Bolivia: situación de los derechos humanos en Bolivia
* * copiado tal cual del informe "Bolivia: Hostilidad contra personas defensoras de derechos humanos" de Amnistía Internacional
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Durante los últimos dos años, el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos conlleva más riesgos y su situación se ha deteriorado. Las declaraciones realizadas por algunas autoridades, incluido el presidente,16 que ponen en entredicho el trabajo realizado por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, suscitan dudas respecto al compromiso de Bolivia de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Amnistía Internacional ha recibido información que indica que las políticas gubernamentales se están empleando para obstaculizar el legítimo trabajo de organizaciones de derechos humanos y deslegitimarlas.
En 2015, el vicepresidente Álvaro García amenazó con expulsar del país al CEDIB, una ONG que en ese momento tenía su sede en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), una universidad pública de Cochabamba (junto con otras tres organizaciones). El CEDIB había cuestionado públicamente un conjunto de decretos legislativos relacionados con la industria petrolera, que ponía en peligro áreas protegidas y a los pueblos indígenas que habitan en ellas.
En 2016, el CEDIB informó de que sufría un acoso continuado a causa de su investigación sobre la concesión de derechos mineros en los glaciares de Bolivia. El acoso incluyó la divulgación pública de información personal y fotografías del equipo de investigación del CEDIB.
El 6 de febrero de 2017, el CEDIB participó, junto al CEJIS y los líderes del TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Tacana II, en una rueda de prensa celebrada en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz para anunciar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al gobierno de Bolivia que proporcionara información sobre su solicitud de medidas cautelares. La presentación fue interrumpida por personas vinculadas al partido político Movimiento al Socialismo (MAS), quienes durante varias horas tomaron por la fuerza la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y exigieron la destitución de su presidenta.
Las organizaciones habían solicitado medidas cautelares en favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario cuya supervivencia, alegaron, podía verse afectada por la extracción de petróleo propuesta en sus territorios.
En marzo de 2017, el rector de la UMSS amenazó al CEDIB con desalojarlo de sus oficinas, ubicadas en las instalaciones de la Universidad y que la ONG llevaba ocupando desde 1993. Tras las amenazas de desalojo inmediato con la “ayuda de las fuerzas de seguridad” si no se evacuaban las oficinas en un plazo de 48 horas, y ante el temor de que el personal y los archivos fueran objeto de violencia, el CEDIB empezó a trasladar sus archivos a un lugar seguro y, finalmente, abandonó sus oficinas en la UMSS. Pese a la solicitud del director del CEDIB de garantías de seguridad para el personal y los archivos del centro, no obtuvo respuesta de las autoridades.
Según el CEDIB, el 6 de noviembre de 2017, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba impuso restricciones legales sobre los bienes del centro. El 28 de noviembre de 2017, sin que se le notificara al CEDIB, sus cuentas bancarias fueron congeladas por orden judicial, lo que ponía en peligro el trabajo de derechos humanos de la ONG y los salarios y la seguridad económica de su personal y sus familias, ya que gran parte de los bienes congelados correspondían a salarios y prestaciones del personal. El CEDIB supo de manera no oficial que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) había ordenado estas medidas el 21 de noviembre de 2017, sobre la base de un procedimiento administrativo judicial iniciado por el rector de la universidad donde tenía sus oficinas el centro.
Entre agosto y septiembre de 2018, autoridades de alto nivel del Estado boliviano acusaron públicamente a Amparo Carvajal, directora de la organización de la sociedad civil Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), de la comisión de los delitos de homicidio y “crimen organizado”. Las acusaciones se hicieron en un contexto de violencia tras la implementación, iniciada en marzo de 2018, de operaciones por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, conformada por policías y militares, para erradicar cultivos de hoja de coca en la comunidad rural La Asunta, en el departamento de La Paz, donde muchas personas la cultivan tradicionalmente como medio de subsistencia. Campesinas y campesinos de la comunidad y la APDH han denunciado que en el marco de dichas operaciones se han producido casos detención arbitraria y uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta.
