Problema migratorio en EEUU: La detención de familias no es solución
* * copiado tal cual del informe: EEUU: "Tú no tienes ningún derecho aquí". Expulsiones ilegales en la frontera, detención arbitraria y malos tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos" de Amnistía Internacional
A pesar de la indignación mundial suscitada por las separaciones de familias llevadas a cabo en aplicación de la política de “tolerancia cero”, la administración Trump no ha renegado nunca de sus dañinas política y práctica de separación de familias ni ha ofrecido reparación ni indemnización adecuadas por los daños causados con ellas a miles de familias, En vez de ello ha intentado continuar separando a familias solicitantes de asilo siempre que ha sido posible.
El 20 de junio de 2018, el presidente Trump capituló a las presiones políticas de Estados Unidos y firmó una orden ejecutiva que pondría fin, afirmó, a la separación de familias. Sin embargo, lo cierto es que la orden ha servido para lo siguiente:
- dejar abierta la posibilidad de separar a las familias, como las autoridades estadounidenses llevaban ya al menos un año haciendo arbitrariamente antes de la política revocada de separaciones preceptivas;
- no hacer nada para reunir a los más de 2.600 niños y niñas que permanecen separados a la fuerza de sus progenitores;
- no impedir la política de procesar a las personas adultas que cruzan la frontera de manera irregular en busca de seguridad;
- establecer la detención indefinida de niños y niñas con sus progenitores mientras se toma una decisión sobre sus solicitudes de asilo, lo que es ilegal en Estados Unidos según el Acuerdo Flores de 1997, que regula el trato debido a los menores migrantes detenidos por motivos de inmigración y bajo custodia estadounidense y amenaza con causar aún más daño a los niños y niñas y a sus familias.
Tras la orden ejecutiva del presidente Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ha emitido una serie de declaraciones en las que deja claro que las separaciones familiares podrían continuar en un futuro próximo, incluso mientras las personas solicitantes de asilo aguardan el resultado de sus solicitudes. En una de esas declaraciones hecha el 21 de junio, al día siguiente de la orden ejecutiva, la CBP confirmó que continuaría separando a niños y niñas de sus progenitores en las mismas condiciones de la denominada preocupación por la “seguridad”, de la que, como ha comprobado Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense hace uso indebido en la separación arbitraria de familias sin justificación adecuada. El Departamento de Seguridad Nacional hizo el 23 de junio otra declaración en la que indicaba que no pensaba reunir a las familias separadas salvo para deportarlas a sus países de origen y que continuaría manteniéndolas separadas mientras intentaban solicitar asilo en Estados Unidos.
Citando la declaración del DHS del 23 de junio entre otras pruebas, una corte federal ordenó el 26 de junio de 2018 a la administración Trump que detuviera y remediara el daño causado por su política de separación de familias. Concretamente, ordenó a la administración: 1) reunir a los miles de niños y niñas y padres y madres que había separado, 2) detener las deportaciones de personas que no hubieran sido reunidas aún con sus hijos o hijas y 3) detener las separaciones de familias en los puestos fronterizos oficiales salvo que fuera absolutamente necesario para proteger al niño o niña de un daño inminente.
Esa orden judicial no abordó la intención declarada del gobierno estadounidense de imponer la detención indefinida a las familias solicitantes de asilo, que era el remedio ilegal propuesto por la orden ejecutiva del presidente Trump como alternativa a la separación de familias.
Sin embargo, el 9 de julio de 2018, otro juez federal rechazó la solicitud formal del gobierno federal de modificar el Acuerdo Flores para permitir la detención indefinida de menores en centros de detención de inmigrantes. Flores exige dejar en libertad a los menores recluidos en centros de detención de inmigrantes, estén acompañados o no acompañados, lo antes posible y en el plazo máximo de 20 días.
Impertérrita, la administración Trump intentó otra vez, en septiembre de 2018, acabar con la protección de los niños y las niñas con arreglo a Flores. El 7 de septiembre, las autoridades estadounidenses publicaron una propuesta de normativa para implementar el Acuerdo Flores. En vez de institucionalizar aún más la protección del bienestar y los derechos de los niños y las niñas, la propuesta ponía fin de manera efectiva a la protección sustantiva que garantiza Flores a los niños y niñas migrantes detenidos por motivos de inmigración y bajo custodia estadounidense. Si se aprobara, esta normativa permitiría la detención indefinida de niños y niñas con sus progenitores, limitaría las posibilidades de que los niños y las niñas fueran puestos en libertad condicional y autorizaría un sistema de auto concesión de licencias en virtud del cual el gobierno de Estados Unidos podría certificar sus propios centros de detención de familias, incluso en prisiones que no cumplieran las normas mínimas actuales para mantener a los menores a salvo. Hay que señalar que en la propia normativa se califica la detención de familias de “herramienta efectiva para hacer cumplir la ley”.
Amnistía Internacional ha documentado exhaustivamente las consecuencias traumáticas que sufren las familias sometidas a detención por motivos de inmigración en Estados Unidos, sea indefinida o por periodos más breves.
El 17 de julio de 2018, dos médicos de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS expertos en la materia enviaron al grupo del Senado sobre protección de denunciantes de irregularidades una carta en la que expresaban su oposición al uso y ampliación de la detención de familias. Basándose en lo que habían observado durante años de visitas e inspecciones a centros de detención de familias, los médicos determinaron que la detención de familias daña siempre la salud de las familias detenidas, en especial de los niños y las niñas.
A fecha de septiembre de 2018, el gobierno estadounidense no ha contabilizado ni reunificado aún a todas las familias separadas previamente. Además, continúa intentando deportar a las familias tras su reunificación sin adoptar ninguna medida de reparación con que compensar los graves daños psicológicos y físicos causados a las personas que han sido separadas ilícitamente en virtud de la reciente política y práctica de la separación de familias del gobierno.
