Vigilancia digital selectiva
* * copiado tal cual del informe "No más vigilancia digital selectiva contra las personas que defienden nuestros derechos. Resumen del impacto del sector de la vigilancia digital sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos" de Amnistía Internacional
Entre las tácticas y herramientas represivas que se utilizan contra los defensores y defensoras de derechos humanos, casi con total impunidad, podemos citar las agresiones personales —como las amenazas—, las campañas de desprestigio, la criminalización, las palizas, los homicidios y las desapariciones forzadas. Además, los Estados han aplicado, por ley o en la práctica, toda una batería de restricciones a los derechos de reunión pacífica y asociación, expresión y libertad de circulación.
Los defensores y defensoras de derechos humanos que sufren desigualdad, exclusión y discriminación —como las mujeres, las personas LGBTI, migrantes o de raza negra y las comunidades indígenas— corren doble peligro, ya que son atacados no sólo por su lucha, sino también por su propia identidad. Los ataques en su contra se llevan a cabo siguiendo métodos concretos, tienen impactos específicos —como la violencia de género— y, con frecuencia, se ven agravados por las desigualdades estructurales y por la exclusión sistemática de las víctimas del poder y del acceso a los recursos.
Estas tácticas inhiben la capacidad de los defensores y defensoras de disentir, denunciar violaciones y hacer campaña en favor de cambios. Cada vez es más frecuente que unos Estados copien las técnicas de otros e importen herramientas y tecnología para poner en marcha estrategias de control y represión.
Una táctica que ocupa un lugar destacado en los manuales de los gobiernos de todo el mundo es la de la vigilancia, ya sea por medios digitales o de otro tipo. A lo largo de los últimos años, la vigilancia digital se ha visto favorecida por el cada vez más frecuente empleo de tecnología para labores policiales y de aplicación de la ley. En nombre de la lucha antiterrorista o del mantenimiento del orden, los gobiernos utilizan diversas tácticas de vigilancia que invaden la intimidad de personas de todo el mundo. Esta vigilancia digital puede ser tanto masiva como selectiva. En el caso de la primera, se suelen controlar las comunicaciones electrónicas, o bien recurrir a circuitos cerrados de televisión, al empleo de tecnología de reconocimiento facial, a la recopilación de información por medio de bases de datos biométricos o incluso a drones, entre otras muchas tácticas. Según informes, la vigilancia digital masiva ha sido practicada por países como China, Estados Unidos y Reino Unido.
Por su parte, la vigilancia digital selectiva implica el uso de tecnologías que permiten centrarse en personas concretas, por ejemplo, escuchas telefónicas o tecnología digital. Asimismo, puede llevarse a cabo instalando programas maliciosos y programas espía que afectan a los dispositivos, o interfiriendo en las comunicaciones digitales mediante campañas de phishing, entre otras tácticas. Por ejemplo, en Reino Unido se tiene constancia de que la policía ha sometido a vigilancia digital a periodistas, mientras que en Emiratos Árabes Unidos el gobierno ha utilizado, al parecer, programas espía para vigilar a activistas, en Colombia la policía nacional ha sometido a periodistas radiofónicos a vigilancia digital (según la información difundida) y en Etiopía el gobierno anterior utilizó vigilancia electrónica para espiar a activistas de oposición tanto dentro como fuera del país.
Con la llegada y difusión generalizada de tecnología más sofisticada, unida a la aprobación de leyes que restringen la libertad de expresión en Internet e invaden la privacidad online, la amenaza de la vigilancia digital selectiva ha pasado a ser aún más acuciante. Países como Tailandia y Bangladesh han aprobado leyes que tienen por objeto ampliar el campo de aplicación de la vigilancia electrónica y conceder a los gobiernos facultades para espiar las comunicaciones electrónicas.
Últimamente, los gobiernos han dado un paso de especial trascendencia, al contratar los servicios del sector privado de la vigilancia digital para desarrollar tecnología que les permiten someter a vigilancia digital a personas concretas. Así, están utilizando indebidamente esas herramientas para atacar de manera ilegítima a activistas, a quienes someten a vigilancia. Las empresas activas en este mercado se han convertido en agentes peligrosos, responsables de la creación de herramientas de represión y del agravamiento de las amenazas dirigidas contra las personas que defienden los derechos humanos.
Lo que se sabe de este sector es poco, ya que opera en la sombra, pese a las reiteradas peticiones de transparencia. Al no estar sometidas a una sólida supervisión reguladora y jurídica, estas empresas pueden vender sin problemas su tecnología a países en los que no se protegen ni respetan los derechos humanos, que, a su vez, la utilizan para vigilar y controlar a quienes defienden los derechos humanos.
