Expulsiones ilegales de solicitantes de asilo en California, Arizona y Texas
* * copiado tal cual del informe: EEUU: "Tú no tienes ningún derecho aquí". Expulsiones ilegales en la frontera, detención arbitraria y malos tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos" de Amnistía Internacional
FRONTERA DE CALIFORNIA CON MÉXICO
La llegada de un gran grupo de solicitantes de asilo al puerto de entrada de San Ysidro el 29 de abril de 2018 fue un punto de inflexión, en el que la frecuencia y la escala de las expulsiones ilegales de solicitantes de asilo de la CBP aumentaron a todo lo largo de la frontera mexicano-estadounidense. Tras un viaje al norte de un mes de duración a través de México, en abril llegaron a Tijuana un grupo de alrededor de 200 personas centroamericanas que viajaban juntas en “caravana”, con intención de solicitar asilo en Estados Unidos en el puerto de entrada de San Ysidro. La mayoría de estas personas solicitantes de asilo eran familias procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, la mitad eran niños y niñas y aproximadamente el 15% eran personas transgénero.
En los últimos años han viajado juntos hasta la frontera mexicano-estadounidense grupos similares de solicitantes de asilo del Triángulo Norte, que encuentran así un paso seguro frente a la explotación, los abusos y otras formas de violencia que sufren a menudo en su viaje a través de México. En mayo y noviembre de 2017, respectivamente, dos caravanas de menor tamaño, que sumaban en total alrededor de 125 solicitantes de asilo entre ambas, fueron recibidas con rapidez y eficiencia por la CBP en el puerto de entrada de San Ysidro, donde estaban a la espera de su llegada.
Sin embargo, con la caravana de abril de 2018, la administración Trump marcó el comienzo de su política de facto de expulsión ilegal de solicitantes de asilo a México. El presidente Trump aprovechó la visibilidad de este grupo de solicitantes de asilo de gran tamaño para molestar a la caravana en Twitter durante cuatro semanas antes de su llegada a Tijuana. Se refirió también a ella para justificar el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera mexicano-estadounidense, aun cuando el grupo pensaba presentarse formalmente en un puerto de entrada oficial de Estados Unidos. La semana anterior a la llegada de la caravana a Tijuana, la secretaria de Seguridad Nacional hizo dos declaraciones en las que llamó delincuentes a las personas solicitantes de asilo y amenazó con procesarlas o mantenerlas detenidas indefinidamente mientras se tomaba una decisión sobre sus solicitudes de asilo, hasta que el DHS pudiera deportarlas a sus países de origen.
Amnistía Internacional envió un equipo de investigación para observar la acogida dispensada por la CBP a las personas participantes en la caravana el 29 de abril de 2018, cuando tenían previsto solicitar asilo en la frontera estadounidense. A pesar de las reiteradas solicitudes de reunión formuladas antes de la llegada de la caravana, tanto en la oficina de campo de San Diego como en el puerto de entrada de San Ysidro, las autoridades de la CBP se negaron a reunirse con Amnistía Internacional o a proporcionar información sobre su capacidad o preparación para recibir a las personas solicitantes de asilo. Cuando el equipo de investigación de Amnistía Internacional solicitó una reunión imprevista con el responsable del puerto de entrada de San Ysidro antes de la llegada de la caravana el 29 de abril, la subdirección de puertos de entrada de la CBP acusó a la organización de intentar “colarse” en el puerto de entrada para conseguir información y ordenó al equipo salir de allí.
Horas después, la CBP cerró por completo sus puertas a unos 150 solicitantes de asilo de la caravana cuando se aproximaron al puerto de entrada. Esta expulsión ilegal masiva se produjo minutos después de una conferencia de prensa en la que las personas participantes en la caravana anunciaron su intención de solicitar asilo y tras la cual marcharon hacia el puerto de entrada de San Ysidro para presentarse en él. Inmediatamente antes de la llegada de la caravana, la CBP envió por correo electrónico a los medios de comunicación una declaración pública anunciando el cierre de sus puertas a las personas solicitantes de asilo debido a limitaciones de “capacidad” y en la que, no obstante, se les ordenaba presentarse “legalmente” en el puerto de entrada cerrado o se enfrentarían a procesamiento.
Este anuncio de la CBP contrastaba notablemente con la declaración hecha por la secretaria Nielsen una semana antes, cuando afirmó que el DHS estaba desplegando más agentes de asilo y otro personal para resolver con rapidez las solicitudes de esas mismas personas de la caravana que estaban solicitando asilo.
A juzgar por la declaración de la secretaria Nielsen y dado que la administración había estado siguiendo la marcha de la caravana por México durante un mes, es evidente que el DHS tenía capacidad para disponer sus recursos en consecuencia a fin de prepararse para la llegada del grupo y recibir a las personas solicitantes de asilo con necesidad de protección internacional en la frontera estadounidense.
Tras la desastrosa acogida de la CBP a la caravana de solicitantes de asilo en abril y mayo de 2018, los funcionarios de la CBP continuaron rechazando sistemáticamente a solicitantes de asilo en el puerto de entrada de San Ysidro y no adoptaron ninguna medida clara para aumentar la recepción de solicitantes de asilo y el tratamiento de sus solicitudes, como exigía la ley. Cuando comenzó de nuevo a aceptar algunas solicitudes de asilo, la CBP recibió sólo a entre 20 y 40 solicitantes de asilo al día como máximo en mayo y junio de 2018, y a veces menos, según ONG activas en la frontera de California con México.
Rechazando sistemáticamente a las personas solicitantes de asilo en el puerto de entrada de San Ysidro, la CBP las obligaba a continuar haciendo cola en Tijuana, pese a que esta ciudad no es segura para todas las personas solicitantes de asilo ni está reconocida como tal por las autoridades estadounidenses. Los funcionarios de la CBP y el INM dejaron la gestión de las colas en manos de las personas solicitantes de asilo mismas, que elaboraban listas escritas de todas las que esperan a solicitar a asilo.
El 8 de mayo, la lista de espera para solicitar asilo en el puerto de entrada de San Ysidro había aumentado hasta contener ya a 350 personas. Un mes más tarde, el 10 de junio, la cifra había ascendido hasta 1.200 personas solicitantes de asilo, que vivían sumidas en una situación de incertidumbre. El 5 de julio, Los Angeles Times informó de que la lista de personas solicitantes de asilo que esperaban en Tijuana a ser recibidas por la CBP era ya de casi 2.000.
A fecha de 20 de agosto de 2018, un abogado estadounidense de inmigración de la frontera entre Tijuana y San Diego informó de que la lista de espera para solicitar asilo en El Chaparral era todavía de más de 1.000 personas. Las personas solicitantes de asilo que intentaban presentarse a la CBP sin estar en la lista de espera eran rechazadas sistemáticamente, incluso si eran menores no acompañados o personas en situación de especial vulnerabilidad, con quienes no se hacía ninguna distinción ni tenían tampoco ninguna prioridad.