A pesar de la indignación mundial suscitada por las separaciones de familias llevadas a cabo en aplicación de la política de “tolerancia cero”, la administración Trump no ha renegado nunca de sus dañinas política y práctica de separación de familias ni ha ofrecido reparación ni indemnización adecuadas por los daños causados con ellas a miles de familias, En vez de ello ha intentado continuar separando a familias solicitantes de asilo siempre que ha sido posible.
El 20 de junio de 2018, el presidente Trump capituló a las presiones políticas de Estados Unidos y firmó una orden ejecutiva que pondría fin, afirmó, a la separación de familias. Sin embargo, lo cierto es que la orden ha servido para lo siguiente:
- dejar abierta la posibilidad de separar a las familias, como las autoridades estadounidenses llevaban ya al menos un año haciendo arbitrariamente antes de la política revocada de separaciones preceptivas;
- no hacer nada para reunir a los más de 2.600 niños y niñas que permanecen separados a la fuerza de sus progenitores;
- no impedir la política de procesar a las personas adultas que cruzan la frontera de manera irregular en busca de seguridad;
- establecer la detención indefinida de niños y niñas con sus progenitores mientras se toma una decisión sobre sus solicitudes de asilo, lo que es ilegal en Estados Unidos según el Acuerdo Flores de 1997, que regula el trato debido a los menores migrantes detenidos por motivos de inmigración y bajo custodia estadounidense y amenaza con causar aún más daño a los niños y niñas y a sus familias.
Tras la orden ejecutiva del presidente Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ha emitido una serie de declaraciones en las que deja claro que las separaciones familiares podrían continuar en un futuro próximo, incluso mientras las personas solicitantes de asilo aguardan el resultado de sus solicitudes. En una de esas declaraciones hecha el 21 de junio, al día siguiente de la orden ejecutiva, la CBP confirmó que continuaría separando a niños y niñas de sus progenitores en las mismas condiciones de la denominada preocupación por la “seguridad”, de la que, como ha comprobado Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense hace uso indebido en la separación arbitraria de familias sin justificación adecuada. El Departamento de Seguridad Nacional hizo el 23 de junio otra declaración en la que indicaba que no pensaba reunir a las familias separadas salvo para deportarlas a sus países de origen y que continuaría manteniéndolas separadas mientras intentaban solicitar asilo en Estados Unidos.
Citando la declaración del DHS del 23 de junio entre otras pruebas, una corte federal ordenó el 26 de junio de 2018 a la administración Trump que detuviera y remediara el daño causado por su política de separación de familias. Concretamente, ordenó a la administración: 1) reunir a los miles de niños y niñas y padres y madres que había separado, 2) detener las deportaciones de personas que no hubieran sido reunidas aún con sus hijos o hijas y 3) detener las separaciones de familias en los puestos fronterizos oficiales salvo que fuera absolutamente necesario para proteger al niño o niña de un daño inminente.
Esa orden judicial no abordó la intención declarada del gobierno estadounidense de imponer la detención indefinida a las familias solicitantes de asilo, que era el remedio ilegal propuesto por la orden ejecutiva del presidente Trump como alternativa a la separación de familias.
Sin embargo, el 9 de julio de 2018, otro juez federal rechazó la solicitud formal del gobierno federal de modificar el Acuerdo Flores para permitir la detención indefinida de menores en centros de detención de inmigrantes. Flores exige dejar en libertad a los menores recluidos en centros de detención de inmigrantes, estén acompañados o no acompañados, lo antes posible y en el plazo máximo de 20 días.
Impertérrita, la administración Trump intentó otra vez, en septiembre de 2018, acabar con la protección de los niños y las niñas con arreglo a Flores. El 7 de septiembre, las autoridades estadounidenses publicaron una propuesta de normativa para implementar el Acuerdo Flores. En vez de institucionalizar aún más la protección del bienestar y los derechos de los niños y las niñas, la propuesta ponía fin de manera efectiva a la protección sustantiva que garantiza Flores a los niños y niñas migrantes detenidos por motivos de inmigración y bajo custodia estadounidense. Si se aprobara, esta normativa permitiría la detención indefinida de niños y niñas con sus progenitores, limitaría las posibilidades de que los niños y las niñas fueran puestos en libertad condicional y autorizaría un sistema de auto concesión de licencias en virtud del cual el gobierno de Estados Unidos podría certificar sus propios centros de detención de familias, incluso en prisiones que no cumplieran las normas mínimas actuales para mantener a los menores a salvo. Hay que señalar que en la propia normativa se califica la detención de familias de “herramienta efectiva para hacer cumplir la ley”.
Amnistía Internacional ha documentado exhaustivamente las consecuencias traumáticas que sufren las familias sometidas a detención por motivos de inmigración en Estados Unidos, sea indefinida o por periodos más breves.
El 17 de julio de 2018, dos médicos de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS expertos en la materia enviaron al grupo del Senado sobre protección de denunciantes de irregularidades una carta en la que expresaban su oposición al uso y ampliación de la detención de familias. Basándose en lo que habían observado durante años de visitas e inspecciones a centros de detención de familias, los médicos determinaron que la detención de familias daña siempre la salud de las familias detenidas, en especial de los niños y las niñas.
A fecha de septiembre de 2018, el gobierno estadounidense no ha contabilizado ni reunificado aún a todas las familias separadas previamente. Además, continúa intentando deportar a las familias tras su reunificación sin adoptar ninguna medida de reparación con que compensar los graves daños psicológicos y físicos causados a las personas que han sido separadas ilícitamente en virtud de la reciente política y práctica de la separación de familias del gobierno.
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