. Además, esta deportación continua de extranjeros en situación migratoria irregular también sería necesaria, dado que los centros de detención ya superaban su capacidad máxima. En 2017, las autoridades expulsaron de la isla a 1.532 extranjeros, de los cuales 1.203 (78,5%) eran venezolanos. En los primeros cuatro meses de 2018, las autoridades deportaron a 475 extranjeros, de los cuales 386 (81,3%) eran venezolanos. Como ya se ha señalado, las personas que fueron detenidas y expulsadas después del 5 de julio de 2017 no habrían podido solicitar protección inter- nacional debido a que en ese momento no existía ningún procedimiento de asilo en funcionamiento. Sin una evaluación justa de su solicitud de asilo y sin procedimientos transparentes y equitativos, incluidos el derecho a conocer las razones de una decisión y el derecho a apelar dicha decisión, las personas seguirán corriendo el riesgo de sufrir nuevas violaciones de los derechos humanos.
La "estrategia de remoción" sufrió un duro golpe el 5 de enero de 2018 cuando Venezuela cerró la frontera con Curasao y las islas adyacentes de Aruba y Bonaire. La prohibición de todo tipo de comercio y viajes impidió que se siguiera deportando a personas a Venezuela. El impasse se resolvió a principios de abril de 2018 cuando el Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Steve Blok, viajó a Caracas para firmar un acuerdo con el gobierno venezolano. En sus propias palabras, esto "afortunadamente" permitió continuar la expulsión de venezolanos, a quienes calificó de "migrantes económicos", de Curasao a Venezuela. Sin embargo, los apartados siguientes demuestran que este apoyo a la "estrategia activa de remoción" de Curasao sustenta un proceso de detención y expulsión extremadamente problemático, que no cumple con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de proteger a los refugiados y migrantes.
El Cuartel consta de dos edificios, uno para mujeres y otro para hombres. El edificio para mujeres tiene capacidad para albergar a 30 mujeres. Al momento de la visita de Amnistía Internacional, mujeres estaban detenidas allí. El edificio para hombres tiene capacidad para albergar a 15 hombres. Al momento de la visita, hombres estaban detenidos allí. Ambos edificios cuentan con una zona recreativa, una zona para dormir, una zona con inodoros y duchas y una jaula al aire libre que no ofrece sombra y que parecía estar cerrada con llave al momento de la visita de Amnistía Internacional.
ESTABLECIMIENTOS Y RÉGIMEN PENITENCIARIO EN CURASAO
Los extranjeros detenidos en Curasao en virtud de la legislación de extranjería están detenidos en El Cuartel de los Extranjeros (VreemdelingenBarakken), un centro de detención de inmigrantes situado dentro de la prisión SDKK. Un inspector de la policía de Curasao responsable de los casos de inmigración puede ordenar la detención. La responsabilidad del alojamiento y la atención de los inmigrantes detenidos se transfirió plenamente de la policía a la prisión SDKK en 2012. En 2017, la población extranjera irregular en la prisión era de 1.085 personas: 640 mujeres y 445 hombres.
Si bien la gran mayoría de los detenidos (846 extranjeros) pasan menos de nueve días en detención, también se producen estadías más prolongadas: 10-29 días (173 personas), 30-59 días (55 personas), 60-89 días (4 personas) y más de 90 días (2 personas). En 2017, los venezolanos constituían la gran mayoría de las personas detenidas con un total de 867; seguidos por los jamaicanos (61 personas), los colombianos (45 personas) y los dominicanos (34 personas).
Las personas permanecen en el cuartel hasta que consiguen el dinero para comprar un boleto de regreso a casa. Según varias de las mujeres detenidas con las que Amnistía Internacional habló, son víctimas de maltrato psicológico en forma de abusos verbales y amenazas para hacer que compren un boleto lo antes posible. También se ha informado que el personal penitenciario niega a los detenidos el acceso a artículos básicos, como ropa limpia y artículos de aseo personal, hasta que hayan comprado su boleto. Las mujeres también se quejaron de la comida, diciendo que su calidad es generalmente muy mala.