En junio y agosto de 2018, Amnistía Internacional recibió información de dos organizaciones de derechos humanos activas en Tijuana, según la cual los funcionarios mexicanos de inmigración habían empezado a comprobar los documentos de identidad de algunas de las personas solicitantes de asilo que guardaban cola ante el puerto de entrada y habían detenido a varias con miras a su deportación.
Según la información recibida, en agosto de 2018 el INM detuvo a personas solicitantes de asilo no mexicanas, a quienes sacó de la cola física formada ante el puerto de entrada, y, en algunos casos, dispuso su expulsión de México. Al hacerlo, el INM clasificó a las personas solicitantes de asilo por nacionalidad y las dividió en tres grupos: solicitantes de asilo de México, solicitantes de asilo de Centroamérica y solicitantes de asilo de otras partes (en su mayoría de África). De acuerdo con la información recibida, las personas solicitantes de asilo no mexicanas que se hallaban en situación irregular en México fueron puestas bajo custodia y trasladadas a un centro de detención del INM. Entre ellas figuraban un joven y un menor no acompañado que se alojaban en un albergue local, con cuya mediación fueron puestos en libertad. Según informes, estaba prevista ya su expulsión, y el INM se había puesto ya en contacto con su consulado para proceder a la repatriación, por lo que es probable que hubieran sido deportados si no interviene el albergue. LA CBP rechazó a ambos en el puerto de entrada de San Ysidro a mediados de septiembre de 2018, según un abogado de inmigración de Tijuana que seguía sus casos.
Los equipos de investigación de Amnistía Internacional en México y Estados Unidos dejaron mensajes para el delegado del INM en Baja California a finales de agosto y principios de septiembre de 2018, solicitando hablar de estos incidentes de los que se había tenido noticia, pero no recibieron respuesta. A pesar de ser consciente de los riesgos que las personas solicitantes de asilo corren en México, la CBP continúa obligándolas a quedarse allí.
FRONTERA DE ARIZONA CON MÉXICO
Cuando Amnistía Internacional vistió el puerto de entrada de DeConcini de Nogales, Arizona, el 4 de mayo de 2018, no parecía haber colas ni demoras en la recepción de solicitantes de asilo en la frontera. A la semana siguiente, el 12 de mayo, la organización de ayuda humanitaria Kino Border Initiative (KBI) informó de que la CBP había comenzado a hacer esperar a las personas solicitantes de asilo en México, debido a supuestas limitaciones de espacio dentro del puerto de entrada. Los agentes de la CBP encargados de los torniquetes de acceso comprobaban los documentos de identidad antes de dejar pasar a la gente al vestíbulo del puerto de entrada. El 17 de mayo de 2018, KBI comunicó a Amnistía Internacional que la CBP había paralizado al final las recepciones, generando una situación que se agravó durante las 10 semanas siguientes, a medida que la CBP obligaba a centenares de solicitantes de asilo a esperar en México antes de permitirles presentar su solicitud.
Según KBI, del 20 de mayo al 22 de junio, la, CBP tramitó entre 5 y 10 solicitudes al día por término medio y obligó a quienes querían solicitar asilo a esperar en colas de entre 50 y 120 personas en el lado mexicano del puesto fronterizo de Nogales. Las personas de las colas soportaban temperaturas estivales que superaban a veces los 40 grados durante periodos de entre varios días y más de dos semanas.
Mientras la CBP obligaba a esas personas a guardar cola con temperaturas extremas, el número global de personas sin la condición jurídica necesaria para entrar en Estados Unidos que eran atendidas en el puerto de entrada pareció descender de mayo a junio y no fue mayor que otros meses.
El funcionario del INM explicó que entendía que la solicitud de las autoridades estadounidenses significaba implícitamente que el INM debía deportar a las personas solicitantes de asilo en situación irregular en México a los países de origen de los que habían huido.
Al final de julio, la CBP comenzó temporalmente a atender a solicitantes de asilo a un ritmo más normal, tras la prolongada presión de KBI y otros grupos que prestaban ayuda humanitaria y jurídica a esas personas en Nogales. Sin embargo, en la última semana de agosto empezó de nuevo a ralentizar el tratamiento de solicitudes de asilo, y el 4 y el 5 septiembre se negó totalmente a aceptar solicitudes. A mediados y finales de septiembre, la CBP estaba otra vez obligando a las personas solicitantes de asilo a esperar en México durante periodos de hasta dos semanas antes de permitirles presentar sus solicitudes y atendía a sólo a dos familias al día por término medio, según KBI.
FRONTERA DE TEXAS CON MÉXICO
De mayo a agosto de 2018, la CBP aplicó sistemáticamente su política de expulsiones ilegales en los puertos de entrada a largo de toda la frontera de Texas con México, obligando a las personas solicitantes de asilo a esperar en condiciones de calor extremo y devolviéndolas a menudo a situaciones donde corrían riesgo de sufrir daños y explotación en algunas de las ciudades más peligrosas de México.
Del 12 al 14 de junio, Amnistía Internacional estuvo observando a las personas solicitantes de asilo que esperaban en cola a ser recibidas por la CBP en el puente internacional entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, México. En una escena que se ha vuelto ya común desde El Paso hasta el Valle del Río Grande, tres funcionarios de la CBP se habían situado en medio del puente, aparentemente para seleccionar a la gente e impedirle llegar al puerto de entrada. Sentadas en cola en el lado mexicano del puente había alrededor de 40 personas solicitantes de asilo de Latinoamérica.
De mayo a agosto de 2018, las ONG informaron a Amnistía Internacional de escenas similares en múltiples puentes internacionales más de la frontera de Texas con México. La CBP había instalado puestos temporales de control en el centro de los puentes internacionales con México de El Paso, Laredo, Roma, McAllen y Brownsville. Según los equipos de observación, los puestos de control estaban atendidos normalmente por tres agentes de la CBP que comprobaban la documentación fundamentalmente de las personas de aspecto latinoamericano que se acercaban a la frontera y negaban luego el acceso al puerto de entrada a las que eran solicitantes de asilo, a quienes ordenaban volver a México. Las colas de solicitantes de asilo eran normalmente de entre 20 y más de 50 personas, que esperaban días o semanas con temperaturas a veces de más de 40 grados. En algunos casos, los puertos de entrada estadounidenses estaban casi vacíos.
