EEUU: la política y la práctica de separación de familias es tortura
* * copiado tal cual del informe: EEUU: "Tú no tienes ningún derecho aquí". Expulsiones ilegales en la frontera, detención arbitraria y malos tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos" de Amnistía Internacional
El 6 de abril de 2018, la administración Trump emprendió una descomunal campaña de separación forzada de miles de niños y niñas de los familiares solicitantes de asilo con los que viajaban, en aplicación de la denominada política de “tolerancia cero” que utilizaba para procesar penalmente a las personas adultas que entraban de manera irregular en Estados Unidos. Al aprehenderlas en zonas situadas entre puestos fronterizos oficiales, los funcionarios del DHS separaban a las familias, supuestamente para remitir a los padres, madres o tutores a los tribunales para su procesamiento penal, a la vez que el DHS clasificaba a los niños y niñas como “menores extranjeros no acompañados”74 y los trasladaba a albergues para su internamiento en ellos.
Cuando empezaron a aparecer en las noticias y en las redes sociales imágenes de centenares de niños y niñas de corta edad recluidos en jaulas por el DHS, la separación forzada de sus familias llevada a cabo por la administración Trump suscitó indignación internacional y una condena general desde todo el planeta.
La política punitiva y coercitiva de separación de familias –seguida de la detención de los padres y madres sin sus hijos– adoptada por el gobierno de Estados Unidos viola múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la unidad familiar, el derecho a la libertad y el derecho a no sufrir tortura ni otros malos tratos. Todos estos derechos están previstos en los tratados internacionales de derechos humanos e incorporados a la legislación estadounidense, incluido el requisito de dar prioridad al interés superior del niño o la niña. El procesamiento de solicitantes de asilo por entrada irregular y la subsiguiente separación forzada de sus familias constituyen un claro incumplimiento de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho de refugiados y de la política del DHS sobre la unidad familiar.
En junio de 2018, Amnistía Internacional evaluó la práctica deliberada y punitiva de las separaciones de familias utilizada por la administración Trump y determinó que constituía tortura de acuerdo con la legislación estadounidense y con el derecho internacional. Para ajustarse a la definición de la tortura, un acto debe ser: 1) intencionado; 2) llevado a cabo o consentido por un funcionario del Estado; 3) infligir dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, y 4) llevado a cabo con un fin específico, como castigo, coacción o intimidación, o por motivos discriminatorios. La práctica y la política deliberadas de la separación de familias que aplica la administración Trump cumplen todos estos criterios.
“UNA DURA MEDIDA DISUASORIA”: SEPARACIÓN DE FAMILIAS CON OBJETO DE CASTIGAR Y DISUADIR A SOLICITANTES DE ASILO
A juzgar por las declaraciones públicas del presidente Donald Trump y de altos cargos de su administración, hay indicios abrumadores de la finalidad deliberadamente coactiva y punitiva de la política y la práctica de la separación de familias aplicadas por la administración Trump. La magnitud, el momento en que tienen lugar y la naturaleza sistemática de las separaciones de familias llevadas a cabo por la actual administración estadounidense en los puertos de entrada y en las zonas entre ellos demuestran que la política ha sido autorizada y aprobada directamente por la administración Trump.
El gobierno de Estados Unidos ha negado reiteradamente haber separado a familias cuando solicitaban asilo en puertos de entrada oficiales, excepto en los casos en que el DHS “no puede determinar la relación familiar” o “determina que un menor podría correr peligro con el padre o tutor legal”. Sin embargo, por medio de entrevistas con miembros de familias separadas y con autoridades del DHS, Amnistía Internacional ha documentado cómo las agencias del DHS han aplicado y aprovechado de manera arbitraria esa justificación para separar a menores sin demostrar ninguna base objetiva de los riesgos que correrían bajo la custodia de sus progenitores o tutores ni demostrar ningún falseamiento de las relaciones familiares.
En una orden de junio de 2018 sobre la práctica, un juez federal determinó también que el gobierno de Estados Unidos había separado a familias solicitantes de asilo después de que se presentaran en un puerto de entrada oficial y sin justificar esas separaciones con argumentos de hecho ni de derecho: “[E]l registro refleja también que la práctica de las separaciones de familias tenía ya lugar antes de que se anunciara la política de tolerancia cero y que ha provocado la separación casual, si no deliberada, de familias que se encontraban legalmente en el puerto de entrada, no sólo de familias que habían entrado al país ilegalmente.”
Desde 2017, Amnistía Internacional85 y otras organizaciones de derechos humanos86 han alertado reiteradamente al DHS y a sus organismos de supervisión de la práctica recurrente de la separación arbitraria de familias, con casos concretos en los que las separaciones han constituido infracciones graves de las leyes y normativas estadounidenses, así como de los derechos humanos de las personas afectadas. Cuando las ha habido, las respuestas del gobierno a la correspondencia oficial y las expresiones públicas de preocupación de Amnistía Internacional han sido invariablemente desdeñosas, opacas y ajenas a los hechos de los casos documentados.
Desde el inicio de la administración del presidente Trump en enero de 2017, altos funcionarios estadounidenses han promovido a menudo la separación de familias por considerarla una estrategia viable para disuadir a las familias de pedir protección en Estados Unidos, con la consiguiente adopción formal y aplicación de la política de “tolerancia cero”, en virtud de la cual se ha separado innecesaria e ilícitamente a miles de familias.
Ya en febrero de 2017, el gobierno estadounidense consideró la posibilidad de utilizar la separación de familias para “disuadir” a las personas solicitantes de asilo de dirigirse a Estados Unidos. Desde entonces, la práctica se ha intensificado al amparo de la administración Trump con el mismo objetivo declarado de disuadir a las personas solicitantes de asilo de dirigirse a Estados Unidos para pedir protección internacional o de obligarlas a renunciar a sus solicitudes y regresar a sus países de origen, a pesar de que huyeron de ellos por razones de persecución.
El Washington Post informó primeramente de que la Patrulla Fronteriza estadounidense, que forma parte de la CBP, había probado la política de “tolerancia cero” en Texas y Nuevo México de julio a noviembre de 2017. Según informes, el 23 de abril de 2018, las direcciones de la CBP, el ICE y los USCIS, agencias que pertenecen al DHS, recomendaron a la secretaria de Seguridad Nacional Nielsen la ampliación de la política a todo lo largo de la frontera y promovieron la separación forzada de familias mediante el procesamiento penal en tanto que forma “más efectiva” de reducir el número de personas que entran de manera irregular en Estados Unidos.
El 17 de abril de 2018, el ICE reveló en su sitio web que, en agosto de 2017, había dejado de aplicar una política de la época de Obama llamada “Directriz sobre Intereses Parentales” (Parental Interests Directive, 2013) a medida que había ido implementando simultáneamente el proyecto piloto de política de “tolerancia cero” del DHS. En la política actualizada de la administración Trump se eliminó terminología crítica que daba prioridad a la protección de los derechos parentales de las familias no estadounidenses en los procedimientos de control de la inmigración.
En marzo de 2018, Annunciation House y otros grupos de activistas de los derechos de las personas inmigrantes de la zona de El Paso presentaron datos que demostraban que la práctica de las separaciones de familias existía ya en ese momento, semanas antes del anuncio de la política de “tolerancia cero”. Estos grupos informaron de que el DHS se negaba a proporcionares estadísticas que revelaran el número de familias separadas arbitrariamente en virtud del programa.
La secretaria de Seguridad Nacional Nielsen ha negado reiteradamente que haya habido alguna vez una política de separación de familias, prefiriendo calificar las separaciones de familias de política de aplicación de la ley. Sin embargo, durante una vista celebrada en el Congreso en enero de 2018, confirmó que la intención del proyecto de política de “tolerancia cero” era disuadir a las familias, calificando las separaciones familiares de una de las “diversas formas de hacer cumplir nuestra leyes para disuadir a los padres de traer a sus hijos aquí.”