Las instalaciones del cuartel son mínimas. Hay un teléfono disponible, el cual puede ser operado con el uso de tarjetas telefónicas que los detenidos compran por sí mismos o que alguien en el exterior compra para ellos. Sus teléfonos móviles son confiscados y se almacenan durante su estadía en el cuartel. El dormitorio de mujeres contiene literas (véase foto) y un pequeño ventilador, y los bienes personales de las mujeres están esparcidos sobre las camas. No hay aire acondicionado, pero las ventanas sí se abren.
Cada cuartel tiene tres duchas y tres inodoros, sin puertas ni cortinas de baño. Según los guardias de la prisión, las puertas han sido retiradas para evitar que los detenidos las usen para escapar de la prisión. Como consecuencia, la investigadora de Amnistía Internacional y su escolta (mujer) en la prisión sorprendieron a mujeres en varios estados de desnudez. El agua cubría el piso del área sanitaria y los pasillos adyacentes. Esto ocasionó que una mujer resbalara y tuviera una fuerte caída durante la visita.
Las instalaciones en el cuartel de los hombres eran en gran parte similares; con la notable excepción de que el área de dormir de los hombres no contenía ninguna cama, solo colchones. Las camas fueron retiradas luego de que algunos hombres supuestamente destruyeron sus camas para usar sus partes para tratar de escapar.
DETENCIÓN EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA
Durante la visita, las autoridades informaron a Amnistía Internacional que en caso de falta de capacidad en el cuartel las personas detenidas por motivos de inmigración son trasladadas a las celdas de la estación de policía de Río Canario. Las autoridades no compartieron ninguna cifra sobre el número de extranjeros que fueron detenidos en la estación de policía en 2017 o 2018.
Por lo general, las comisarías están equipadas para alojar a las personas en prisión preventiva o temporalmente tras la condena; nunca son apropiadas para la detención de migrantes. Las condiciones materiales en esta estación de policía eran completamente inadecuadas. Al momento de la visita, hombres estaban detenidos en Río Canario. Todos los hombres estaban encerrados en un pequeño pasillo que daba acceso a unas cinco celdas individuales de una superficie estimada de 4 a 9 m2. No todas las celdas estaban en uso, ya que al parecer una de ellas funcionaba como zona de almacenamiento y un incendio había destruido otra. Las tres celdas restantes contenían cada una un pequeño banco de piedra, un inodoro y una zona de lavado. Las celdas no tenían aire acondicionado ni ventanas. El pasillo daba a un patio, donde los detenidos estuvieron encerrados durante la visita.
Ya en 2013, el CPT declaró que las condiciones materiales en las estaciones de policía como Río Cana- rio son inadecuadas y completamente inapropiadas para la detención a largo plazo. Basándose en las observaciones de Amnistía Internacional, esta práctica ilícita sigue ocurriendo.
PREOCUPACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS RELATIVAS A LA DETENCIÓN
Por definición, una prisión no es un lugar adecuado para detener a alguien que no es sospechoso ni culpable de un delito penal. Las personas que infrinjan las normas de migración deben, en caso de ser detenidas, ser alojadas en centros diseñados específicamente para ese fin. Desde hace mucho tiempo, Curasao ha causado preocupación por los derechos humanos en lo que respecta a su sistema penitenciario en general. En 2007, el CPT visitó Curasao durante su cuarta visita periódica al Reino de los Países Bajos. El CPT encontró graves violaciones del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes y aprobó una serie de recomendaciones a las autoridades de Curasao, entonces parte de las Antillas Neerlandesas.
Aunque el CPT observó en 2015 que las condiciones materiales habían mejorado desde la evaluación de 2007, el Comité también llegó a la conclusión de que: "No existen regulaciones específicas que rijan la detención de migrantes irregulares, lo cual resulta en un régimen muy básico y restrictivo". Al momento de la visita de Amnistía, las condiciones materiales en los cuarteles se habían deteriorado y eran sumamente inadecuadas. Según el director del cuartel, los recientes recortes presupuestarios impiden la provisión de instalaciones y personal adecuados. También observa una falta particular de guardias femeninas, la cual no se puede abordar dado que la prisión ha mantenido una moratoria sobre nuevas contrataciones desde 2013.
El Consejo de Aplicación de la Ley (Raadvoor de Rechtshandhaving) de Curasao llegó a la conclusión, en su investigación de inspección de 2014, de que el trato dado a los extranjeros en el Cuartel de los Extranjeros constituye una violación flagrante del artículo 18 de la Ordenanza sobre los Principios Penitenciarios (LandsverordeningBeginselenGevangeniswezen). Su situación jurídica es considerablemente inferior a la de los condenados.