Un coordinador de asuntos jurídicos de la organización Annunciation House de El Paso explicó que los agentes de la CBP habían dicho que “tenían órdenes de Washington” y estaban siguiendo las instrucciones de altos cargos de la administración Trump: “Tenemos órdenes de no dejar entrar a nadie”. “Es una política para toda la frontera”. “No hay sitio para ellas ahora mismo. Se puede esperar en la cola. Cuando haya sitio podrán entrar”. “Es una orden de [el fiscal general] Sessions”.
En julio de 2018, en el lado mexicano de los puentes, tres funcionarios mexicanos de inmigración informaron a la abogada estadounidense de inmigración Jennifer Harbury de que estaban seleccionando a las personas solicitantes de asilo e impidiéndoles el acceso a los puertos de entrada de Estados Unidos a instancias de la CBP. Uno de ellos le dijo: “Sí, es un programa de colaboración que estamos haciendo con los estadounidenses”. Los funcionarios de inmigración estaban deteniendo a las personas no mexicanas que carecían de visado mexicano de tránsito válido y las amenazaban con la deportación si volvían al puente. A mitad del puente, la CBP seleccionaba de nuevo a las personas que habían podido pasar el filtro de inmigración de México y las obligaba a esperar en la parte mexicana del puente. Según Jennifer Harbury, los agentes de inmigración mexicanos la informaron de que, cuando las personas solicitantes de asilo llegaban al puente sin documentos de viaje mexicanos válidos, los agentes de la CBP los llamaban para que las echaran de allí.
La abogada informó a Amnistía Internacional de que había hablado con dos madres hondureñas a quienes los funcionarios mexicanos de inmigración habían detenido por carecer del debido visado de tránsito. Una de ellas estaba embarazada y había estado detenida, junto con su hijo de corta edad, durante cuatro días. La otra había estado detenida con sus cuatro hijos durante siete días, y los funcionarios mexicanos de inmigración le habían dicho que si volvían otra vez al puente deportarían a su familia.
En dos puertos de entrada, las autoridades estadounidenses dejaron de recibir solicitudes de asilo temporalmente. El 17 de julio, los agentes de la CBP apostados en el centro del puente internacional Roma–Miguel Alemán informaron a Jennifer Harbury de que la CBP no aceptaba ya solicitudes de asilo en el puerto de entrada de Roma y de que estaban indicando a las personas solicitantes de asilo que fueran al puente de Reynosa, situado a unos 100 kilómetros de allí, pese al peligro de tener que viajar por un territorio del lado mexicano de la frontera controlado por cárteles. El 17 de agosto de 2018, KBI informó a Amnistía Internacional de que los funcionarios de la CBP y el INM habían cerrado el puerto de entrada de Laredo e indicado a las personas solicitantes de asilo que fueran al de Eagle Pass. Según la información proporcionada, en este puerto de entrada la CBP les decía que se inscribieran en una lista de espera gestionada por el gobierno municipal. Al parecer, la CBP atendía sólo a siete personas al día, mientras más de 100 solicitantes de asilo esperaban en albergues improvisados en Piedras Negras, en algunos casos sin que las autoridades municipales les permitieran inscribirse en la lista de espera. Entre quienes esperaban había familias con hijos e hijas de corta edad, algunos de los cuales estaban enfermos y necesitaban recibir atención médica en el hospital local. KBI informó de que muchas de esas personas solicitantes de asilo se habían marchado de Piedras Negras tras disuadirlas la CBP y las autoridades municipales de solicitar asilo en el puerto de entrada.
Mientras centenares de solicitantes de asilo, incluidas familias con niños y niñas, esperaban en el lado
mexicano de los puentes internacionales durante periodos de hasta tres semanas, las condiciones de seguridad en las ciudades fronterizas del Valle de Río Grande se deterioraron precipitadamente. En agosto de 2018, el Departamento de Estado estadounidense emitió una declaración pública en la que aconsejaba no viajar al lado mexicano de la frontera con el estado de Tamaulipas debido a los secuestros, asesinatos y otros actos generalizados de violencia contra civiles, de los que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no podían protegerlos.
“PARECE QUE TODO EL MUNDO QUIERE MATARNOS”: DEVUELTAS A SITUACIONES DE PELIGRO
En abril y mayo de 2018, Amnistía Internacional documentó en tiempo real las nefastas consecuencias de la negativa de la CBP a recibir peticiones de protección de las personas solicitantes de asilo que habían llegado en “caravana” al puerto de entrada de San Ysidro, en la frontera de California con México, el 29 de abril.
El equipo de investigación de la organización visitó en Tijuana un albergue para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) que acogía a un grupo de más de 32 solicitantes de asilo transgénero de Centroamérica que habían viajado con la caravana y a quienes la CBP había rechazado reiteradamente en el puerto de entrada de San Ysidro. El 30 de abril de madrugada, tras haber sido rechazadas por primera vez por la CBP, dos mujeres transgénero guatemaltecas del grupo fueron detenidas en Tijuana por la policía municipal cerca del puerto de entrada. Pasaron más de un día en la cárcel, junto con otras tras mujeres transgénero latinoamericanas a quienes la policía había detenido por separado en la calle.
El 2 de mayo, una de las dos mujeres guatemaltecas, Maritza, contó así, a Amnistía Internacional, lo que le había ocurrido: “Entonces los policías vienen conmigo y me dicen: ‘Súbete a la patrulla’, y les pregunté: ‘¿por qué?, si no estoy haciendo nada [...]’. Me preguntaron por mis papeles, y no los tenía. Les dije que yo venía de la caravana, pero no les importó. Me subieron a la patrulla.” Según Maritza, la otra mujer guatemalteca de la caravana dijo que la policía municipal la había golpeado estando ya detenida y tenía una herida en el cuello.
El 6 de mayo, un grupo de seis hombres armados asaltaron un albergue donde había 11 solicitantes de asilo LGBTI (incluidos menores y mujeres transgénero de la caravana) quemando la puerta y robaron. La persona que representaba jurídicamente al albergue informó a Amnistía Internacional de que los hombres regresaron al cabo de unas horas profiriendo insultos homófobos contra las personas solicitantes de asilo y amenazando con matarlas si no se marchaban del vecindario. “Parece que todo el mundo quiere matarnos”, escribió en Facebook la persona que coordinaba el grupo de solicitantes de asilo transgénero. Tras estas amenazas de muerte, 11 solicitantes de asilo LGBTI volvieron al puerto de entrada de San Ysidro con una abogada de inmigración estadounidense para presentar sus solicitudes. El grupo estaba formado por mujeres trans y por menores trans y gays no acompañados. Los funcionarios de la CBP afirmaron que no tenían aún capacidad para recibir las solicitudes de asilo del grupo y volvieron a rechazar a sus integrantes a pesar de las amenazas de muerte recibidas en México y del riesgo de detención y deportación por la policía mexicana.