Ya en marzo de 2017, el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ahora jefe de personal
del presidente Trump, habló de la posible adopción de una política de separación de familias “con el fin de disuadir” a las familias de migrantes y solicitantes de asilo de viajar a Estados Unidos. En mayo de 2018, cuando se estaba aplicando brutalmente la política de “tolerancia cero”, John Kelly, en esta ocasión hablando en su calidad de jefe de personal de la Casa Blanca, defendió además las separaciones de familias en tanto que “técnica” que “sería una dura medida disuasoria, una respuesta mucho más rápida con respecto a los solicitantes de asilo.” Explicó además una motivación discriminatoria de la política, que era rechazar a las personas solicitantes de asilo que “no se integren fácilmente en Estados Unidos” por ser “mayoritariamente personas rurales” de países con bajos niveles de educación que “no hablan inglés” y “no tienen formación”.
La retórica deshumanizadora utilizada por el presidente Trump y su gobierno pusieron igualmente de manifiesto la motivación aparentemente discriminatoria de la política de “tolerancia cero”. El presidente Trump, el fiscal general Session y la secretaria de Seguridad Nacional Nielsen98 han demonizado de manera habitual a las familias solicitantes de asilo, tachándolas de “delincuentes” y “contrabandistas”, que trafican con sus propios hijos e hijas. El presidente Trump ha calificado también primariamente a las personas solicitantes de asilo latinoamericanas de “animales” y “delincuentes”, mientras su administración procedía a detener a sus hijos e hijas en jaulas y a deportar a los padres, madres y tutores a sus países de origen con o sin ellos.
En un informe de febrero de 2018 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial sobre la tortura condenó toda separación deliberada de familias que soliciten asilo en la frontera, tachándola de devolución disimulada, llevada a cabo con objeto de coaccionarlas para que regresen “voluntariamente” a sus países de origen sin tener en cuenta sus necesidades de protección.
Mostrando públicamente cómo la administración Trump aprovechaba las separaciones de familias para obligar a las personas solicitantes de asilo a renunciar a sus solicitudes, el 23 de junio de 2018 el DHS declaró que pensaba reunir a las familias separadas sólo con el propósito de deportarlas a sus países de origen, pero que las mantendría separadas mientras tramitaban sus solicitudes de asilo. El 25 de junio de 2018, los medios de comunicación informaron de casos de personas centroamericanas detenidas en Texas que denunciaban que los funcionarios del ICE las habían coaccionado para que renunciaran a sus solicitudes de asilo, prometiéndoles a cambio la reunificación con sus hijos e hijas, de quienes les habían separado recientemente, al deportarlas a sus países de origen. El 23 de agosto de 2018, dos importantes grupos de derechos humanos presentaron ante los organismos de supervisión del DHS una denuncia conjunta, donde detallaban las tácticas coercitivas generalizadas y extremas que utilizaba el DHS para obligar a familias separadas a renunciar a sus solicitudes de asilo a cambio de la posibilidad de reunificación familiar.
Amnistía Internacional asistió como observadora a la vista sobre el fondo de un caso de asilo en mayo de 2018; en el curso de ella, el juez de inmigración aprovechó la separación forzada de una abuela brasileña llamada Maria para disuadirla de persistir en su solicitud de asilo. En la sala, el equipo de investigación de Amnistía Internacional presenció cómo el juez pedía a Maria que renunciara a su solicitud de asilo y así podría ser deportada a Brasil con su nieto, que tiene una discapacidad del desarrollo, en vez de deportarla sin él en el caso de que el juez rechazara su solicitud de asilo.
“Quiero asegurarme de que cerramos todos los posibles ‘vacíos legales’, por así decirlo”, dijo el juez.
Los funcionarios de la administración Trump, incluido el superior del juez, el fiscal general Sessions, utilizan a menudo el término “vacíos legales” para describir las solicitudes de asilo infundadas, a medida que la administración intenta reducir los motivos por los que las personas solicitantes de asilo pueden recibir protección en Estados Unidos.
En una carta al fiscal general y la secretaria de Seguridad Nacional, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos expresó honda preocupación por la violación del debido proceso legal por parte de la administración Trump y por el uso punitivo que hacía ésta de las separaciones de familias para “coaccionar a las personas a fin de que retiraran solicitudes de asilo que podrían perfectamente ser válidas o, si no, perjudicarían sus procedimientos de inmigración, por temor a lo que les pudiera estar ocurriendo a sus hijos e hijas”.
La Comisión criticó además la motivación aparentemente discriminatoria de la política, basada en la “animosidad de la administración hacia los inmigrantes mexicanos y centroamericanos, que hace que se planteen cuestiones de discriminación injustificada por motivos de origen nacional”. Concluyó que la política de la administración Trump de castigar a las familias que “solicitan asilo dentro totalmente de los parámetros de las leyes de nuestra nación [...] es inhumana y contraria al interés superior del niño” y “subvierte la administración imparcial de justicia y parece discriminar a las familias por su origen nacional.”
Consideradas conjuntamente, la política de facto y la práctica de la separación de familias aplicadas por la administración Trump han sido claramente 1) intencionales; 2) aplicadas y aprobadas por funcionarios del Estado y 3) aplicadas con el fin concreto de disuadir a familias solicitantes de asilo pedir protección en Estados Unidos o coaccionar a las que ya habían solicitado para que renunciaran a sus solicitudes. Satisfaciendo el criterio final de la definición de la tortura, las separaciones de familias han infligido también dolores y sufrimientos graves, con efectos aparentemente negativos en la salud física en algunos casos.
“LLORO MUCHO”: DOLORES Y SUFRIMIENTOS GRAVES DE LAS SEPARACIONES DE FAMILIAS
En esencia, la política de “tolerancia cero” de la administración Trump tenía el fin de causar angustia psicológica grave a las familias solicitantes de asilo, primero con las separaciones de familias y luego con la detención indefinida de miembros de familias dividas. Con la amenaza de la separación indefinida de familias –traumática para hijos e hijas y padres y madres por igual–, el DHS ha presionado a familias solicitantes de asilo para que renuncien a sus solicitudes y acepten la deportación.
Además, separando a familias, la administración Trump ha intentado imponer a todas las personas solicitantes de asilo su política de detención arbitraria, indefinida y sin libertad condicional basándose únicamente en su condición migratoria. Como el presidente Trump y su gobierno han afirmado reiteradamente, la ilegalidad de detener a niños y niñas de corta edad impedía la detención indefinida de familias solicitantes de asilo, así que la administración utilizó la separación de familias para detener al padre o la madre por separado.
Los derechos de la infancia se violan de múltiples maneras con las separaciones de familias. Los niños y las niñas son detenidos, antes o después de ser separados de sus familias; luego son separados de su padre, madre o tutor, lo que viola su derecho a la unidad familiar, y por último, tras ser separados, quedan expuestos a una situación de trauma extremo e innecesario, que puede afectar negativamente a su desarrollo y su salud mental.
En los casos de separación de familias documentados por Amnistía Internacional, era evidente que la administración Trump no había tenido en cuenta el interés superior del niño o la niña, en contra de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional. La detención de niños y niñas no es nunca por su interés superior, y la separación de sus padres y madres sólo es legítima como medida de último recurso, como en el caso de un niño o niña que se enfrente a un daño inminente. Ilustrando que las separaciones de familias no son por el interés superior de los niños o niñas, el gobierno admitió que había perdido el rastro a centenares de menores más no acompañados a quienes se había puesto bajo la custodia de familias de acogida. En abril de 2018, un funcionario estadounidense, responsable del cuidado de los niños y niñas separados de sus familias con arreglo a la política de “tolerancia cero”, informó al Congreso de que su agencia confirmaba que había perdido el rastro de al menos 1.475 menores no acompañados de los que era responsable durante el primer cuarto del año fiscal 2018.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha pedido categóricamente a todos los Estados que pongan fin a la práctica de la detención de menores por motivos de inmigración y mantengan la unidad familiar con alternativas a la detención. El relator especial de la ONU sobre la tortura ha manifestado, asimismo, que la detención de niños y niñas no es nunca por el interés superior del niño o la niña y puede constituir malos tratos si la detención se debe a su condición migratoria o a la de sus progenitores.