El personal penitenciario dijo a Amnistía Internacional que el personal médico está a disposición de los detenidos, así como un régimen dietético especial que se aplica a las personas enfermas y a las mujeres embarazadas. Amnistía Internacional no pudo verificar estas declaraciones. Sin embargo, una mujer visiblemente embarazada a la que Amnistía Internacional conoció en el cuartel dijo que aunque había pedido ver a un médico, todavía no lo había conseguido, y que su régimen de alimentación era el mismo que el de todos. Otras mujeres también se quejaron de que no tenían acceso a personal médico ni a visitantes, incluida una mujer de 67 años de edad con problemas de presión arterial, quien fue detenida por un período de tres semanas.
Se debe dar a las personas privadas de libertad el derecho de salir al exterior durante al menos una hora al día en caso de que permanezcan detenidas durante más de 24 horas. Sin embargo, cuando Amnistía Internacional visitó el cuartel, las mujeres detenidas se quejaron de que habían permanecido encerradas durante dos días consecutivos. La violación de este derecho se agrava aún más si se tiene en cuenta que no existe un programa de actividades, ni actividades recreativas para las personas detenidas. Según el informe de 2016 del Consejo de Aplicación de la Ley (Raadvoor de Rechtshandhaving), esta situación había mejorado con la instalación de un gimnasio. La visita de Amnistía Internacional al cuartel reveló, sin embargo, que este equipo había vuelto a desaparecer. A excepción de un pequeño televisor en la sala de recreación de cada edificio y un juego de dominó en el área recreativa para mujeres, no se disponía de ningún otro equipo de recreación.
Según el personal penitenciario, es muy difícil proporcionar a los detenidos más equipo recreativo, ya que, como dicen, "se sabe que algunos detenidos han destruido el equipo de las instalaciones durante ataques de agresión". Esta no es una razón adecuada para negarse a suministrar equipos
de recreación.
NIÑOS
Según funcionarios del Gobierno, Curasao tiene una política de solo expulsar extranjeros por su cuenta si tienen 18 años de edad o más. Cuando los migrantes irregulares tienen hijos, los niños acompañan a sus padres cuando son deportados. Las autoridades afirman que los menores son puestos al cuidado de una familia de acogida estatal durante la detención de sus padres. Amnistía Internacional no obtuvo información ni acceso a ninguna de las familias de acogida ni a los lugares en los que se ha acogido a menores y, por lo tanto, no pudo validar esta información.
El caso de Natalia Saabedra puso de manifiesto que las autoridades gubernamentales no actuaron en pro del bienestar de los niños. Según Natalia y su abogada, sus hijos fueron llevados de su aula escolar a la estación de policía sin la presencia de nadie que conocieran. Se los mantuvo en una familia de acogida estatal, separados de su madre, durante dos días mientras las autoridades preparaban su deportación. En palabras del Secretario General del Ministerio de Asuntos Generales: "El caso no merecía un premio de belleza".
Los funcionarios del gobierno de Curasao han pedido al Gobierno neerlandés que financie la creación de un centro de detención en el vecindario de Otrabanda que acogería específicamente a mujeres y niños. Se trata de un hecho preocupante, ya que los nuevos centros de detención podrían crear más oportunidades para las violaciones de los derechos humanos. Como ya se ha dicho, los niños no deben ser separados de sus padres, pero la detención de un niño debido a sus padres o a la situación migratoria de uno de ellos constituye una violación de los derechos del niño y siempre contraviene el principio del interés superior del niño. Por lo tanto, el gobierno neerlandés debería apoyar alternativas a la detención que respeten los derechos de los niños permitiéndoles vivir junto con sus familias mientras participan en el proceso de inmigración.
EL DERECHO A UN RECURSO LEGAL
Como se establece en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los migrantes y solicitantes de asilo detenidos, al igual que cualquier otro detenido, tienen derecho a ser llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autoriza- do por la ley para ejercer el poder judicial de examinar la legalidad de la detención y su continua necesidad y proporcionalidad. Dicha revisión debería basarse en una evaluación caso por caso de las circunstancias personales del individuo, incluyendo edad, condiciones de salud y situación familiar. En virtud del derecho internacional, los detenidos deben ser informados del procedimiento que se les aplica en un idioma que comprendan. Los abogados deben tener libre acceso a los extranjeros en espera de ser expulsados durante su detención.