Las reiteradas expulsiones ilegales de las personas integrantes de la caravana llevadas a cabo por la CBP sometieron a esas personas a una situación de mayor vulnerabilidad a nuevas violaciones de derechos humanos mientras esperaban en México; en resumen, pusieron a personas refugiadas en peligro.
El 29 de abril, inmediatamente después de la expulsión ilegal masiva de solicitantes de asilo de la caravana, el delegado jefe en Baja California del Instituto Nacional de Inmigración (INM) mexicano expresó a Amnistía Internacional sus dudas acerca de las limitaciones de capacidad que la CBP afirmaba tener y manifestó la frustración que le producía el hecho de dejar que fuera el INM el que hiciera el trabajo sucio: “A los estadounidenses [la CBP] les trae totalmente sin cuidado lo que está pasando en esa plaza hoy. Pero sí se preocupan por lo que está pasando hoy en la frontera, justo ahí: esas 20 personas sí les preocupan”, dijo, refiriéndose a las 20 personas solicitantes de asilo a quienes el INM había permitido sentarse en los torniquetes de acceso al vestíbulo donde las autoridades de la CBP recibían las solicitudes de asilo.
Revelando hechos que constituían un claro incumplimiento de las obligaciones contraída por Estados Unidos en virtud del derecho de refugiados, el delegado del INM informó a Amnistía Internacional
de que la CBP había pedido al INM que se llevara a esas 20 personas solicitantes de asilo de los torniquetes de acceso y sacara al resto de las personas de la caravana de la plaza de El Chaparral, donde estaban acampadas en el lado mexicano del puerto de entrada. El delegado del INM dijo que en la petición de la CBP se indicaba implícitamente que esas detenciones podían dar lugar a que el INM deportara a las personas solicitantes de asilo que se encontraran de manera irregular en México.
“Todo el mundo sabe que está a punto de caducarle el visado [de tránsito]”, explicó. Calculaba que “si saliera ahora mismo ahí e hiciera una batida de inmigración en la plaza”, el 40% de las personas solicitantes de asilo no tendrían ya la condición jurídica necesaria para estar en México y podrían correr riesgo de deportación.
La delegación de Amnistía Internacional dijo al delegado del INM que despejar la plaza constituiría una violación grave no sólo del derecho a solicitar asilo, sino también del derecho a la libertad de reunión y, posiblemente, de la prohibición de deportar a solicitantes de asilo a situaciones de persecución en sus países de origen.
El delegado respondió a Amnistía Internacional lo siguiente: “Si permitimos que se forme aquí un campamento de migrantes, dentro de seis meses será Calais ¡Los franceses acabaron quemándolo!”, dijo, refiriéndose al campamento de solicitantes de asilo formado en Francia en 2015 y 2016.
EXTERNALIZACIÓN: MÉXICO NO ES UN “PAÍS SEGURO” PARA TODAS LAS PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO
Al mismo tiempo que llevaba a cabo su campaña sistemática de expulsiones ilegales a lo largo de la frontera mexicano-estadounidense en 2018, el gobierno de Estados Unidos intentó negociar un “acuerdo de tercer país seguro” con México. En virtud de tal acuerdo, el fiscal general estadounidense reconocería a México como país de destino “seguro” para las personas solicitantes de asilo, lo que implicaba que ninguna estaría expuesta a sufrir persecución ni otras violaciones de derechos humanos si fuera reenviada allí o devuelta desde México a otro país. Este reconocimiento autorizaría a las autoridades fronterizas estadounidenses a rechazar todas las solicitudes de protección de solicitantes de asilo que llegaran a Estados Unidos desde México, excepto en el caso de que fueran de nacionalidad mexicana o temieran sufrir persecución en el propio México.
De acuerdo con la legislación estadounidense, México podría ser declarado “tercer país seguro” únicamente si las personas solicitantes de asilo no vieran “su vida o su libertad” amenazadas allí y tuvieran acceso a un procedimiento completo y justo de determinación de la solicitud de asilo. El fatal problema de este plan de Estados Unidos es que México no es de manera uniforme un país seguro para todas las personas solicitantes de asilo.
En un informe de 2018, Amnistía Internacional determinó que las autoridades del INM devolvían a sus países de origen a miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala sin tener en cuenta los riesgos y amenazas para su vida y su seguridad a su regreso, con lo que infringían la legislación mexicana y el derecho internacional. En una encuesta realizada a 297 personas que habían sido detenidas por el INM, el 75% de las solicitantes de asilo dijeron a Amnistía Internacional que el INM no las había informado de su derecho a solicitar asilo en México, y ello a pesar de que la legislación mexicana lo dispone expresamente así y de que los funcionarios públicos aseguraron a Amnistía Internacional que la disposición se cumple. Lo que es aun más alarmante, Amnistía Internacional determinó que el INM había deportado al 40% de las personas a sus países de origen a pesar de que habían solicitado explícitamente asilo en México o expresado temor por su vida en sus países de origen.
Amnistía Internacional ha documentado también frecuentes casos de solicitantes de asilo en tránsito por México que sufren discriminación, explotación, agresiones sexuales, asesinato o desaparición, y detención y palizas a manos de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Estados Unidos no puede adoptar legítimamente un “acuerdo de tercer país seguro” con el fin de rechazar a solicitantes de asilo en sus puertos de entrada si México está incumpliendo claramente su propia obligación de proteger a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. México no presta protección efectiva a todas las personas solicitantes de asilo, así que no puede ser considerado ni tratado como país seguro de manera uniforme para ellas. De acuerdo con la legislación estadounidense, las autoridades del DHS tienen que someter a evaluaciones individualizadas y justas todas las solicitudes de asilo presentadas por personas que pidan protección en las fronteras y en el territorio de Estados Unidos. Por consiguiente, toda persona solicitante de asilo que se encuentre en Estados Unidos ha de poder presentar su solicitud para que sea recibida y evaluada de manera justa e imparcial, atendiendo a sus circunstancias particulares.
Amnistía Internacional se opone a toda política nacional que envíe automáticamente a las personas solicitantes de asilo y refugiadas a un tercer país supuestamente “seguro” (donde es presumible que recibirán protección), porque menoscaba la obligación de las autoridades de realizar evaluaciones individualizadas de las solicitudes de asilo y del riesgo que pueda correr la persona tanto en el país de origen como en el tercer país. Sin una evaluación individualizada de cada solicitud de asilo se corre un gran riesgo de devolución a situaciones de malos tratos, persecución y otros daños irreparables, violando los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo. Por este motivo, Amnistía Internacional se opuso y continúa oponiéndose al acuerdo de tercer país seguro entre Canadá y Estados Unidos.