Para agravar los malos tratos, hay informes coincidentes sobre condiciones de precariedad extrema en muchos centros de detención de Estados Unidos, tales como obligar a los menores a dormir sobre el suelo de cemento, encenderles constantemente la luz por la noche para hacer comprobaciones de camas, ausencia de puertas en los retretes, falta de alimentos y agua suficientes, falta de instalaciones de baño y temperaturas extremadamente bajas.
Profesionales de la salud, asociaciones médicas, organizaciones de protección de la infancia y tribunales han documentado el daño grave y duradero que causa a los niños y las niñas la separación forzada de sus progenitores y su reclusión no ya por tiempo indefinido, sino incluso por breves periodos.
En una declaración ante el Congreso de Estados Unidos en contra de la separación familiar, la Academia Estadounidense de Pediatría advirtió: “Sabemos que la separación familiar causa daños irreparables a los menores. Este tipo de experiencia sumamente estresante puede alterar la formación de la arquitectura cerebral de los menores. La exposición prolongada a un fuerte estrés —conocido como estrés tóxico— puede tener consecuencias para la salud de por vida”.
Asimismo, en una declaración emitida en respuesta a la orden ejecutiva del presidente Trump el 20 de junio de 2018, la Asociación Estadounidense de Psicología observó: “Decenios de investigación psicológica muestran que los menores separados de sus padres pueden sufrir angustia psicológica grave […] Cuanto más tiempo están separados progenitor y menor, mayores son los síntomas de ansiedad y depresión de éste”.
El 8 de febrero de 2018, 85 días después de haber sido separado de su padre –José, de El Salvador–, Mateo, de un año, fue reunido finalmente son su madre, Olivia, quien había sido puesta en libertad condicional en espera de la decisión sobre la solicitud de asilo que había presentado por separado.
Describiendo el impacto psicológico de la separación forzada en Mateo, Olivia recordó así el día que los reunieron, en una declaración presentada en una demanda contra el ICE: “Cuando lo desnudé estaba lleno de suciedad y de piojos. Parecía como si no lo hubieran bañado en los 85 días que había estado lejos de nosotros. [...] M. no es el mismo desde que nos reunieron. Pensé que, como es tan pequeño, no estaría traumatizado por esta experiencia, pero no se separa de mí. Llora cuando no me ve. Esa conducta no es normal.”
Sobre el derecho humano a la unidad familiar de los miembros de la familia que no son el padre ni la madre ni hijos ni hijas, el Comité de los Derechos del Niño ha observado que, atendiendo al interés superior del niño o la niña, las autoridades deben considerar que el término “padres” incluye en general a los padres y madres biológicos, adoptivos y de acogida, según proceda, así como a la familia ampliada del niño o niña.
Amnistía Internacional documentó los casos de dos menores separados de sus abuelas, a las que llamaban “mamá” a pesar de la distancia generacional, que provocaron por igual trauma extremo en menores y en adultos.
Un año después de su separación de Matheus, su nieto con discapacidad de desarrollo, una mujer brasileña de 55 años llamada Maria habló a Amnistía Internacional de los duraderos efectos traumáticos de la separación familiar en ella y en Matheus. Maria dijo que todavía le venían recurrentemente a la cabeza escenas retrospectivas y recuerdos malos del momento de su separación: “Quizá necesite ir al psicólogo. No recuerdo cosas y no puedo dormir. Me despierto por la noche y no puedo volver a dormirme. Empiezo a hablar de algo y me olvido de lo que estaba diciendo. Lloro mucho, porque todavía estoy separada de Matheus.”
Maria describió síntomas que son característicos del trastorno de estrés postraumático, enumerado también en el Protocolo de Estambul entre las consecuencias que suelen sufrir las víctimas de tortura y otros malos tratos.
El 11 y el 18 de agosto de 2018, Maria visitó a Matheus bajo custodia del Departamento de Menores y Familias del estado de Connecticut. Explicó a Amnistía Internacional que parecía muy triste y deprimido y que su conducta y su estado emocional habían cambiado radicalmente con respecto a cuando hacían actividades juntos antes de su detención y separación. La primera vez que lo vio, casi un año después de su separación, estaba enfermo, con fiebre e irritación de garganta, y temblaba de frío en una sala con el aire acondicionado muy fuerte y vestido sólo con unos pantalones cortos y una camisa. Matheus pidió en seguida un jersey o una chaqueta para entrar en calor. Maria dijo que a los dos les resultaba muy triste verse durante las visitas, porque, después de pasar el día juntos, veían que tenían que revivir la separación después de cada visita. “Sufrimos mucho. Es como si lo hubieran arrojado allí y nadie tuviera cuidado de él.”
Aunque los menores suelen estar incluidos en la solicitud de asilo de su padre, madre o tutor, las autoridades estadounidenses los clasifican como “menores extranjeros no acompañados” cuando están separados de sus unidades familiares solicitantes de asilo y tramitan sus casos de asilo por separado. Al separar las solicitudes legales de protección de las familias a la vez que las separan a ellas mismas, el DHS menoscaba el debido proceso y obstaculiza las respectivas solicitudes de asilo de sus miembros, en contra del interés superior del niño o la niña. Las separaciones menoscaban también los derechos de la familia según las políticas de los USCIS sobre solicitudes de a silo, que disponen que “no debe entrevistarse a un menor dependiente sin sus padres presentes”.
Aunque sea posible reunificar las solicitudes de asilo de los progenitores y los niños y niñas, desde el punto de vista logístico puede resultar difícil, debido a la falta de asistencia letrada, el número de casos y las dificultades que encuentran las personas para ponerse en contacto con sus hijos e hijas una vez separados, especialmente cuando los niños y niñas son de muy corta edad y no saben hablar y, como ocurre a menudo, han sido trasladados a miles de kilómetros de sus progenitores tras la separación.
Para menoscabar aún más las solicitudes de asilo, la separación puede dar lugar a que sea sólo un miembro de la familia quien se quede con los documentos decisivos para establecer la identidad de todos ellos o justificar sus solicitudes. La separación impide la comunicación habitual entre los niños y las niñas y sus progenitores, que es esencial para que un menor y su madre o su padre presenten una solicitud conjunta de protección.
Obligar a menores a pasar por los procedimientos de inmigración solos, separados de su familia, restringe gravemente y, en algunos casos, anula su capacidad de conseguir protección si sus solicitudes están vinculadas en la práctica a las de sus progenitores, especialmente en el caso de los que son de muy corta edad y no pueden siquiera formular la solicitud. Como la legislación estadounidense no reconoce el derecho de asistencia letrada en los casos de inmigración, los menores —que pueden ser incluso bebés— pueden encontrarse en la surrealista situación de tener que formular y defender ellos mismos la solicitud ante un tribunal de inmigración.
“ME QUISE MORIR”: RELATOS SOBRE LA ANGUSTIA EXTREMA DE LAS SEPARACIONES DE FAMILIAS
En 2018, Amnistía Internacional entrevistó a 15 personas adultas a quienes las agencias del DHS habían separado de sus hijos e hijas, tanto antes como después de la introducción de la denominada política de “tolerancia cero”. De ellas, 3 eran mujeres (separadas en 2016, 2017 y 2018, respectivamente), y 12, hombres (4 separados en 2017 y 8 separados en 2018). Las separaciones ocurrieron en los cuatro estados que forman frontera con México (California, Arizona, Nuevo México y Texas), y las practicó personal tanto de la CBP como del ICE.
En todos los casos, antes de ser separadas, las familias solicitaron asilo y expresaron su temor a regresar a sus países de origen. En 13 de los 15 casos, el DHS separó a las familias después de que hubieran solicitado protección en un puerto de entrada oficial estadounidense. Los otros dos progenitores fueron separados por el DHS tras haber entrado de manera irregular en Estados Unidos por las zonas entre los puertos de entrada y solicitado protección de la Patrulla Fronteriza, que forma parte de la CBP.
