Vigilancia digital selectiva: el sector de la vigilancia digital privada
* * copiado tal cual del informe "No más vigilancia digital selectiva contra las personas que defienden nuestros derechos. Resumen del impacto del sector de la vigilancia digital sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos" de Amnistía Internacional
Varios gobiernos compran herramientas de vigilancia digital —y, en particular, programas espías— a empresas privadas de vigilancia. A continuación, estas herramientas se utilizan para seguir, controlar e intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos o a otras personas con opiniones divergentes. Tanto los gobiernos como las empresas comercializadoras afirman que esta tecnología se utiliza sólo para fines legítimos, como vigilar y controlar a terroristas y delincuentes. Sin embargo, cada vez más abundantes pruebas de su uso indebido contradicen esa afirmación. Ciertas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuenta Amnistía Internacional, han sacado a la luz campañas contra defensores y defensoras de derechos humanos en las que se utilizaba tecnología de muchas de estas empresas privadas de vigilancia.
Los propios gobiernos llevan ya tiempo creando programas espía, pero los programas de empresas privadas son relativamente nuevos e igualmente invasivos y sofisticados. Varios son los agentes clave de este opaco y rentabilísimo sector, entre ellos NSO Group (en Israel y Luxemburgo)y Finfisher (en Reino Unido y Alemania).
Según Citizen Lab, una sola de esas empresas, NSO Group, parece haber estado detrás de los ataques selectivos de vigilancia perpetrados en, al menos, 45 países. En junio de 2018, una persona que trabajaba para Amnistía Internacional recibió un mensaje malicioso por WhatsApp, supuestamente con información sobre Arabia Saudí, en el que se incluían unos enlaces que instalaban programas espías fabricados por NSO Group. Muchos de los países que han conseguido comprar a estas empresas tecnología de vigilancia tienen pésimos historiales de derechos humanos.
Por ejemplo, el software de NSO Group ha sido utilizado para atacar a defensores y defensoras de los derechos humanos en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y México.
De conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas —incluida NSO Group— tienen la responsabilidad de garantizar un sólido proceso de diligencia debida a fin de prevenir el empleo de sus productos para cometer cualquier violación de los derechos humanos y mitigar y reparar dichos abusos. Además, los Estados tienen la responsabilidad de proteger a su población frente a entidades privadas que violen los derechos humanos, al margen de que dichas violaciones ocurran dentro o fuera de sus fronteras.
En el caso de estas empresas, envueltas en secretismo, la rendición de cuentas reviste dificultades especiales. Con mucha frecuencia, se escudan en “razones de seguridad” o “cláusulas de confidencialidad” para impedir que la información sobre sus actividades sea de dominio público. Tampoco se sabe mucho de las empresas en sí y de sus estructuras empresariales. Muchas de ellas no revelan datos sobre licencias de exportación ni tienen ninguna disposición sobre diligencia debida en materia de derechos humanos y reparación de abusos o, si las tienen, son completamente deficientes. Esto, unido a la falta de supervisión reguladora y al escaso rigor de las normas para la concesión de licencias de exportación, tanto nacionales como internacionales, complica la tarea de enfrentarse al sector.
Por ejemplo, ciertos instrumentos, como el Arreglo de Wassenaar —acuerdo multilateral sobre controles de exportación— han sido concebidos para armonizar las normas de exportación de los Estados Partes con respecto a artículos militares y de doble uso y a las tecnologías necesarias para las actividades militares. Sin embargo, aunque el acuerdo pueda ser útil, no ha sido concebido como foro para abordar motivos de preocupación relacionados con los derechos humanos.
Las normas que rigen la concesión de licencias de exportación en algunos países, como Israel y otros, han permitido reiteradamente aprobar licencias, pese a que existían motivos de preocupación con respecto a los derechos humanos, ya que con frecuencia las consideraciones estratégicas han pesado más que las de derechos humanos. Por su parte, la Unión Europea tiene marcos de derechos humanos mejor definidos, pero los distintos Estados miembros siguen concediendo licencias para tecnología de vigilancia, pese a la existencia de motivos de preocupación y de pruebas de anteriores abusos que deberían haber conllevado su denegación. Al mismo tiempo, en algunas jurisdicciones, el secretismo en torno a la concesión de licencias es tal que socava la capacidad de las propias empresas de cumplir sus obligaciones de derechos humanos.
Todo esto crea un vacío legal y regulador que permite la venta y transferencia de tecnología de vigilancia digital sin las salvaguardias adecuadas. Cuanto más tiempo sigan eludiendo el escrutinio tanto las empresas como los Estados que adquieren tecnología de estas empresas, más peligrosamente irá reduciéndose el espacio para la disidencia y la defensa de los derechos humanos. Necesitamos con urgencia poner fin a estas tentativas de vigilancia de Estados que emplean de manera ilegítima material de vigilancia de fabricación privada para atacar a activistas de derechos humanos.