En su informe de febrero de 2018 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes amonestó igualmente a los gobiernos por intentar negociar acuerdos de tercer país seguro, que, en su opinión, eran fundamentalmente ilegales.
FRONTERA DE CALIFORNIA CON MÉXICO
La llegada de un gran grupo de solicitantes de asilo al puerto de entrada de San Ysidro el 29 de abril de 2018 fue un punto de inflexión, en el que la frecuencia y la escala de las expulsiones ilegales de solicitantes de asilo de la CBP aumentaron a todo lo largo de la frontera mexicano-estadounidense. Tras un viaje al norte de un mes de duración a través de México, en abril llegaron a Tijuana un grupo de alrededor de 200 personas centroamericanas que viajaban juntas en “caravana”, con intención de solicitar asilo en Estados Unidos en el puerto de entrada de San Ysidro. La mayoría de estas personas solicitantes de asilo eran familias procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, la mitad eran niños y niñas y aproximadamente el 15% eran personas transgénero.
En los últimos años han viajado juntos hasta la frontera mexicano-estadounidense grupos similares de solicitantes de asilo del Triángulo Norte, que encuentran así un paso seguro frente a la explotación, los abusos y otras formas de violencia que sufren a menudo en su viaje a través de México. En mayo y noviembre de 2017, respectivamente, dos caravanas de menor tamaño, que sumaban en total alrededor de 125 solicitantes de asilo entre ambas, fueron recibidas con rapidez y eficiencia por la CBP en el puerto de entrada de San Ysidro, donde estaban a la espera de su llegada.
Sin embargo, con la caravana de abril de 2018, la administración Trump marcó el comienzo de su política de facto de expulsión ilegal de solicitantes de asilo a México. El presidente Trump aprovechó la visibilidad de este grupo de solicitantes de asilo de gran tamaño para molestar a la caravana en Twitter durante cuatro semanas antes de su llegada a Tijuana. Se refirió también a ella para justificar el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera mexicano-estadounidense, aun cuando el grupo pensaba presentarse formalmente en un puerto de entrada oficial de Estados Unidos. La semana anterior a la llegada de la caravana a Tijuana, la secretaria de Seguridad Nacional hizo dos declaraciones en las que llamó delincuentes a las personas solicitantes de asilo y amenazó con procesarlas o mantenerlas detenidas indefinidamente mientras se tomaba una decisión sobre sus solicitudes de asilo, hasta que el DHS pudiera deportarlas a sus países de origen.
Amnistía Internacional envió un equipo de investigación para observar la acogida dispensada por la CBP a las personas participantes en la caravana el 29 de abril de 2018, cuando tenían previsto solicitar asilo en la frontera estadounidense. A pesar de las reiteradas solicitudes de reunión formuladas antes de la llegada de la caravana, tanto en la oficina de campo de San Diego como en el puerto de entrada de San Ysidro, las autoridades de la CBP se negaron a reunirse con Amnistía Internacional o a proporcionar información sobre su capacidad o preparación para recibir a las personas solicitantes de asilo. Cuando el equipo de investigación de Amnistía Internacional solicitó una reunión imprevista con el responsable del puerto de entrada de San Ysidro antes de la llegada de la caravana el 29 de abril, la subdirección de puertos de entrada de la CBP acusó a la organización de intentar “colarse” en el puerto de entrada para conseguir información y ordenó al equipo salir de allí.
Horas después, la CBP cerró por completo sus puertas a unos 150 solicitantes de asilo de la caravana cuando se aproximaron al puerto de entrada. Esta expulsión ilegal masiva se produjo minutos después de una conferencia de prensa en la que las personas participantes en la caravana anunciaron su intención de solicitar asilo y tras la cual marcharon hacia el puerto de entrada de San Ysidro para presentarse en él. Inmediatamente antes de la llegada de la caravana, la CBP envió por correo electrónico a los medios de comunicación una declaración pública anunciando el cierre de sus puertas a las personas solicitantes de asilo debido a limitaciones de “capacidad” y en la que, no obstante, se les ordenaba presentarse “legalmente” en el puerto de entrada cerrado o se enfrentarían a procesamiento.
Este anuncio de la CBP contrastaba notablemente con la declaración hecha por la secretaria Nielsen una semana antes, cuando afirmó que el DHS estaba desplegando más agentes de asilo y otro personal para resolver con rapidez las solicitudes de esas mismas personas de la caravana que estaban solicitando asilo.
A juzgar por la declaración de la secretaria Nielsen y dado que la administración había estado siguiendo la marcha de la caravana por México durante un mes, es evidente que el DHS tenía capacidad para disponer sus recursos en consecuencia a fin de prepararse para la llegada del grupo y recibir a las personas solicitantes de asilo con necesidad de protección internacional en la frontera estadounidense.
Tras la desastrosa acogida de la CBP a la caravana de solicitantes de asilo en abril y mayo de 2018, los funcionarios de la CBP continuaron rechazando sistemáticamente a solicitantes de asilo en el puerto de entrada de San Ysidro y no adoptaron ninguna medida clara para aumentar la recepción de solicitantes de asilo y el tratamiento de sus solicitudes, como exigía la ley. Cuando comenzó de nuevo a aceptar algunas solicitudes de asilo, la CBP recibió sólo a entre 20 y 40 solicitantes de asilo al día como máximo en mayo y junio de 2018, y a veces menos, según ONG activas en la frontera de California con México.
Rechazando sistemáticamente a las personas solicitantes de asilo en el puerto de entrada de San Ysidro, la CBP las obligaba a continuar haciendo cola en Tijuana, pese a que esta ciudad no es segura para todas las personas solicitantes de asilo ni está reconocida como tal por las autoridades estadounidenses. Los funcionarios de la CBP y el INM dejaron la gestión de las colas en manos de las personas solicitantes de asilo mismas, que elaboraban listas escritas de todas las que esperan a solicitar a asilo.
El 8 de mayo, la lista de espera para solicitar asilo en el puerto de entrada de San Ysidro había aumentado hasta contener ya a 350 personas. Un mes más tarde, el 10 de junio, la cifra había ascendido hasta 1.200 personas solicitantes de asilo, que vivían sumidas en una situación de incertidumbre. El 5 de julio, Los Angeles Times informó de que la lista de personas solicitantes de asilo que esperaban en Tijuana a ser recibidas por la CBP era ya de casi 2.000.
A fecha de 20 de agosto de 2018, un abogado estadounidense de inmigración de la frontera entre Tijuana y San Diego informó de que la lista de espera para solicitar asilo en El Chaparral era todavía de más de 1.000 personas. Las personas solicitantes de asilo que intentaban presentarse a la CBP sin estar en la lista de espera eran rechazadas sistemáticamente, incluso si eran menores no acompañados o personas en situación de especial vulnerabilidad, con quienes no se hacía ninguna distinción ni tenían tampoco ninguna prioridad.