Según las personas adultas entrevistadas, en ninguno de los casos explicó el personal de DHS a las familias las razones de las separaciones en el momento en que se produjeron ni les permitió defender su derecho a la unidad familiar bajo custodia. El personal del DHS se limitó a separar a las familias, en algunos casos con amenazas de fuerza física.
De conformidad con la retórica utilizada por la administración Trump para intentar calificar a las familias solicitantes de asilo de “delincuentes” que trafican con sus propios hijos e hijas, algunas de las personas adultas entrevistadas informaron de que las habían separado de sus hijos e hijas debido a las dudas del personal del DHS sobre la validez de sus relaciones familiares. Sin embargo, las autoridades del DHS jamás pidieron a los progenitores o tutores que probaran sus relaciones familiares o de tutela antes de separarlos de sus hijos a hijas.
La mayoría de estas familias fueron separadas a pesar de tener documentos que probaban su identidad y sus relaciones familiares en el momento en que se presentaron para solicitar asilo en los puertos de entrada oficiales. Se trataba de pasaportes, documentos nacionales de identidad, certificados de nacimiento y órdenes judiciales de designación de la tutela legal, entre otros documentos oficiales.
Cuando hablaron con Amnistía Internacional, muchas de las personas adultas separadas sufrían una angustia psicológica tan extrema que se echaban a llorar desconsoladamente al contar sus experiencias, a veces sólo a los pocos segundos o minutos de entrevista. Expresaban la agonía visible del daño emocional causado a ellas y a sus hijos e hijas con las separaciones forzadas y su sentimiento de impotencia para proteger a sus hijos e hijas de lo que pudiera pasarles estando solos bajo custodia estadounidense. En algunos de los casos, las personas sufrían porque las separaciones habían roto la confianza de sus hijos e hijas en ellas y dañado sus relaciones familiares.
LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSE SEPARARON A MILES DE FAMILIAS MÁS DE LAS INDICADAS PREVIAMENTE
Inmediatamente después de hacer la administración Trump el anuncio de su política de “tolerancia cero con la entrada ilegal de delincuentes”, las agencias del DHS comenzaron a separar a la fuerza a miles de familias en la frontera mexicano-estadounidense, ampliando y acelerando la práctica enormemente en comparación con los meses anteriores. Pero incluso antes de esta política y de la indignación que suscitó, el gobierno estadounidense ya había separado posiblemente a miles de familias más en la frontera desde 2017, sin la debida supervisión y rendición de cuentas. El número total de familias objeto de separación forzada y el trauma que han soportado como consecuencia de esta práctica abusiva están todavía saliendo a la luz.
En septiembre de 2018, la CBP informó a Amnistía Internacional de que la Patrulla Fronteriza había separado a 6.022 familias entre el 19 de abril y el 15 de agosto de 2018, más del doble del número que las autoridades estadounidenses habían admitido previamente haber separado con arreglo a la política de “tolerancia cero”. Las autoridades estadounidenses no han revelado aún públicamente cuántas de esas familias estaban solicitando asilo por sufrir persecución. Tampoco han publicado estadísticas completas que permitan saber el número de familias que la administración Trump separó antes de abril, especialmente durante la aplicación a modo de prueba de su política de separación de familias de julio a noviembre de 2017 en Texas y Nuevo México. El DHS informó al Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés) y a los medios de comunicación de que había separado a 1.768 familias entre octubre de 2016 y febrero de 2018, antes de la política de “tolerancia cero”.
El total de esas estadísticas disponibles indica que el DHS separó a la fuerza aproximadamente a 8.000 familias en 2017 y 2018, violando los derechos humanos de más de 15.000 personas, y el número de separaciones de familias aumentó vertiginosamente con la política de “tolerancia cero”. Esas cifras no incluyen el periodo del 1 de marzo al 18 de abril de 2018, y parecen excluir a un número desconocido de familias que fueron separadas tras solicitar asilo en puertos de entrada oficiales de Estados Unidos y de las que el DHS no ha proporcionado registros exactos, por lo que podría haber muchos más casos que los registrados.
La dirección del centro de detención del ICE de Otay Mesa, cerca de San Diego, California, informó a Amnistía Internacional en enero de 2018 de que el ICE no registra todas las separaciones de familias en los casos en los que se presentan en los puertos de entrada, con independencia de que hayan sido separadas por la CBP antes de ponerlas bajo custodia del ICE o conjuntamente por la CBP y el ICE durante la transferencia de la custodia. En septiembre de 2018, la CBP informó a Amnistía Internacional de que sólo había registrado la separación de 36 familias en los puertos de entrada estadounidenses entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de julio de 2018, de un total de 18.142 familias “inadmisibles” (incluso de solicitantes de asilo) que fueron atendidas durante ese periodo. Puesto que era muy poco probable que el número fuera tan bajo (36), Amnistía Internacional pidió que se explicara cómo se había calculado. Según la CBP, los millares de familias a las que el gobierno estadounidense ha admitido públicamente haber separado, incluidas las 36 separadas en puertos de entrada, no incluyen ningún caso de “fraude”.
La administración Trump ha alegado a menudo que el sistema de asilo de Estados Unidos está lleno de fraude y ha intentado justificar la separación de familias solicitantes de asilo afirmando que en realidad eran miembros de bandas que traficaban fraudulentamente con niños y niñas. Lo cierto es que las estadísticas del DHS indican que los traficantes podrían representar sólo el 0,1% de las familias solicitantes de asilo aprehendidas tras cruzar la frontera de Estados Unidos de manera irregular en el año fiscal 2017. En los cinco primeros meses del año fiscal 2018, el porcentaje fue supuestamente mayor, del 0,61, pero sigue siendo insignificante desde el punto de vista estadístico. Además, estos porcentajes reflejan sólo las justificaciones registradas del DHS para proceder a las separaciones familiares, no procesamientos penales u otras estadísticas que puedan respaldar tales acusaciones conforme a normas de prueba más rigurosas.
En 2018, la CBP viene afirmando cada vez más que separa a las familias por razones de “fraude” (en 46 casos en el año fiscal 2017, frente a los 191 en sólo los cinco primeros meses del año fiscal 2018). Sin embargo, las circunstancias que la CBP ha definido como “fraude” a menudo son simplemente la presencia de un familiar que no es el padre ni la madre. Debido a ello se ha separado a centenares o miles de familias más, a las que la CBP no incluye en sus estadísticas tras calificar la relación entre sus miembros de “fraudulenta”.
La CBP informó a Amnistía Internacional de que entre las familias separadas por razones de “fraude” figuraban: 1) abuelos o abuelas y otras personas que “no se ajustan a la definición de familiar directo”,
2) personas cuyos certificados de nacimiento y demás documentos la CBP no pudo verificar a través del consulado y 3) personas que no podían probar su relación familiar. Amnistía Internacional ha documentado casos en los que el DHS ha hecho afirmaciones manifiestamente falsas sobre familias solicitantes de asilo, de las que ha dicho que no podían demostrar la relación familiar a pesar de tener documentos que la probaban más allá de toda duda.
La administración Trump ha intentado también justificar la separación de familias basándose en su política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a todas las personas migrantes adultas en situación irregular con fines de disuasión, lo que viola las normas internacionales. En realidad, el programa TRAC de la Universidad de Siracusa comprobó que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sólo habían procesado a una persona adulta de las 4.536 familias aprehendidas en la frontera tras entrar irregularmente en el país en abril de 2018. Asimismo, menos de la tercera parte de todas las personas adultas aprehendidas al cruzar la frontera de manera irregular fueron remitidas al final a los tribunales para su procesamiento (con o sin familias). Estas cifras demuestran que centenares o, posiblemente, miles de familias fueron separadas innecesaria y arbitrariamente y detenidas sin ser objeto de procesamiento penal, que era la supuesta justificación para esas separaciones.