El hostigamiento contra miembros de la APDH y su directora han continuado. En diciembre de 2018, el gobierno identificó a 43 personas, incluida la directora de la APDH, como promotoras de “violencia y racismo” durante las protestas del 6 de diciembre de 2018 contra la posibilidad de un nuevo mandato presidencial de Evo Morales.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
En 2016, el CEDIB, junto con el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares en favor del pueblo indígena Tacana II, en aislamiento voluntario, cuya supervivencia, alegaron, se vería afectada por la exploración petrolífera en su territorio. La solicitud aún no se ha resuelto.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Durante los últimos dos años, el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos conlleva más riesgos y su situación se ha deteriorado. Las declaraciones realizadas por algunas autoridades, incluido el presidente,16 que ponen en entredicho el trabajo realizado por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, suscitan dudas respecto al compromiso de Bolivia de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Amnistía Internacional ha recibido información que indica que las políticas gubernamentales se están empleando para obstaculizar el legítimo trabajo de organizaciones de derechos humanos y deslegitimarlas.
En 2015, el vicepresidente Álvaro García amenazó con expulsar del país al CEDIB, una ONG que en ese momento tenía su sede en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), una universidad pública de Cochabamba (junto con otras tres organizaciones). El CEDIB había cuestionado públicamente un conjunto de decretos legislativos relacionados con la industria petrolera, que ponía en peligro áreas protegidas y a los pueblos indígenas que habitan en ellas.
En 2016, el CEDIB informó de que sufría un acoso continuado a causa de su investigación sobre la concesión de derechos mineros en los glaciares de Bolivia. El acoso incluyó la divulgación pública de información personal y fotografías del equipo de investigación del CEDIB.
El 6 de febrero de 2017, el CEDIB participó, junto al CEJIS y los líderes del TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Tacana II, en una rueda de prensa celebrada en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz para anunciar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al gobierno de Bolivia que proporcionara información sobre su solicitud de medidas cautelares. La presentación fue interrumpida por personas vinculadas al partido político Movimiento al Socialismo (MAS), quienes durante varias horas tomaron por la fuerza la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y exigieron la destitución de su presidenta.
Las organizaciones habían solicitado medidas cautelares en favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario cuya supervivencia, alegaron, podía verse afectada por la extracción de petróleo propuesta en sus territorios.
En marzo de 2017, el rector de la UMSS amenazó al CEDIB con desalojarlo de sus oficinas, ubicadas en las instalaciones de la Universidad y que la ONG llevaba ocupando desde 1993. Tras las amenazas de desalojo inmediato con la “ayuda de las fuerzas de seguridad” si no se evacuaban las oficinas en un plazo de 48 horas, y ante el temor de que el personal y los archivos fueran objeto de violencia, el CEDIB empezó a trasladar sus archivos a un lugar seguro y, finalmente, abandonó sus oficinas en la UMSS. Pese a la solicitud del director del CEDIB de garantías de seguridad para el personal y los archivos del centro, no obtuvo respuesta de las autoridades.
Según el CEDIB, el 6 de noviembre de 2017, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba impuso restricciones legales sobre los bienes del centro. El 28 de noviembre de 2017, sin que se le notificara al CEDIB, sus cuentas bancarias fueron congeladas por orden judicial, lo que ponía en peligro el trabajo de derechos humanos de la ONG y los salarios y la seguridad económica de su personal y sus familias, ya que gran parte de los bienes congelados correspondían a salarios y prestaciones del personal. El CEDIB supo de manera no oficial que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) había ordenado estas medidas el 21 de noviembre de 2017, sobre la base de un procedimiento administrativo judicial iniciado por el rector de la universidad donde tenía sus oficinas el centro.
Entre agosto y septiembre de 2018, autoridades de alto nivel del Estado boliviano acusaron públicamente a Amparo Carvajal, directora de la organización de la sociedad civil Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), de la comisión de los delitos de homicidio y “crimen organizado”. Las acusaciones se hicieron en un contexto de violencia tras la implementación, iniciada en marzo de 2018, de operaciones por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, conformada por policías y militares, para erradicar cultivos de hoja de coca en la comunidad rural La Asunta, en el departamento de La Paz, donde muchas personas la cultivan tradicionalmente como medio de subsistencia. Campesinas y campesinos de la comunidad y la APDH han denunciado que en el marco de dichas operaciones se han producido casos detención arbitraria y uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta.
El hostigamiento contra miembros de la APDH y su directora han continuado. En diciembre de 2018, el gobierno identificó a 43 personas, incluida la directora de la APDH, como promotoras de “violencia y racismo” durante las protestas del 6 de diciembre de 2018 contra la posibilidad de un nuevo mandato presidencial de Evo Morales.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
En 2016, el CEDIB, junto con el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares en favor del pueblo indígena Tacana II, en aislamiento voluntario, cuya supervivencia, alegaron, se vería afectada por la exploración petrolífera en su territorio. La solicitud aún no se ha resuelto.
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