En junio y agosto de 2018, Amnistía Internacional recibió información de dos organizaciones de derechos humanos activas en Tijuana, según la cual los funcionarios mexicanos de inmigración habían empezado a comprobar los documentos de identidad de algunas de las personas solicitantes de asilo que guardaban cola ante el puerto de entrada y habían detenido a varias con miras a su deportación.
Según la información recibida, en agosto de 2018 el INM detuvo a personas solicitantes de asilo no mexicanas, a quienes sacó de la cola física formada ante el puerto de entrada, y, en algunos casos, dispuso su expulsión de México. Al hacerlo, el INM clasificó a las personas solicitantes de asilo por nacionalidad y las dividió en tres grupos: solicitantes de asilo de México, solicitantes de asilo de Centroamérica y solicitantes de asilo de otras partes (en su mayoría de África). De acuerdo con la información recibida, las personas solicitantes de asilo no mexicanas que se hallaban en situación irregular en México fueron puestas bajo custodia y trasladadas a un centro de detención del INM. Entre ellas figuraban un joven y un menor no acompañado que se alojaban en un albergue local, con cuya mediación fueron puestos en libertad. Según informes, estaba prevista ya su expulsión, y el INM se había puesto ya en contacto con su consulado para proceder a la repatriación, por lo que es probable que hubieran sido deportados si no interviene el albergue. LA CBP rechazó a ambos en el puerto de entrada de San Ysidro a mediados de septiembre de 2018, según un abogado de inmigración de Tijuana que seguía sus casos.
Los equipos de investigación de Amnistía Internacional en México y Estados Unidos dejaron mensajes para el delegado del INM en Baja California a finales de agosto y principios de septiembre de 2018, solicitando hablar de estos incidentes de los que se había tenido noticia, pero no recibieron respuesta. A pesar de ser consciente de los riesgos que las personas solicitantes de asilo corren en México, la CBP continúa obligándolas a quedarse allí.
FRONTERA DE ARIZONA CON MÉXICO
Cuando Amnistía Internacional vistió el puerto de entrada de DeConcini de Nogales, Arizona, el 4 de mayo de 2018, no parecía haber colas ni demoras en la recepción de solicitantes de asilo en la frontera. A la semana siguiente, el 12 de mayo, la organización de ayuda humanitaria Kino Border Initiative (KBI) informó de que la CBP había comenzado a hacer esperar a las personas solicitantes de asilo en México, debido a supuestas limitaciones de espacio dentro del puerto de entrada. Los agentes de la CBP encargados de los torniquetes de acceso comprobaban los documentos de identidad antes de dejar pasar a la gente al vestíbulo del puerto de entrada. El 17 de mayo de 2018, KBI comunicó a Amnistía Internacional que la CBP había paralizado al final las recepciones, generando una situación que se agravó durante las 10 semanas siguientes, a medida que la CBP obligaba a centenares de solicitantes de asilo a esperar en México antes de permitirles presentar su solicitud.
Según KBI, del 20 de mayo al 22 de junio, la, CBP tramitó entre 5 y 10 solicitudes al día por término medio y obligó a quienes querían solicitar asilo a esperar en colas de entre 50 y 120 personas en el lado mexicano del puesto fronterizo de Nogales. Las personas de las colas soportaban temperaturas estivales que superaban a veces los 40 grados durante periodos de entre varios días y más de dos semanas.
Mientras la CBP obligaba a esas personas a guardar cola con temperaturas extremas, el número global de personas sin la condición jurídica necesaria para entrar en Estados Unidos que eran atendidas en el puerto de entrada pareció descender de mayo a junio y no fue mayor que otros meses.
El funcionario del INM explicó que entendía que la solicitud de las autoridades estadounidenses significaba implícitamente que el INM debía deportar a las personas solicitantes de asilo en situación irregular en México a los países de origen de los que habían huido.
Al final de julio, la CBP comenzó temporalmente a atender a solicitantes de asilo a un ritmo más normal, tras la prolongada presión de KBI y otros grupos que prestaban ayuda humanitaria y jurídica a esas personas en Nogales. Sin embargo, en la última semana de agosto empezó de nuevo a ralentizar el tratamiento de solicitudes de asilo, y el 4 y el 5 septiembre se negó totalmente a aceptar solicitudes. A mediados y finales de septiembre, la CBP estaba otra vez obligando a las personas solicitantes de asilo a esperar en México durante periodos de hasta dos semanas antes de permitirles presentar sus solicitudes y atendía a sólo a dos familias al día por término medio, según KBI.
FRONTERA DE TEXAS CON MÉXICO
De mayo a agosto de 2018, la CBP aplicó sistemáticamente su política de expulsiones ilegales en los puertos de entrada a largo de toda la frontera de Texas con México, obligando a las personas solicitantes de asilo a esperar en condiciones de calor extremo y devolviéndolas a menudo a situaciones donde corrían riesgo de sufrir daños y explotación en algunas de las ciudades más peligrosas de México.
Del 12 al 14 de junio, Amnistía Internacional estuvo observando a las personas solicitantes de asilo que esperaban en cola a ser recibidas por la CBP en el puente internacional entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, México. En una escena que se ha vuelto ya común desde El Paso hasta el Valle del Río Grande, tres funcionarios de la CBP se habían situado en medio del puente, aparentemente para seleccionar a la gente e impedirle llegar al puerto de entrada. Sentadas en cola en el lado mexicano del puente había alrededor de 40 personas solicitantes de asilo de Latinoamérica.
De mayo a agosto de 2018, las ONG informaron a Amnistía Internacional de escenas similares en múltiples puentes internacionales más de la frontera de Texas con México. La CBP había instalado puestos temporales de control en el centro de los puentes internacionales con México de El Paso, Laredo, Roma, McAllen y Brownsville. Según los equipos de observación, los puestos de control estaban atendidos normalmente por tres agentes de la CBP que comprobaban la documentación fundamentalmente de las personas de aspecto latinoamericano que se acercaban a la frontera y negaban luego el acceso al puerto de entrada a las que eran solicitantes de asilo, a quienes ordenaban volver a México. Las colas de solicitantes de asilo eran normalmente de entre 20 y más de 50 personas, que esperaban días o semanas con temperaturas a veces de más de 40 grados. En algunos casos, los puertos de entrada estadounidenses estaban casi vacíos.
Un coordinador de asuntos jurídicos de la organización Annunciation House de El Paso explicó que los agentes de la CBP habían dicho que “tenían órdenes de Washington” y estaban siguiendo las instrucciones de altos cargos de la administración Trump: “Tenemos órdenes de no dejar entrar a nadie”. “Es una política para toda la frontera”. “No hay sitio para ellas ahora mismo. Se puede esperar en la cola. Cuando haya sitio podrán entrar”. “Es una orden de [el fiscal general] Sessions”.