Centenares de personas, entre padres, madres y tutores, fueron deportadas luego a sus países de origen sin sus hijos e hijas, más de 300 de los cuales no han sido reunidos todavía con sus familias.
El 6 de abril de 2018, la administración Trump emprendió una descomunal campaña de separación forzada de miles de niños y niñas de los familiares solicitantes de asilo con los que viajaban, en aplicación de la denominada política de “tolerancia cero” que utilizaba para procesar penalmente a las personas adultas que entraban de manera irregular en Estados Unidos. Al aprehenderlas en zonas situadas entre puestos fronterizos oficiales, los funcionarios del DHS separaban a las familias, supuestamente para remitir a los padres, madres o tutores a los tribunales para su procesamiento penal, a la vez que el DHS clasificaba a los niños y niñas como “menores extranjeros no acompañados”74 y los trasladaba a albergues para su internamiento en ellos.
Cuando empezaron a aparecer en las noticias y en las redes sociales imágenes de centenares de niños y niñas de corta edad recluidos en jaulas por el DHS, la separación forzada de sus familias llevada a cabo por la administración Trump suscitó indignación internacional y una condena general desde todo el planeta.
La política punitiva y coercitiva de separación de familias –seguida de la detención de los padres y madres sin sus hijos– adoptada por el gobierno de Estados Unidos viola múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la unidad familiar, el derecho a la libertad y el derecho a no sufrir tortura ni otros malos tratos. Todos estos derechos están previstos en los tratados internacionales de derechos humanos e incorporados a la legislación estadounidense, incluido el requisito de dar prioridad al interés superior del niño o la niña. El procesamiento de solicitantes de asilo por entrada irregular y la subsiguiente separación forzada de sus familias constituyen un claro incumplimiento de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho de refugiados y de la política del DHS sobre la unidad familiar.
En junio de 2018, Amnistía Internacional evaluó la práctica deliberada y punitiva de las separaciones de familias utilizada por la administración Trump y determinó que constituía tortura de acuerdo con la legislación estadounidense y con el derecho internacional. Para ajustarse a la definición de la tortura, un acto debe ser: 1) intencionado; 2) llevado a cabo o consentido por un funcionario del Estado; 3) infligir dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, y 4) llevado a cabo con un fin específico, como castigo, coacción o intimidación, o por motivos discriminatorios. La práctica y la política deliberadas de la separación de familias que aplica la administración Trump cumplen todos estos criterios.
“UNA DURA MEDIDA DISUASORIA”: SEPARACIÓN DE FAMILIAS CON OBJETO DE CASTIGAR Y DISUADIR A SOLICITANTES DE ASILO
A juzgar por las declaraciones públicas del presidente Donald Trump y de altos cargos de su administración, hay indicios abrumadores de la finalidad deliberadamente coactiva y punitiva de la política y la práctica de la separación de familias aplicadas por la administración Trump. La magnitud, el momento en que tienen lugar y la naturaleza sistemática de las separaciones de familias llevadas a cabo por la actual administración estadounidense en los puertos de entrada y en las zonas entre ellos demuestran que la política ha sido autorizada y aprobada directamente por la administración Trump.
El gobierno de Estados Unidos ha negado reiteradamente haber separado a familias cuando solicitaban asilo en puertos de entrada oficiales, excepto en los casos en que el DHS “no puede determinar la relación familiar” o “determina que un menor podría correr peligro con el padre o tutor legal”. Sin embargo, por medio de entrevistas con miembros de familias separadas y con autoridades del DHS, Amnistía Internacional ha documentado cómo las agencias del DHS han aplicado y aprovechado de manera arbitraria esa justificación para separar a menores sin demostrar ninguna base objetiva de los riesgos que correrían bajo la custodia de sus progenitores o tutores ni demostrar ningún falseamiento de las relaciones familiares.
En una orden de junio de 2018 sobre la práctica, un juez federal determinó también que el gobierno de Estados Unidos había separado a familias solicitantes de asilo después de que se presentaran en un puerto de entrada oficial y sin justificar esas separaciones con argumentos de hecho ni de derecho: “[E]l registro refleja también que la práctica de las separaciones de familias tenía ya lugar antes de que se anunciara la política de tolerancia cero y que ha provocado la separación casual, si no deliberada, de familias que se encontraban legalmente en el puerto de entrada, no sólo de familias que habían entrado al país ilegalmente.”
Desde 2017, Amnistía Internacional85 y otras organizaciones de derechos humanos86 han alertado reiteradamente al DHS y a sus organismos de supervisión de la práctica recurrente de la separación arbitraria de familias, con casos concretos en los que las separaciones han constituido infracciones graves de las leyes y normativas estadounidenses, así como de los derechos humanos de las personas afectadas. Cuando las ha habido, las respuestas del gobierno a la correspondencia oficial y las expresiones públicas de preocupación de Amnistía Internacional han sido invariablemente desdeñosas, opacas y ajenas a los hechos de los casos documentados.
Desde el inicio de la administración del presidente Trump en enero de 2017, altos funcionarios estadounidenses han promovido a menudo la separación de familias por considerarla una estrategia viable para disuadir a las familias de pedir protección en Estados Unidos, con la consiguiente adopción formal y aplicación de la política de “tolerancia cero”, en virtud de la cual se ha separado innecesaria e ilícitamente a miles de familias.
Ya en febrero de 2017, el gobierno estadounidense consideró la posibilidad de utilizar la separación de familias para “disuadir” a las personas solicitantes de asilo de dirigirse a Estados Unidos. Desde entonces, la práctica se ha intensificado al amparo de la administración Trump con el mismo objetivo declarado de disuadir a las personas solicitantes de asilo de dirigirse a Estados Unidos para pedir protección internacional o de obligarlas a renunciar a sus solicitudes y regresar a sus países de origen, a pesar de que huyeron de ellos por razones de persecución.
El Washington Post informó primeramente de que la Patrulla Fronteriza estadounidense, que forma parte de la CBP, había probado la política de “tolerancia cero” en Texas y Nuevo México de julio a noviembre de 2017. Según informes, el 23 de abril de 2018, las direcciones de la CBP, el ICE y los USCIS, agencias que pertenecen al DHS, recomendaron a la secretaria de Seguridad Nacional Nielsen la ampliación de la política a todo lo largo de la frontera y promovieron la separación forzada de familias mediante el procesamiento penal en tanto que forma “más efectiva” de reducir el número de personas que entran de manera irregular en Estados Unidos.
El 17 de abril de 2018, el ICE reveló en su sitio web que, en agosto de 2017, había dejado de aplicar una política de la época de Obama llamada “Directriz sobre Intereses Parentales” (Parental Interests Directive, 2013) a medida que había ido implementando simultáneamente el proyecto piloto de política de “tolerancia cero” del DHS. En la política actualizada de la administración Trump se eliminó terminología crítica que daba prioridad a la protección de los derechos parentales de las familias no estadounidenses en los procedimientos de control de la inmigración.
En marzo de 2018, Annunciation House y otros grupos de activistas de los derechos de las personas inmigrantes de la zona de El Paso presentaron datos que demostraban que la práctica de las separaciones de familias existía ya en ese momento, semanas antes del anuncio de la política de “tolerancia cero”. Estos grupos informaron de que el DHS se negaba a proporcionares estadísticas que revelaran el número de familias separadas arbitrariamente en virtud del programa.
La secretaria de Seguridad Nacional Nielsen ha negado reiteradamente que haya habido alguna vez una política de separación de familias, prefiriendo calificar las separaciones de familias de política de aplicación de la ley. Sin embargo, durante una vista celebrada en el Congreso en enero de 2018, confirmó que la intención del proyecto de política de “tolerancia cero” era disuadir a las familias, calificando las separaciones familiares de una de las “diversas formas de hacer cumplir nuestra leyes para disuadir a los padres de traer a sus hijos aquí.”