Estas condiciones no se cumplen en Curasao. La copia del decreto sobre la detención (beschikking tot inbewaringstelling) que las personas detenidas reciben al registrarse en la estación de policía está redactada únicamente en neerlandés. La única información que se traduce al español, inglés y papiamento es que el detenido no puede regresar al país durante tres años (véase foto del decreto abajo). Los oficiales de policía dijeron a Amnistía Internacional que daban una explicación oral sobre el derecho de las personas a un recurso legal. Según la Ordenanza Nacional de Admisión y Expulsión, los migrantes pueden impugnar ante los tribunales su detención y deportación, pero el Defensor del Pueblo de Curasao determinó, sin embargo, que no se está informando a los migrantes detenidos sobre este derecho. Varios de los venezolanos expulsados que fueron entrevistados por Amnistía Internacional afirmaron asimismo que nunca vieron su decreto en papel y que nunca se les informó sobre su derecho a un recurso legal.
Según funcionarios del Gobierno, un abogado gratuito es puesto a disposición de todos los migrantes detenidos. En la práctica, no existe asistencia jurídica gratuita. Un abogado explicó a Amnistía Internacional que las personas detenidas por motivos de migración no tienen derecho a asistencia jurídica gratuita en Curasao. Como se ha señalado, a Natalia Morales se le negaron activamente sus derechos, incluyendo que no se le permitiera el acceso a su abogada durante los primeros 45 días de su estadía en prisión. Su abogada le ofreció sus servicios gratuitamente después de haber sido contactada por miembros de la comunidad venezolana. Además, varios abogados de inmigración señalaron que a menudo se les niega el acceso a sus clientes. Esta violación se ha hecho tan frecuente que un abogado (no de inmigración) ha empezado a recoger testimonios de todos sus colegas, los cuales compartirá con las autoridades pertinentes.
MALTRATO DURANTE EL ARRESTO Y LA DETENCIÓN PROHIBICIÓN DE LA TORTURA
Varias entrevistas revelaron testimonios de extranjeros detenidos y expulsados sobre maltrato físico y psicológico, incluidas amenazas, que recibieron tanto de las autoridades de inmigración como del personal penitenciario. Además, el grupo de la diáspora Venex Curasao ha comenzado a recibir quejas de mujeres por el hecho de que algunos guardias de la prisión ahora intercambian el acceso a bienes como toallas sanitarias o jabón por favores sexuales.
Una serie de derechos humanos se aplican a los migrantes, particularmente mientras están detenidos, incluyendo pero no limitados a: el derecho a no ser sometido a detención arbitraria; el derecho a la libertad de circulación; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (otros malos tratos); el derecho a condiciones humanas de detención; el derecho a ser informado de las razones de la detención; el derecho a asistencia jurídica; el derecho a un recurso legal en caso de expulsión; el derecho a comunicarse con la familia y con el mundo exterior; el derecho a tener acceso a la atención médica; el derecho a garantías de rendición de cuentas y supervisión; y el derecho a acceder a un mecanismo de denuncia. El disfrute de la libertad personal debe ser la condición por defecto de cualquier individuo.
El derecho a la libertad solo puede restringirse en circunstancias específicas y excepcionales. Los migrantes y los solicitantes de asilo, como cualquier otra persona, deben seguir siendo libres, a menos que existan razones de peso para negarles la libertad, de conformidad con los estándares y las normas internacionales de derechos humanos. Toda restricción de su libertad deberá estar claramente prescrita por leyes que, a su vez, se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos, estén estrictamente justificadas y sean lo menos intrusivas posible. La detención arbitraria nunca puede justificarse. Las siguientes son repeticiones ilustrativas de estos principios:
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (1966), artículo 9(1): "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta".
- Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDHLF) (1950), artículo 5 (1) (f): “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: […] Si se trata de la privación de libertad o de la detención, conforme a derecho, de una persona para impedir su entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.”
- Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT): "La privación de libertad en virtud de la legislación de extranjería debería ser únicamente una medida de último recurso, tras un examen cuidadoso e individual de cada caso. Además, la necesidad de mantenerla debería ser objeto de examen periódico. Se deben desarrollar y utilizar medidas alternativas a la detención siempre que sea posible”.
LA LEGISLACIÓN DE CURASAO
En virtud de la legislación de Curasao, un extranjero que no tenga o haya dejado de tener permiso para permanecer en la isla puede ser expulsado del país. Las personas a ser deportadas pueden ser, y normalmente son, detenidas en espera de su expulsión. Con este fin, el fiscal (Hulpofficier van Justitie) debe escuchar a la persona y determinar si puede ser detenida. La persona debe recibir una copia del decreto de detención (beschikking tot inbewaringstelling). Un abogado puede estar presente en esta audiencia y la persona detenida puede apelar tanto el procedimiento de detención como el procedimiento de expulsión. El tribunal determina si el funcionario que tomó la decisión actuó dentro del ámbito de sus facultades. Los abogados también deberían tener libre acceso a los extranjeros detenidos en espera de ser expulsados. No hay acceso a asistencia jurídica si una persona no puede pagar un abogado. Los familiares que no posean un permiso individual generalmente son expulsados juntos. La persona expulsada pierde el derecho a ingresar a Curasao por un período máximo de tres años.
LA PRÁCTICA EN CURASAO
Las autoridades de Curasao implementaron una "estrategia activa de remoción" de extranjeros en situación migratoria irregular de la isla. Según funcionarios del Gobierno, esta estrategia de remoción "contrarrestaría un posible efecto de atracción”. Además, esta deportación continua de extranjeros en situación migratoria irregular también sería necesaria, dado que los centros de detención ya superaban su capacidad máxima. En 2017, las autoridades expulsaron de la isla a 1.532 extranjeros, de los cuales 1.203 (78,5%) eran venezolanos. En los primeros cuatro meses de 2018, las autoridades deportaron a 475 extranjeros, de los cuales 386 (81,3%) eran venezolanos. Como ya se ha señalado, las personas que fueron detenidas y expulsadas después del 5 de julio de 2017 no habrían podido solicitar protección inter- nacional debido a que en ese momento no existía ningún procedimiento de asilo en funcionamiento. Sin una evaluación justa de su solicitud de asilo y sin procedimientos transparentes y equitativos, incluidos el derecho a conocer las razones de una decisión y el derecho a apelar dicha decisión, las personas seguirán corriendo el riesgo de sufrir nuevas violaciones de los derechos humanos.
La "estrategia de remoción" sufrió un duro golpe el 5 de enero de 2018 cuando Venezuela cerró la frontera con Curasao y las islas adyacentes de Aruba y Bonaire. La prohibición de todo tipo de comercio y viajes impidió que se siguiera deportando a personas a Venezuela. El impasse se resolvió a principios de abril de 2018 cuando el Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Steve Blok, viajó a Caracas para firmar un acuerdo con el gobierno venezolano. En sus propias palabras, esto "afortunadamente" permitió continuar la expulsión de venezolanos, a quienes calificó de "migrantes económicos", de Curasao a Venezuela. Sin embargo, los apartados siguientes demuestran que este apoyo a la "estrategia activa de remoción" de Curasao sustenta un proceso de detención y expulsión extremadamente problemático, que no cumple con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de proteger a los refugiados y migrantes.
El Cuartel consta de dos edificios, uno para mujeres y otro para hombres. El edificio para mujeres tiene capacidad para albergar a 30 mujeres. Al momento de la visita de Amnistía Internacional, mujeres estaban detenidas allí. El edificio para hombres tiene capacidad para albergar a 15 hombres. Al momento de la visita, hombres estaban detenidos allí. Ambos edificios cuentan con una zona recreativa, una zona para dormir, una zona con inodoros y duchas y una jaula al aire libre que no ofrece sombra y que parecía estar cerrada con llave al momento de la visita de Amnistía Internacional.