En julio de 2018, en el lado mexicano de los puentes, tres funcionarios mexicanos de inmigración informaron a la abogada estadounidense de inmigración Jennifer Harbury de que estaban seleccionando a las personas solicitantes de asilo e impidiéndoles el acceso a los puertos de entrada de Estados Unidos a instancias de la CBP. Uno de ellos le dijo: “Sí, es un programa de colaboración que estamos haciendo con los estadounidenses”. Los funcionarios de inmigración estaban deteniendo a las personas no mexicanas que carecían de visado mexicano de tránsito válido y las amenazaban con la deportación si volvían al puente. A mitad del puente, la CBP seleccionaba de nuevo a las personas que habían podido pasar el filtro de inmigración de México y las obligaba a esperar en la parte mexicana del puente. Según Jennifer Harbury, los agentes de inmigración mexicanos la informaron de que, cuando las personas solicitantes de asilo llegaban al puente sin documentos de viaje mexicanos válidos, los agentes de la CBP los llamaban para que las echaran de allí.
La abogada informó a Amnistía Internacional de que había hablado con dos madres hondureñas a quienes los funcionarios mexicanos de inmigración habían detenido por carecer del debido visado de tránsito. Una de ellas estaba embarazada y había estado detenida, junto con su hijo de corta edad, durante cuatro días. La otra había estado detenida con sus cuatro hijos durante siete días, y los funcionarios mexicanos de inmigración le habían dicho que si volvían otra vez al puente deportarían a su familia.
En dos puertos de entrada, las autoridades estadounidenses dejaron de recibir solicitudes de asilo temporalmente. El 17 de julio, los agentes de la CBP apostados en el centro del puente internacional Roma–Miguel Alemán informaron a Jennifer Harbury de que la CBP no aceptaba ya solicitudes de asilo en el puerto de entrada de Roma y de que estaban indicando a las personas solicitantes de asilo que fueran al puente de Reynosa, situado a unos 100 kilómetros de allí, pese al peligro de tener que viajar por un territorio del lado mexicano de la frontera controlado por cárteles. El 17 de agosto de 2018, KBI informó a Amnistía Internacional de que los funcionarios de la CBP y el INM habían cerrado el puerto de entrada de Laredo e indicado a las personas solicitantes de asilo que fueran al de Eagle Pass. Según la información proporcionada, en este puerto de entrada la CBP les decía que se inscribieran en una lista de espera gestionada por el gobierno municipal. Al parecer, la CBP atendía sólo a siete personas al día, mientras más de 100 solicitantes de asilo esperaban en albergues improvisados en Piedras Negras, en algunos casos sin que las autoridades municipales les permitieran inscribirse en la lista de espera. Entre quienes esperaban había familias con hijos e hijas de corta edad, algunos de los cuales estaban enfermos y necesitaban recibir atención médica en el hospital local. KBI informó de que muchas de esas personas solicitantes de asilo se habían marchado de Piedras Negras tras disuadirlas la CBP y las autoridades municipales de solicitar asilo en el puerto de entrada.
Mientras centenares de solicitantes de asilo, incluidas familias con niños y niñas, esperaban en el lado
mexicano de los puentes internacionales durante periodos de hasta tres semanas, las condiciones de seguridad en las ciudades fronterizas del Valle de Río Grande se deterioraron precipitadamente. En agosto de 2018, el Departamento de Estado estadounidense emitió una declaración pública en la que aconsejaba no viajar al lado mexicano de la frontera con el estado de Tamaulipas debido a los secuestros, asesinatos y otros actos generalizados de violencia contra civiles, de los que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no podían protegerlos.
“PARECE QUE TODO EL MUNDO QUIERE MATARNOS”: DEVUELTAS A SITUACIONES DE PELIGRO
En abril y mayo de 2018, Amnistía Internacional documentó en tiempo real las nefastas consecuencias de la negativa de la CBP a recibir peticiones de protección de las personas solicitantes de asilo que habían llegado en “caravana” al puerto de entrada de San Ysidro, en la frontera de California con México, el 29 de abril.
El equipo de investigación de la organización visitó en Tijuana un albergue para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) que acogía a un grupo de más de 32 solicitantes de asilo transgénero de Centroamérica que habían viajado con la caravana y a quienes la CBP había rechazado reiteradamente en el puerto de entrada de San Ysidro. El 30 de abril de madrugada, tras haber sido rechazadas por primera vez por la CBP, dos mujeres transgénero guatemaltecas del grupo fueron detenidas en Tijuana por la policía municipal cerca del puerto de entrada. Pasaron más de un día en la cárcel, junto con otras tras mujeres transgénero latinoamericanas a quienes la policía había detenido por separado en la calle.
El 2 de mayo, una de las dos mujeres guatemaltecas, Maritza, contó así, a Amnistía Internacional, lo que le había ocurrido: “Entonces los policías vienen conmigo y me dicen: ‘Súbete a la patrulla’, y les pregunté: ‘¿por qué?, si no estoy haciendo nada [...]’. Me preguntaron por mis papeles, y no los tenía. Les dije que yo venía de la caravana, pero no les importó. Me subieron a la patrulla.” Según Maritza, la otra mujer guatemalteca de la caravana dijo que la policía municipal la había golpeado estando ya detenida y tenía una herida en el cuello.
El 6 de mayo, un grupo de seis hombres armados asaltaron un albergue donde había 11 solicitantes de asilo LGBTI (incluidos menores y mujeres transgénero de la caravana) quemando la puerta y robaron. La persona que representaba jurídicamente al albergue informó a Amnistía Internacional de que los hombres regresaron al cabo de unas horas profiriendo insultos homófobos contra las personas solicitantes de asilo y amenazando con matarlas si no se marchaban del vecindario. “Parece que todo el mundo quiere matarnos”, escribió en Facebook la persona que coordinaba el grupo de solicitantes de asilo transgénero. Tras estas amenazas de muerte, 11 solicitantes de asilo LGBTI volvieron al puerto de entrada de San Ysidro con una abogada de inmigración estadounidense para presentar sus solicitudes. El grupo estaba formado por mujeres trans y por menores trans y gays no acompañados. Los funcionarios de la CBP afirmaron que no tenían aún capacidad para recibir las solicitudes de asilo del grupo y volvieron a rechazar a sus integrantes a pesar de las amenazas de muerte recibidas en México y del riesgo de detención y deportación por la policía mexicana.