Varios gobiernos compran herramientas de vigilancia digital —y, en particular, programas espías— a empresas privadas de vigilancia. A continuación, estas herramientas se utilizan para seguir, controlar e intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos o a otras personas con opiniones divergentes. Tanto los gobiernos como las empresas comercializadoras afirman que esta tecnología se utiliza sólo para fines legítimos, como vigilar y controlar a terroristas y delincuentes. Sin embargo, cada vez más abundantes pruebas de su uso indebido contradicen esa afirmación. Ciertas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuenta Amnistía Internacional, han sacado a la luz campañas contra defensores y defensoras de derechos humanos en las que se utilizaba tecnología de muchas de estas empresas privadas de vigilancia.
Los propios gobiernos llevan ya tiempo creando programas espía, pero los programas de empresas privadas son relativamente nuevos e igualmente invasivos y sofisticados. Varios son los agentes clave de este opaco y rentabilísimo sector, entre ellos NSO Group (en Israel y Luxemburgo)y Finfisher (en Reino Unido y Alemania).
Según Citizen Lab, una sola de esas empresas, NSO Group, parece haber estado detrás de los ataques selectivos de vigilancia perpetrados en, al menos, 45 países. En junio de 2018, una persona que trabajaba para Amnistía Internacional recibió un mensaje malicioso por WhatsApp, supuestamente con información sobre Arabia Saudí, en el que se incluían unos enlaces que instalaban programas espías fabricados por NSO Group. Muchos de los países que han conseguido comprar a estas empresas tecnología de vigilancia tienen pésimos historiales de derechos humanos.
Por ejemplo, el software de NSO Group ha sido utilizado para atacar a defensores y defensoras de los derechos humanos en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y México.
De conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas —incluida NSO Group— tienen la responsabilidad de garantizar un sólido proceso de diligencia debida a fin de prevenir el empleo de sus productos para cometer cualquier violación de los derechos humanos y mitigar y reparar dichos abusos. Además, los Estados tienen la responsabilidad de proteger a su población frente a entidades privadas que violen los derechos humanos, al margen de que dichas violaciones ocurran dentro o fuera de sus fronteras.
En el caso de estas empresas, envueltas en secretismo, la rendición de cuentas reviste dificultades especiales. Con mucha frecuencia, se escudan en “razones de seguridad” o “cláusulas de confidencialidad” para impedir que la información sobre sus actividades sea de dominio público. Tampoco se sabe mucho de las empresas en sí y de sus estructuras empresariales. Muchas de ellas no revelan datos sobre licencias de exportación ni tienen ninguna disposición sobre diligencia debida en materia de derechos humanos y reparación de abusos o, si las tienen, son completamente deficientes. Esto, unido a la falta de supervisión reguladora y al escaso rigor de las normas para la concesión de licencias de exportación, tanto nacionales como internacionales, complica la tarea de enfrentarse al sector.
Por ejemplo, ciertos instrumentos, como el Arreglo de Wassenaar —acuerdo multilateral sobre controles de exportación— han sido concebidos para armonizar las normas de exportación de los Estados Partes con respecto a artículos militares y de doble uso y a las tecnologías necesarias para las actividades militares. Sin embargo, aunque el acuerdo pueda ser útil, no ha sido concebido como foro para abordar motivos de preocupación relacionados con los derechos humanos.
Las normas que rigen la concesión de licencias de exportación en algunos países, como Israel y otros, han permitido reiteradamente aprobar licencias, pese a que existían motivos de preocupación con respecto a los derechos humanos, ya que con frecuencia las consideraciones estratégicas han pesado más que las de derechos humanos. Por su parte, la Unión Europea tiene marcos de derechos humanos mejor definidos, pero los distintos Estados miembros siguen concediendo licencias para tecnología de vigilancia, pese a la existencia de motivos de preocupación y de pruebas de anteriores abusos que deberían haber conllevado su denegación. Al mismo tiempo, en algunas jurisdicciones, el secretismo en torno a la concesión de licencias es tal que socava la capacidad de las propias empresas de cumplir sus obligaciones de derechos humanos.
Todo esto crea un vacío legal y regulador que permite la venta y transferencia de tecnología de vigilancia digital sin las salvaguardias adecuadas. Cuanto más tiempo sigan eludiendo el escrutinio tanto las empresas como los Estados que adquieren tecnología de estas empresas, más peligrosamente irá reduciéndose el espacio para la disidencia y la defensa de los derechos humanos. Necesitamos con urgencia poner fin a estas tentativas de vigilancia de Estados que emplean de manera ilegítima material de vigilancia de fabricación privada para atacar a activistas de derechos humanos.
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