ESTABLECIMIENTOS Y RÉGIMEN PENITENCIARIO EN CURASAO
Los extranjeros detenidos en Curasao en virtud de la legislación de extranjería están detenidos en El Cuartel de los Extranjeros (VreemdelingenBarakken), un centro de detención de inmigrantes situado dentro de la prisión SDKK. Un inspector de la policía de Curasao responsable de los casos de inmigración puede ordenar la detención. La responsabilidad del alojamiento y la atención de los inmigrantes detenidos se transfirió plenamente de la policía a la prisión SDKK en 2012. En 2017, la población extranjera irregular en la prisión era de 1.085 personas: 640 mujeres y 445 hombres.
Si bien la gran mayoría de los detenidos (846 extranjeros) pasan menos de nueve días en detención, también se producen estadías más prolongadas: 10-29 días (173 personas), 30-59 días (55 personas), 60-89 días (4 personas) y más de 90 días (2 personas). En 2017, los venezolanos constituían la gran mayoría de las personas detenidas con un total de 867; seguidos por los jamaicanos (61 personas), los colombianos (45 personas) y los dominicanos (34 personas).
Las personas permanecen en el cuartel hasta que consiguen el dinero para comprar un boleto de regreso a casa. Según varias de las mujeres detenidas con las que Amnistía Internacional habló, son víctimas de maltrato psicológico en forma de abusos verbales y amenazas para hacer que compren un boleto lo antes posible. También se ha informado que el personal penitenciario niega a los detenidos el acceso a artículos básicos, como ropa limpia y artículos de aseo personal, hasta que hayan comprado su boleto. Las mujeres también se quejaron de la comida, diciendo que su calidad es generalmente muy mala.
Las instalaciones del cuartel son mínimas. Hay un teléfono disponible, el cual puede ser operado con el uso de tarjetas telefónicas que los detenidos compran por sí mismos o que alguien en el exterior compra para ellos. Sus teléfonos móviles son confiscados y se almacenan durante su estadía en el cuartel. El dormitorio de mujeres contiene literas (véase foto) y un pequeño ventilador, y los bienes personales de las mujeres están esparcidos sobre las camas. No hay aire acondicionado, pero las ventanas sí se abren.
Cada cuartel tiene tres duchas y tres inodoros, sin puertas ni cortinas de baño. Según los guardias de la prisión, las puertas han sido retiradas para evitar que los detenidos las usen para escapar de la prisión. Como consecuencia, la investigadora de Amnistía Internacional y su escolta (mujer) en la prisión sorprendieron a mujeres en varios estados de desnudez. El agua cubría el piso del área sanitaria y los pasillos adyacentes. Esto ocasionó que una mujer resbalara y tuviera una fuerte caída durante la visita.
Las instalaciones en el cuartel de los hombres eran en gran parte similares; con la notable excepción de que el área de dormir de los hombres no contenía ninguna cama, solo colchones. Las camas fueron retiradas luego de que algunos hombres supuestamente destruyeron sus camas para usar sus partes para tratar de escapar.
DETENCIÓN EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA
Durante la visita, las autoridades informaron a Amnistía Internacional que en caso de falta de capacidad en el cuartel las personas detenidas por motivos de inmigración son trasladadas a las celdas de la estación de policía de Río Canario. Las autoridades no compartieron ninguna cifra sobre el número de extranjeros que fueron detenidos en la estación de policía en 2017 o 2018.
Por lo general, las comisarías están equipadas para alojar a las personas en prisión preventiva o temporalmente tras la condena; nunca son apropiadas para la detención de migrantes. Las condiciones materiales en esta estación de policía eran completamente inadecuadas. Al momento de la visita, hombres estaban detenidos en Río Canario. Todos los hombres estaban encerrados en un pequeño pasillo que daba acceso a unas cinco celdas individuales de una superficie estimada de 4 a 9 m2. No todas las celdas estaban en uso, ya que al parecer una de ellas funcionaba como zona de almacenamiento y un incendio había destruido otra. Las tres celdas restantes contenían cada una un pequeño banco de piedra, un inodoro y una zona de lavado. Las celdas no tenían aire acondicionado ni ventanas. El pasillo daba a un patio, donde los detenidos estuvieron encerrados durante la visita.
Ya en 2013, el CPT declaró que las condiciones materiales en las estaciones de policía como Río Cana- rio son inadecuadas y completamente inapropiadas para la detención a largo plazo. Basándose en las observaciones de Amnistía Internacional, esta práctica ilícita sigue ocurriendo.
PREOCUPACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS RELATIVAS A LA DETENCIÓN
Por definición, una prisión no es un lugar adecuado para detener a alguien que no es sospechoso ni culpable de un delito penal. Las personas que infrinjan las normas de migración deben, en caso de ser detenidas, ser alojadas en centros diseñados específicamente para ese fin. Desde hace mucho tiempo, Curasao ha causado preocupación por los derechos humanos en lo que respecta a su sistema penitenciario en general. En 2007, el CPT visitó Curasao durante su cuarta visita periódica al Reino de los Países Bajos. El CPT encontró graves violaciones del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes y aprobó una serie de recomendaciones a las autoridades de Curasao, entonces parte de las Antillas Neerlandesas.
Aunque el CPT observó en 2015 que las condiciones materiales habían mejorado desde la evaluación de 2007, el Comité también llegó a la conclusión de que: "No existen regulaciones específicas que rijan la detención de migrantes irregulares, lo cual resulta en un régimen muy básico y restrictivo". Al momento de la visita de Amnistía, las condiciones materiales en los cuarteles se habían deteriorado y eran sumamente inadecuadas. Según el director del cuartel, los recientes recortes presupuestarios impiden la provisión de instalaciones y personal adecuados. También observa una falta particular de guardias femeninas, la cual no se puede abordar dado que la prisión ha mantenido una moratoria sobre nuevas contrataciones desde 2013.
El Consejo de Aplicación de la Ley (Raadvoor de Rechtshandhaving) de Curasao llegó a la conclusión, en su investigación de inspección de 2014, de que el trato dado a los extranjeros en el Cuartel de los Extranjeros constituye una violación flagrante del artículo 18 de la Ordenanza sobre los Principios Penitenciarios (LandsverordeningBeginselenGevangeniswezen). Su situación jurídica es considerablemente inferior a la de los condenados.
El personal penitenciario dijo a Amnistía Internacional que el personal médico está a disposición de los detenidos, así como un régimen dietético especial que se aplica a las personas enfermas y a las mujeres embarazadas. Amnistía Internacional no pudo verificar estas declaraciones. Sin embargo, una mujer visiblemente embarazada a la que Amnistía Internacional conoció en el cuartel dijo que aunque había pedido ver a un médico, todavía no lo había conseguido, y que su régimen de alimentación era el mismo que el de todos. Otras mujeres también se quejaron de que no tenían acceso a personal médico ni a visitantes, incluida una mujer de 67 años de edad con problemas de presión arterial, quien fue detenida por un período de tres semanas.
Se debe dar a las personas privadas de libertad el derecho de salir al exterior durante al menos una hora al día en caso de que permanezcan detenidas durante más de 24 horas. Sin embargo, cuando Amnistía Internacional visitó el cuartel, las mujeres detenidas se quejaron de que habían permanecido encerradas durante dos días consecutivos. La violación de este derecho se agrava aún más si se tiene en cuenta que no existe un programa de actividades, ni actividades recreativas para las personas detenidas. Según el informe de 2016 del Consejo de Aplicación de la Ley (Raadvoor de Rechtshandhaving), esta situación había mejorado con la instalación de un gimnasio. La visita de Amnistía Internacional al cuartel reveló, sin embargo, que este equipo había vuelto a desaparecer. A excepción de un pequeño televisor en la sala de recreación de cada edificio y un juego de dominó en el área recreativa para mujeres, no se disponía de ningún otro equipo de recreación.
Según el personal penitenciario, es muy difícil proporcionar a los detenidos más equipo recreativo, ya que, como dicen, "se sabe que algunos detenidos han destruido el equipo de las instalaciones durante ataques de agresión". Esta no es una razón adecuada para negarse a suministrar equipos
de recreación.
NIÑOS
Según funcionarios del Gobierno, Curasao tiene una política de solo expulsar extranjeros por su cuenta si tienen 18 años de edad o más. Cuando los migrantes irregulares tienen hijos, los niños acompañan a sus padres cuando son deportados. Las autoridades afirman que los menores son puestos al cuidado de una familia de acogida estatal durante la detención de sus padres. Amnistía Internacional no obtuvo información ni acceso a ninguna de las familias de acogida ni a los lugares en los que se ha acogido a menores y, por lo tanto, no pudo validar esta información.