Entre las tácticas y herramientas represivas que se utilizan contra los defensores y defensoras de derechos humanos, casi con total impunidad, podemos citar las agresiones personales —como las amenazas—, las campañas de desprestigio, la criminalización, las palizas, los homicidios y las desapariciones forzadas. Además, los Estados han aplicado, por ley o en la práctica, toda una batería de restricciones a los derechos de reunión pacífica y asociación, expresión y libertad de circulación.
Los defensores y defensoras de derechos humanos que sufren desigualdad, exclusión y discriminación —como las mujeres, las personas LGBTI, migrantes o de raza negra y las comunidades indígenas— corren doble peligro, ya que son atacados no sólo por su lucha, sino también por su propia identidad. Los ataques en su contra se llevan a cabo siguiendo métodos concretos, tienen impactos específicos —como la violencia de género— y, con frecuencia, se ven agravados por las desigualdades estructurales y por la exclusión sistemática de las víctimas del poder y del acceso a los recursos.
Estas tácticas inhiben la capacidad de los defensores y defensoras de disentir, denunciar violaciones y hacer campaña en favor de cambios. Cada vez es más frecuente que unos Estados copien las técnicas de otros e importen herramientas y tecnología para poner en marcha estrategias de control y represión.
Una táctica que ocupa un lugar destacado en los manuales de los gobiernos de todo el mundo es la de la vigilancia, ya sea por medios digitales o de otro tipo. A lo largo de los últimos años, la vigilancia digital se ha visto favorecida por el cada vez más frecuente empleo de tecnología para labores policiales y de aplicación de la ley. En nombre de la lucha antiterrorista o del mantenimiento del orden, los gobiernos utilizan diversas tácticas de vigilancia que invaden la intimidad de personas de todo el mundo. Esta vigilancia digital puede ser tanto masiva como selectiva. En el caso de la primera, se suelen controlar las comunicaciones electrónicas, o bien recurrir a circuitos cerrados de televisión, al empleo de tecnología de reconocimiento facial, a la recopilación de información por medio de bases de datos biométricos o incluso a drones, entre otras muchas tácticas. Según informes, la vigilancia digital masiva ha sido practicada por países como China, Estados Unidos y Reino Unido.
Por su parte, la vigilancia digital selectiva implica el uso de tecnologías que permiten centrarse en personas concretas, por ejemplo, escuchas telefónicas o tecnología digital. Asimismo, puede llevarse a cabo instalando programas maliciosos y programas espía que afectan a los dispositivos, o interfiriendo en las comunicaciones digitales mediante campañas de phishing, entre otras tácticas. Por ejemplo, en Reino Unido se tiene constancia de que la policía ha sometido a vigilancia digital a periodistas, mientras que en Emiratos Árabes Unidos el gobierno ha utilizado, al parecer, programas espía para vigilar a activistas, en Colombia la policía nacional ha sometido a periodistas radiofónicos a vigilancia digital (según la información difundida) y en Etiopía el gobierno anterior utilizó vigilancia electrónica para espiar a activistas de oposición tanto dentro como fuera del país.
Con la llegada y difusión generalizada de tecnología más sofisticada, unida a la aprobación de leyes que restringen la libertad de expresión en Internet e invaden la privacidad online, la amenaza de la vigilancia digital selectiva ha pasado a ser aún más acuciante. Países como Tailandia y Bangladesh han aprobado leyes que tienen por objeto ampliar el campo de aplicación de la vigilancia electrónica y conceder a los gobiernos facultades para espiar las comunicaciones electrónicas.
Últimamente, los gobiernos han dado un paso de especial trascendencia, al contratar los servicios del sector privado de la vigilancia digital para desarrollar tecnología que les permiten someter a vigilancia digital a personas concretas. Así, están utilizando indebidamente esas herramientas para atacar de manera ilegítima a activistas, a quienes someten a vigilancia. Las empresas activas en este mercado se han convertido en agentes peligrosos, responsables de la creación de herramientas de represión y del agravamiento de las amenazas dirigidas contra las personas que defienden los derechos humanos.
Lo que se sabe de este sector es poco, ya que opera en la sombra, pese a las reiteradas peticiones de transparencia. Al no estar sometidas a una sólida supervisión reguladora y jurídica, estas empresas pueden vender sin problemas su tecnología a países en los que no se protegen ni respetan los derechos humanos, que, a su vez, la utilizan para vigilar y controlar a quienes defienden los derechos humanos.
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