Ya en marzo de 2017, el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ahora jefe de personal
del presidente Trump, habló de la posible adopción de una política de separación de familias “con el fin de disuadir” a las familias de migrantes y solicitantes de asilo de viajar a Estados Unidos. En mayo de 2018, cuando se estaba aplicando brutalmente la política de “tolerancia cero”, John Kelly, en esta ocasión hablando en su calidad de jefe de personal de la Casa Blanca, defendió además las separaciones de familias en tanto que “técnica” que “sería una dura medida disuasoria, una respuesta mucho más rápida con respecto a los solicitantes de asilo.” Explicó además una motivación discriminatoria de la política, que era rechazar a las personas solicitantes de asilo que “no se integren fácilmente en Estados Unidos” por ser “mayoritariamente personas rurales” de países con bajos niveles de educación que “no hablan inglés” y “no tienen formación”.
La retórica deshumanizadora utilizada por el presidente Trump y su gobierno pusieron igualmente de manifiesto la motivación aparentemente discriminatoria de la política de “tolerancia cero”. El presidente Trump, el fiscal general Session y la secretaria de Seguridad Nacional Nielsen98 han demonizado de manera habitual a las familias solicitantes de asilo, tachándolas de “delincuentes” y “contrabandistas”, que trafican con sus propios hijos e hijas. El presidente Trump ha calificado también primariamente a las personas solicitantes de asilo latinoamericanas de “animales” y “delincuentes”, mientras su administración procedía a detener a sus hijos e hijas en jaulas y a deportar a los padres, madres y tutores a sus países de origen con o sin ellos.
En un informe de febrero de 2018 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial sobre la tortura condenó toda separación deliberada de familias que soliciten asilo en la frontera, tachándola de devolución disimulada, llevada a cabo con objeto de coaccionarlas para que regresen “voluntariamente” a sus países de origen sin tener en cuenta sus necesidades de protección.
Mostrando públicamente cómo la administración Trump aprovechaba las separaciones de familias para obligar a las personas solicitantes de asilo a renunciar a sus solicitudes, el 23 de junio de 2018 el DHS declaró que pensaba reunir a las familias separadas sólo con el propósito de deportarlas a sus países de origen, pero que las mantendría separadas mientras tramitaban sus solicitudes de asilo. El 25 de junio de 2018, los medios de comunicación informaron de casos de personas centroamericanas detenidas en Texas que denunciaban que los funcionarios del ICE las habían coaccionado para que renunciaran a sus solicitudes de asilo, prometiéndoles a cambio la reunificación con sus hijos e hijas, de quienes les habían separado recientemente, al deportarlas a sus países de origen. El 23 de agosto de 2018, dos importantes grupos de derechos humanos presentaron ante los organismos de supervisión del DHS una denuncia conjunta, donde detallaban las tácticas coercitivas generalizadas y extremas que utilizaba el DHS para obligar a familias separadas a renunciar a sus solicitudes de asilo a cambio de la posibilidad de reunificación familiar.
Amnistía Internacional asistió como observadora a la vista sobre el fondo de un caso de asilo en mayo de 2018; en el curso de ella, el juez de inmigración aprovechó la separación forzada de una abuela brasileña llamada Maria para disuadirla de persistir en su solicitud de asilo. En la sala, el equipo de investigación de Amnistía Internacional presenció cómo el juez pedía a Maria que renunciara a su solicitud de asilo y así podría ser deportada a Brasil con su nieto, que tiene una discapacidad del desarrollo, en vez de deportarla sin él en el caso de que el juez rechazara su solicitud de asilo.
“Quiero asegurarme de que cerramos todos los posibles ‘vacíos legales’, por así decirlo”, dijo el juez.
Los funcionarios de la administración Trump, incluido el superior del juez, el fiscal general Sessions, utilizan a menudo el término “vacíos legales” para describir las solicitudes de asilo infundadas, a medida que la administración intenta reducir los motivos por los que las personas solicitantes de asilo pueden recibir protección en Estados Unidos.
En una carta al fiscal general y la secretaria de Seguridad Nacional, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos expresó honda preocupación por la violación del debido proceso legal por parte de la administración Trump y por el uso punitivo que hacía ésta de las separaciones de familias para “coaccionar a las personas a fin de que retiraran solicitudes de asilo que podrían perfectamente ser válidas o, si no, perjudicarían sus procedimientos de inmigración, por temor a lo que les pudiera estar ocurriendo a sus hijos e hijas”.
La Comisión criticó además la motivación aparentemente discriminatoria de la política, basada en la “animosidad de la administración hacia los inmigrantes mexicanos y centroamericanos, que hace que se planteen cuestiones de discriminación injustificada por motivos de origen nacional”. Concluyó que la política de la administración Trump de castigar a las familias que “solicitan asilo dentro totalmente de los parámetros de las leyes de nuestra nación [...] es inhumana y contraria al interés superior del niño” y “subvierte la administración imparcial de justicia y parece discriminar a las familias por su origen nacional.”
Consideradas conjuntamente, la política de facto y la práctica de la separación de familias aplicadas por la administración Trump han sido claramente 1) intencionales; 2) aplicadas y aprobadas por funcionarios del Estado y 3) aplicadas con el fin concreto de disuadir a familias solicitantes de asilo pedir protección en Estados Unidos o coaccionar a las que ya habían solicitado para que renunciaran a sus solicitudes. Satisfaciendo el criterio final de la definición de la tortura, las separaciones de familias han infligido también dolores y sufrimientos graves, con efectos aparentemente negativos en la salud física en algunos casos.
“LLORO MUCHO”: DOLORES Y SUFRIMIENTOS GRAVES DE LAS SEPARACIONES DE FAMILIAS
En esencia, la política de “tolerancia cero” de la administración Trump tenía el fin de causar angustia psicológica grave a las familias solicitantes de asilo, primero con las separaciones de familias y luego con la detención indefinida de miembros de familias dividas. Con la amenaza de la separación indefinida de familias –traumática para hijos e hijas y padres y madres por igual–, el DHS ha presionado a familias solicitantes de asilo para que renuncien a sus solicitudes y acepten la deportación.
Además, separando a familias, la administración Trump ha intentado imponer a todas las personas solicitantes de asilo su política de detención arbitraria, indefinida y sin libertad condicional basándose únicamente en su condición migratoria. Como el presidente Trump y su gobierno han afirmado reiteradamente, la ilegalidad de detener a niños y niñas de corta edad impedía la detención indefinida de familias solicitantes de asilo, así que la administración utilizó la separación de familias para detener al padre o la madre por separado.
Los derechos de la infancia se violan de múltiples maneras con las separaciones de familias. Los niños y las niñas son detenidos, antes o después de ser separados de sus familias; luego son separados de su padre, madre o tutor, lo que viola su derecho a la unidad familiar, y por último, tras ser separados, quedan expuestos a una situación de trauma extremo e innecesario, que puede afectar negativamente a su desarrollo y su salud mental.
En los casos de separación de familias documentados por Amnistía Internacional, era evidente que la administración Trump no había tenido en cuenta el interés superior del niño o la niña, en contra de las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional. La detención de niños y niñas no es nunca por su interés superior, y la separación de sus padres y madres sólo es legítima como medida de último recurso, como en el caso de un niño o niña que se enfrente a un daño inminente. Ilustrando que las separaciones de familias no son por el interés superior de los niños o niñas, el gobierno admitió que había perdido el rastro a centenares de menores más no acompañados a quienes se había puesto bajo la custodia de familias de acogida. En abril de 2018, un funcionario estadounidense, responsable del cuidado de los niños y niñas separados de sus familias con arreglo a la política de “tolerancia cero”, informó al Congreso de que su agencia confirmaba que había perdido el rastro de al menos 1.475 menores no acompañados de los que era responsable durante el primer cuarto del año fiscal 2018.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha pedido categóricamente a todos los Estados que pongan fin a la práctica de la detención de menores por motivos de inmigración y mantengan la unidad familiar con alternativas a la detención. El relator especial de la ONU sobre la tortura ha manifestado, asimismo, que la detención de niños y niñas no es nunca por el interés superior del niño o la niña y puede constituir malos tratos si la detención se debe a su condición migratoria o a la de sus progenitores.