El caso de Natalia Saabedra puso de manifiesto que las autoridades gubernamentales no actuaron en pro del bienestar de los niños. Según Natalia y su abogada, sus hijos fueron llevados de su aula escolar a la estación de policía sin la presencia de nadie que conocieran. Se los mantuvo en una familia de acogida estatal, separados de su madre, durante dos días mientras las autoridades preparaban su deportación. En palabras del Secretario General del Ministerio de Asuntos Generales: "El caso no merecía un premio de belleza".
Los funcionarios del gobierno de Curasao han pedido al Gobierno neerlandés que financie la creación de un centro de detención en el vecindario de Otrabanda que acogería específicamente a mujeres y niños. Se trata de un hecho preocupante, ya que los nuevos centros de detención podrían crear más oportunidades para las violaciones de los derechos humanos. Como ya se ha dicho, los niños no deben ser separados de sus padres, pero la detención de un niño debido a sus padres o a la situación migratoria de uno de ellos constituye una violación de los derechos del niño y siempre contraviene el principio del interés superior del niño. Por lo tanto, el gobierno neerlandés debería apoyar alternativas a la detención que respeten los derechos de los niños permitiéndoles vivir junto con sus familias mientras participan en el proceso de inmigración.
EL DERECHO A UN RECURSO LEGAL
Como se establece en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los migrantes y solicitantes de asilo detenidos, al igual que cualquier otro detenido, tienen derecho a ser llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autoriza- do por la ley para ejercer el poder judicial de examinar la legalidad de la detención y su continua necesidad y proporcionalidad. Dicha revisión debería basarse en una evaluación caso por caso de las circunstancias personales del individuo, incluyendo edad, condiciones de salud y situación familiar. En virtud del derecho internacional, los detenidos deben ser informados del procedimiento que se les aplica en un idioma que comprendan. Los abogados deben tener libre acceso a los extranjeros en espera de ser expulsados durante su detención.
Estas condiciones no se cumplen en Curasao. La copia del decreto sobre la detención (beschikking tot inbewaringstelling) que las personas detenidas reciben al registrarse en la estación de policía está redactada únicamente en neerlandés. La única información que se traduce al español, inglés y papiamento es que el detenido no puede regresar al país durante tres años (véase foto del decreto abajo). Los oficiales de policía dijeron a Amnistía Internacional que daban una explicación oral sobre el derecho de las personas a un recurso legal. Según la Ordenanza Nacional de Admisión y Expulsión, los migrantes pueden impugnar ante los tribunales su detención y deportación, pero el Defensor del Pueblo de Curasao determinó, sin embargo, que no se está informando a los migrantes detenidos sobre este derecho. Varios de los venezolanos expulsados que fueron entrevistados por Amnistía Internacional afirmaron asimismo que nunca vieron su decreto en papel y que nunca se les informó sobre su derecho a un recurso legal.
Según funcionarios del Gobierno, un abogado gratuito es puesto a disposición de todos los migrantes detenidos. En la práctica, no existe asistencia jurídica gratuita. Un abogado explicó a Amnistía Internacional que las personas detenidas por motivos de migración no tienen derecho a asistencia jurídica gratuita en Curasao. Como se ha señalado, a Natalia Morales se le negaron activamente sus derechos, incluyendo que no se le permitiera el acceso a su abogada durante los primeros 45 días de su estadía en prisión. Su abogada le ofreció sus servicios gratuitamente después de haber sido contactada por miembros de la comunidad venezolana. Además, varios abogados de inmigración señalaron que a menudo se les niega el acceso a sus clientes. Esta violación se ha hecho tan frecuente que un abogado (no de inmigración) ha empezado a recoger testimonios de todos sus colegas, los cuales compartirá con las autoridades pertinentes.
MALTRATO DURANTE EL ARRESTO Y LA DETENCIÓN PROHIBICIÓN DE LA TORTURA
Varias entrevistas revelaron testimonios de extranjeros detenidos y expulsados sobre maltrato físico y psicológico, incluidas amenazas, que recibieron tanto de las autoridades de inmigración como del personal penitenciario. Además, el grupo de la diáspora Venex Curasao ha comenzado a recibir quejas de mujeres por el hecho de que algunos guardias de la prisión ahora intercambian el acceso a bienes como toallas sanitarias o jabón por favores sexuales.
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