Las reiteradas expulsiones ilegales de las personas integrantes de la caravana llevadas a cabo por la CBP sometieron a esas personas a una situación de mayor vulnerabilidad a nuevas violaciones de derechos humanos mientras esperaban en México; en resumen, pusieron a personas refugiadas en peligro.
El 29 de abril, inmediatamente después de la expulsión ilegal masiva de solicitantes de asilo de la caravana, el delegado jefe en Baja California del Instituto Nacional de Inmigración (INM) mexicano expresó a Amnistía Internacional sus dudas acerca de las limitaciones de capacidad que la CBP afirmaba tener y manifestó la frustración que le producía el hecho de dejar que fuera el INM el que hiciera el trabajo sucio: “A los estadounidenses [la CBP] les trae totalmente sin cuidado lo que está pasando en esa plaza hoy. Pero sí se preocupan por lo que está pasando hoy en la frontera, justo ahí: esas 20 personas sí les preocupan”, dijo, refiriéndose a las 20 personas solicitantes de asilo a quienes el INM había permitido sentarse en los torniquetes de acceso al vestíbulo donde las autoridades de la CBP recibían las solicitudes de asilo.
Revelando hechos que constituían un claro incumplimiento de las obligaciones contraída por Estados Unidos en virtud del derecho de refugiados, el delegado del INM informó a Amnistía Internacional
de que la CBP había pedido al INM que se llevara a esas 20 personas solicitantes de asilo de los torniquetes de acceso y sacara al resto de las personas de la caravana de la plaza de El Chaparral, donde estaban acampadas en el lado mexicano del puerto de entrada. El delegado del INM dijo que en la petición de la CBP se indicaba implícitamente que esas detenciones podían dar lugar a que el INM deportara a las personas solicitantes de asilo que se encontraran de manera irregular en México.
“Todo el mundo sabe que está a punto de caducarle el visado [de tránsito]”, explicó. Calculaba que “si saliera ahora mismo ahí e hiciera una batida de inmigración en la plaza”, el 40% de las personas solicitantes de asilo no tendrían ya la condición jurídica necesaria para estar en México y podrían correr riesgo de deportación.
La delegación de Amnistía Internacional dijo al delegado del INM que despejar la plaza constituiría una violación grave no sólo del derecho a solicitar asilo, sino también del derecho a la libertad de reunión y, posiblemente, de la prohibición de deportar a solicitantes de asilo a situaciones de persecución en sus países de origen.
El delegado respondió a Amnistía Internacional lo siguiente: “Si permitimos que se forme aquí un campamento de migrantes, dentro de seis meses será Calais ¡Los franceses acabaron quemándolo!”, dijo, refiriéndose al campamento de solicitantes de asilo formado en Francia en 2015 y 2016.
EXTERNALIZACIÓN: MÉXICO NO ES UN “PAÍS SEGURO” PARA TODAS LAS PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO
Al mismo tiempo que llevaba a cabo su campaña sistemática de expulsiones ilegales a lo largo de la frontera mexicano-estadounidense en 2018, el gobierno de Estados Unidos intentó negociar un “acuerdo de tercer país seguro” con México. En virtud de tal acuerdo, el fiscal general estadounidense reconocería a México como país de destino “seguro” para las personas solicitantes de asilo, lo que implicaba que ninguna estaría expuesta a sufrir persecución ni otras violaciones de derechos humanos si fuera reenviada allí o devuelta desde México a otro país. Este reconocimiento autorizaría a las autoridades fronterizas estadounidenses a rechazar todas las solicitudes de protección de solicitantes de asilo que llegaran a Estados Unidos desde México, excepto en el caso de que fueran de nacionalidad mexicana o temieran sufrir persecución en el propio México.
De acuerdo con la legislación estadounidense, México podría ser declarado “tercer país seguro” únicamente si las personas solicitantes de asilo no vieran “su vida o su libertad” amenazadas allí y tuvieran acceso a un procedimiento completo y justo de determinación de la solicitud de asilo. El fatal problema de este plan de Estados Unidos es que México no es de manera uniforme un país seguro para todas las personas solicitantes de asilo.
En un informe de 2018, Amnistía Internacional determinó que las autoridades del INM devolvían a sus países de origen a miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala sin tener en cuenta los riesgos y amenazas para su vida y su seguridad a su regreso, con lo que infringían la legislación mexicana y el derecho internacional. En una encuesta realizada a 297 personas que habían sido detenidas por el INM, el 75% de las solicitantes de asilo dijeron a Amnistía Internacional que el INM no las había informado de su derecho a solicitar asilo en México, y ello a pesar de que la legislación mexicana lo dispone expresamente así y de que los funcionarios públicos aseguraron a Amnistía Internacional que la disposición se cumple. Lo que es aun más alarmante, Amnistía Internacional determinó que el INM había deportado al 40% de las personas a sus países de origen a pesar de que habían solicitado explícitamente asilo en México o expresado temor por su vida en sus países de origen.
Amnistía Internacional ha documentado también frecuentes casos de solicitantes de asilo en tránsito por México que sufren discriminación, explotación, agresiones sexuales, asesinato o desaparición, y detención y palizas a manos de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Estados Unidos no puede adoptar legítimamente un “acuerdo de tercer país seguro” con el fin de rechazar a solicitantes de asilo en sus puertos de entrada si México está incumpliendo claramente su propia obligación de proteger a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. México no presta protección efectiva a todas las personas solicitantes de asilo, así que no puede ser considerado ni tratado como país seguro de manera uniforme para ellas. De acuerdo con la legislación estadounidense, las autoridades del DHS tienen que someter a evaluaciones individualizadas y justas todas las solicitudes de asilo presentadas por personas que pidan protección en las fronteras y en el territorio de Estados Unidos. Por consiguiente, toda persona solicitante de asilo que se encuentre en Estados Unidos ha de poder presentar su solicitud para que sea recibida y evaluada de manera justa e imparcial, atendiendo a sus circunstancias particulares.
Amnistía Internacional se opone a toda política nacional que envíe automáticamente a las personas solicitantes de asilo y refugiadas a un tercer país supuestamente “seguro” (donde es presumible que recibirán protección), porque menoscaba la obligación de las autoridades de realizar evaluaciones individualizadas de las solicitudes de asilo y del riesgo que pueda correr la persona tanto en el país de origen como en el tercer país. Sin una evaluación individualizada de cada solicitud de asilo se corre un gran riesgo de devolución a situaciones de malos tratos, persecución y otros daños irreparables, violando los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo. Por este motivo, Amnistía Internacional se opuso y continúa oponiéndose al acuerdo de tercer país seguro entre Canadá y Estados Unidos.
En su informe de febrero de 2018 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes amonestó igualmente a los gobiernos por intentar negociar acuerdos de tercer país seguro, que, en su opinión, eran fundamentalmente ilegales.
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