Para agravar los malos tratos, hay informes coincidentes sobre condiciones de precariedad extrema en muchos centros de detención de Estados Unidos, tales como obligar a los menores a dormir sobre el suelo de cemento, encenderles constantemente la luz por la noche para hacer comprobaciones de camas, ausencia de puertas en los retretes, falta de alimentos y agua suficientes, falta de instalaciones de baño y temperaturas extremadamente bajas.
Profesionales de la salud, asociaciones médicas, organizaciones de protección de la infancia y tribunales han documentado el daño grave y duradero que causa a los niños y las niñas la separación forzada de sus progenitores y su reclusión no ya por tiempo indefinido, sino incluso por breves periodos.
En una declaración ante el Congreso de Estados Unidos en contra de la separación familiar, la Academia Estadounidense de Pediatría advirtió: “Sabemos que la separación familiar causa daños irreparables a los menores. Este tipo de experiencia sumamente estresante puede alterar la formación de la arquitectura cerebral de los menores. La exposición prolongada a un fuerte estrés —conocido como estrés tóxico— puede tener consecuencias para la salud de por vida”.
Asimismo, en una declaración emitida en respuesta a la orden ejecutiva del presidente Trump el 20 de junio de 2018, la Asociación Estadounidense de Psicología observó: “Decenios de investigación psicológica muestran que los menores separados de sus padres pueden sufrir angustia psicológica grave […] Cuanto más tiempo están separados progenitor y menor, mayores son los síntomas de ansiedad y depresión de éste”.
El 8 de febrero de 2018, 85 días después de haber sido separado de su padre –José, de El Salvador–, Mateo, de un año, fue reunido finalmente son su madre, Olivia, quien había sido puesta en libertad condicional en espera de la decisión sobre la solicitud de asilo que había presentado por separado.
Describiendo el impacto psicológico de la separación forzada en Mateo, Olivia recordó así el día que los reunieron, en una declaración presentada en una demanda contra el ICE: “Cuando lo desnudé estaba lleno de suciedad y de piojos. Parecía como si no lo hubieran bañado en los 85 días que había estado lejos de nosotros. [...] M. no es el mismo desde que nos reunieron. Pensé que, como es tan pequeño, no estaría traumatizado por esta experiencia, pero no se separa de mí. Llora cuando no me ve. Esa conducta no es normal.”
Sobre el derecho humano a la unidad familiar de los miembros de la familia que no son el padre ni la madre ni hijos ni hijas, el Comité de los Derechos del Niño ha observado que, atendiendo al interés superior del niño o la niña, las autoridades deben considerar que el término “padres” incluye en general a los padres y madres biológicos, adoptivos y de acogida, según proceda, así como a la familia ampliada del niño o niña.
Amnistía Internacional documentó los casos de dos menores separados de sus abuelas, a las que llamaban “mamá” a pesar de la distancia generacional, que provocaron por igual trauma extremo en menores y en adultos.
Un año después de su separación de Matheus, su nieto con discapacidad de desarrollo, una mujer brasileña de 55 años llamada Maria habló a Amnistía Internacional de los duraderos efectos traumáticos de la separación familiar en ella y en Matheus. Maria dijo que todavía le venían recurrentemente a la cabeza escenas retrospectivas y recuerdos malos del momento de su separación: “Quizá necesite ir al psicólogo. No recuerdo cosas y no puedo dormir. Me despierto por la noche y no puedo volver a dormirme. Empiezo a hablar de algo y me olvido de lo que estaba diciendo. Lloro mucho, porque todavía estoy separada de Matheus.”
Maria describió síntomas que son característicos del trastorno de estrés postraumático, enumerado también en el Protocolo de Estambul entre las consecuencias que suelen sufrir las víctimas de tortura y otros malos tratos.
El 11 y el 18 de agosto de 2018, Maria visitó a Matheus bajo custodia del Departamento de Menores y Familias del estado de Connecticut. Explicó a Amnistía Internacional que parecía muy triste y deprimido y que su conducta y su estado emocional habían cambiado radicalmente con respecto a cuando hacían actividades juntos antes de su detención y separación. La primera vez que lo vio, casi un año después de su separación, estaba enfermo, con fiebre e irritación de garganta, y temblaba de frío en una sala con el aire acondicionado muy fuerte y vestido sólo con unos pantalones cortos y una camisa. Matheus pidió en seguida un jersey o una chaqueta para entrar en calor. Maria dijo que a los dos les resultaba muy triste verse durante las visitas, porque, después de pasar el día juntos, veían que tenían que revivir la separación después de cada visita. “Sufrimos mucho. Es como si lo hubieran arrojado allí y nadie tuviera cuidado de él.”
Aunque los menores suelen estar incluidos en la solicitud de asilo de su padre, madre o tutor, las autoridades estadounidenses los clasifican como “menores extranjeros no acompañados” cuando están separados de sus unidades familiares solicitantes de asilo y tramitan sus casos de asilo por separado. Al separar las solicitudes legales de protección de las familias a la vez que las separan a ellas mismas, el DHS menoscaba el debido proceso y obstaculiza las respectivas solicitudes de asilo de sus miembros, en contra del interés superior del niño o la niña. Las separaciones menoscaban también los derechos de la familia según las políticas de los USCIS sobre solicitudes de a silo, que disponen que “no debe entrevistarse a un menor dependiente sin sus padres presentes”.
Aunque sea posible reunificar las solicitudes de asilo de los progenitores y los niños y niñas, desde el punto de vista logístico puede resultar difícil, debido a la falta de asistencia letrada, el número de casos y las dificultades que encuentran las personas para ponerse en contacto con sus hijos e hijas una vez separados, especialmente cuando los niños y niñas son de muy corta edad y no saben hablar y, como ocurre a menudo, han sido trasladados a miles de kilómetros de sus progenitores tras la separación.
Para menoscabar aún más las solicitudes de asilo, la separación puede dar lugar a que sea sólo un miembro de la familia quien se quede con los documentos decisivos para establecer la identidad de todos ellos o justificar sus solicitudes. La separación impide la comunicación habitual entre los niños y las niñas y sus progenitores, que es esencial para que un menor y su madre o su padre presenten una solicitud conjunta de protección.
Obligar a menores a pasar por los procedimientos de inmigración solos, separados de su familia, restringe gravemente y, en algunos casos, anula su capacidad de conseguir protección si sus solicitudes están vinculadas en la práctica a las de sus progenitores, especialmente en el caso de los que son de muy corta edad y no pueden siquiera formular la solicitud. Como la legislación estadounidense no reconoce el derecho de asistencia letrada en los casos de inmigración, los menores —que pueden ser incluso bebés— pueden encontrarse en la surrealista situación de tener que formular y defender ellos mismos la solicitud ante un tribunal de inmigración.
“ME QUISE MORIR”: RELATOS SOBRE LA ANGUSTIA EXTREMA DE LAS SEPARACIONES DE FAMILIAS
En 2018, Amnistía Internacional entrevistó a 15 personas adultas a quienes las agencias del DHS habían separado de sus hijos e hijas, tanto antes como después de la introducción de la denominada política de “tolerancia cero”. De ellas, 3 eran mujeres (separadas en 2016, 2017 y 2018, respectivamente), y 12, hombres (4 separados en 2017 y 8 separados en 2018). Las separaciones ocurrieron en los cuatro estados que forman frontera con México (California, Arizona, Nuevo México y Texas), y las practicó personal tanto de la CBP como del ICE.
En todos los casos, antes de ser separadas, las familias solicitaron asilo y expresaron su temor a regresar a sus países de origen. En 13 de los 15 casos, el DHS separó a las familias después de que hubieran solicitado protección en un puerto de entrada oficial estadounidense. Los otros dos progenitores fueron separados por el DHS tras haber entrado de manera irregular en Estados Unidos por las zonas entre los puertos de entrada y solicitado protección de la Patrulla Fronteriza, que forma parte de la CBP.
Según las personas adultas entrevistadas, en ninguno de los casos explicó el personal de DHS a las familias las razones de las separaciones en el momento en que se produjeron ni les permitió defender su derecho a la unidad familiar bajo custodia. El personal del DHS se limitó a separar a las familias, en algunos casos con amenazas de fuerza física.
De conformidad con la retórica utilizada por la administración Trump para intentar calificar a las familias solicitantes de asilo de “delincuentes” que trafican con sus propios hijos e hijas, algunas de las personas adultas entrevistadas informaron de que las habían separado de sus hijos e hijas debido a las dudas del personal del DHS sobre la validez de sus relaciones familiares. Sin embargo, las autoridades del DHS jamás pidieron a los progenitores o tutores que probaran sus relaciones familiares o de tutela antes de separarlos de sus hijos a hijas.
La mayoría de estas familias fueron separadas a pesar de tener documentos que probaban su identidad y sus relaciones familiares en el momento en que se presentaron para solicitar asilo en los puertos de entrada oficiales. Se trataba de pasaportes, documentos nacionales de identidad, certificados de nacimiento y órdenes judiciales de designación de la tutela legal, entre otros documentos oficiales.
Cuando hablaron con Amnistía Internacional, muchas de las personas adultas separadas sufrían una angustia psicológica tan extrema que se echaban a llorar desconsoladamente al contar sus experiencias, a veces sólo a los pocos segundos o minutos de entrevista. Expresaban la agonía visible del daño emocional causado a ellas y a sus hijos e hijas con las separaciones forzadas y su sentimiento de impotencia para proteger a sus hijos e hijas de lo que pudiera pasarles estando solos bajo custodia estadounidense. En algunos de los casos, las personas sufrían porque las separaciones habían roto la confianza de sus hijos e hijas en ellas y dañado sus relaciones familiares.
LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSE SEPARARON A MILES DE FAMILIAS MÁS DE LAS INDICADAS PREVIAMENTE
Inmediatamente después de hacer la administración Trump el anuncio de su política de “tolerancia cero con la entrada ilegal de delincuentes”, las agencias del DHS comenzaron a separar a la fuerza a miles de familias en la frontera mexicano-estadounidense, ampliando y acelerando la práctica enormemente en comparación con los meses anteriores. Pero incluso antes de esta política y de la indignación que suscitó, el gobierno estadounidense ya había separado posiblemente a miles de familias más en la frontera desde 2017, sin la debida supervisión y rendición de cuentas. El número total de familias objeto de separación forzada y el trauma que han soportado como consecuencia de esta práctica abusiva están todavía saliendo a la luz.
En septiembre de 2018, la CBP informó a Amnistía Internacional de que la Patrulla Fronteriza había separado a 6.022 familias entre el 19 de abril y el 15 de agosto de 2018, más del doble del número que las autoridades estadounidenses habían admitido previamente haber separado con arreglo a la política de “tolerancia cero”. Las autoridades estadounidenses no han revelado aún públicamente cuántas de esas familias estaban solicitando asilo por sufrir persecución. Tampoco han publicado estadísticas completas que permitan saber el número de familias que la administración Trump separó antes de abril, especialmente durante la aplicación a modo de prueba de su política de separación de familias de julio a noviembre de 2017 en Texas y Nuevo México. El DHS informó al Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés) y a los medios de comunicación de que había separado a 1.768 familias entre octubre de 2016 y febrero de 2018, antes de la política de “tolerancia cero”.
El total de esas estadísticas disponibles indica que el DHS separó a la fuerza aproximadamente a 8.000 familias en 2017 y 2018, violando los derechos humanos de más de 15.000 personas, y el número de separaciones de familias aumentó vertiginosamente con la política de “tolerancia cero”. Esas cifras no incluyen el periodo del 1 de marzo al 18 de abril de 2018, y parecen excluir a un número desconocido de familias que fueron separadas tras solicitar asilo en puertos de entrada oficiales de Estados Unidos y de las que el DHS no ha proporcionado registros exactos, por lo que podría haber muchos más casos que los registrados.
La dirección del centro de detención del ICE de Otay Mesa, cerca de San Diego, California, informó a Amnistía Internacional en enero de 2018 de que el ICE no registra todas las separaciones de familias en los casos en los que se presentan en los puertos de entrada, con independencia de que hayan sido separadas por la CBP antes de ponerlas bajo custodia del ICE o conjuntamente por la CBP y el ICE durante la transferencia de la custodia. En septiembre de 2018, la CBP informó a Amnistía Internacional de que sólo había registrado la separación de 36 familias en los puertos de entrada estadounidenses entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de julio de 2018, de un total de 18.142 familias “inadmisibles” (incluso de solicitantes de asilo) que fueron atendidas durante ese periodo. Puesto que era muy poco probable que el número fuera tan bajo (36), Amnistía Internacional pidió que se explicara cómo se había calculado. Según la CBP, los millares de familias a las que el gobierno estadounidense ha admitido públicamente haber separado, incluidas las 36 separadas en puertos de entrada, no incluyen ningún caso de “fraude”.
La administración Trump ha alegado a menudo que el sistema de asilo de Estados Unidos está lleno de fraude y ha intentado justificar la separación de familias solicitantes de asilo afirmando que en realidad eran miembros de bandas que traficaban fraudulentamente con niños y niñas. Lo cierto es que las estadísticas del DHS indican que los traficantes podrían representar sólo el 0,1% de las familias solicitantes de asilo aprehendidas tras cruzar la frontera de Estados Unidos de manera irregular en el año fiscal 2017. En los cinco primeros meses del año fiscal 2018, el porcentaje fue supuestamente mayor, del 0,61, pero sigue siendo insignificante desde el punto de vista estadístico. Además, estos porcentajes reflejan sólo las justificaciones registradas del DHS para proceder a las separaciones familiares, no procesamientos penales u otras estadísticas que puedan respaldar tales acusaciones conforme a normas de prueba más rigurosas.
En 2018, la CBP viene afirmando cada vez más que separa a las familias por razones de “fraude” (en 46 casos en el año fiscal 2017, frente a los 191 en sólo los cinco primeros meses del año fiscal 2018). Sin embargo, las circunstancias que la CBP ha definido como “fraude” a menudo son simplemente la presencia de un familiar que no es el padre ni la madre. Debido a ello se ha separado a centenares o miles de familias más, a las que la CBP no incluye en sus estadísticas tras calificar la relación entre sus miembros de “fraudulenta”.
La CBP informó a Amnistía Internacional de que entre las familias separadas por razones de “fraude” figuraban: 1) abuelos o abuelas y otras personas que “no se ajustan a la definición de familiar directo”,
2) personas cuyos certificados de nacimiento y demás documentos la CBP no pudo verificar a través del consulado y 3) personas que no podían probar su relación familiar. Amnistía Internacional ha documentado casos en los que el DHS ha hecho afirmaciones manifiestamente falsas sobre familias solicitantes de asilo, de las que ha dicho que no podían demostrar la relación familiar a pesar de tener documentos que la probaban más allá de toda duda.
La administración Trump ha intentado también justificar la separación de familias basándose en su política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a todas las personas migrantes adultas en situación irregular con fines de disuasión, lo que viola las normas internacionales. En realidad, el programa TRAC de la Universidad de Siracusa comprobó que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sólo habían procesado a una persona adulta de las 4.536 familias aprehendidas en la frontera tras entrar irregularmente en el país en abril de 2018. Asimismo, menos de la tercera parte de todas las personas adultas aprehendidas al cruzar la frontera de manera irregular fueron remitidas al final a los tribunales para su procesamiento (con o sin familias). Estas cifras demuestran que centenares o, posiblemente, miles de familias fueron separadas innecesaria y arbitrariamente y detenidas sin ser objeto de procesamiento penal, que era la supuesta justificación para esas separaciones.
Centenares de personas, entre padres, madres y tutores, fueron deportadas luego a sus países de origen sin sus hijos e hijas, más de 300 de los cuales no han sido reunidos todavía con sus familias.
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