COVID-19: ataques a defensores de derechos humanos durante la pandemia

 * * copiado tal cual del informe "Atreverse a salir en defensa de los derechos humanos durante una pandemia" de Amnistía Internacional

 

Desde principios de 2020, la pandemia de COVID-19 y la respuesta de los Estados a ella han dado lugar a toda una serie de desafíos y riesgos nuevos para los defensores y defensoras de los derechos humanos, que se han sumado a los ya existentes y largamente documentados en todo el mundo.

A medida que los Estados han ido aplicando medidas para contener la propagación del virus, algunas de ellas han ido afectando a diversos derechos humanos, como los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, en ocasiones, más allá de lo estrictamente necesario y proporcionado para proteger la salud pública.

Algunos países han aprovechado las restricciones impuestas a causa de la pandemia para continuar con sus ya habituales intentos de reducir el espacio de la sociedad civil y reprimir a las voces críticas y a los defensores y defensoras de los derechos humanos o, sencillamente, para silenciar a cualquier persona que se haya mostrado preocupada por la gestión de la pandemia por parte de las autoridades. Una de las medidas habituales ha sido la aprobación de leyes que penalizan las propagación de “bulos” —contraviniendo así, claramente, el derecho a la libertad de expresión—, que ha dado lugar al enjuiciamiento de un elevado número de periodistas y blogueros o blogueras, y ha tenido un efecto disuasorio sobre la población en general y sobre los medios de comunicación, que se han autocensurado por temor a represalias. 

Otros países han mantenido arbitrariamente recluidos a defensores y defensoras de los derechos humanos, pese a haber puesto en marcha programas por los que otorgaban la libertad anticipada, condicional o provisional a miles de personas presas, con lo que ha quedado aún más clara la naturaleza política de la detención de los primeros, sometidos ahora a un castigo adicional por su activismo.

En otros casos, la pandemia ha brindado una nueva oportunidad para atacar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, ya que el confinamiento ha obligado a numerosos defensores y defensoras a mantenerse inmóviles, sin posibilidad de esconderse ni protegerse, mientras que la atención y los recursos de protección del Estado a los que tienen derecho han sido desviados.

Por último, las medidas generales para abordar la pandemia han tenido, con frecuencia, efectos nocivos sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos pertenecientes a grupos marginales, cuyas necesidades y cuya arraigada desigualdad y discriminación no se han tenido en cuenta a la hora de planificar esas medidas.

LA COVID-19, UN PRETEXTO PARA INCREMENTAR LOS ATAQUES CONTRA LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS Y REDUCIR AÚN MÁS EL ESPACIO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Amnistía internacional y otros muchos grupos de derechos humanos llevan años documentando una tendencia mundial de ataques contra los defensores y defensoras y de reducción del espacio de la sociedad civil. Esto se traduce, por ejemplo, en medidas que afectan a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y a otros requisitos necesarios para la existencia de un entorno seguro y propicio. Este proceso se ha visto acelerado a consecuencia de la pandemia, durante la cual numerosos países han ido mucho más allá de lo que es necesario y proporcionado para proteger la salud pública y para otros fines legítimos pertinentes, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Así ha sucedido, sobre todo, en aquellos países en los que ya se había empezado a limitar el espacio de la sociedad civil, y en los que las personas que se atrevían a alzar la voz y a defender los derechos humanos eran tratadas con hostilidad.

En Filipinas, la pandemia ha brindado al gobierno nuevas oportunidades para hostigar e intimidar a las personas críticas con él y a los defensores y defensoras de los derechos humanos. En concreto, legislación de excepción aprobada en marzo de 2020 que concedía facultades especiales al gobierno para combatir la pandemia incluía una disposición que castigaba la “creación, perpetuación o difusión de información falsa” con hasta dos meses de prisión y cuantiosas multas. Dicha disposición ha permitido a la Oficina Nacional de Investigación requerir la comparecencia de determinadas personas que habían criticado la respuesta del gobierno a la pandemia por haber difundido, presuntamente, “información falsa” en relación con la COVID 19. En abril, el presidente Duterte incitó claramente a la policía, al ejército y a las autoridades locales a disparar a matar contra cualquier persona que protestara o cuestionara las medidas del gobierno si con ello “alteraba el orden” en el contexto de la pandemia, y animó a tomar represalias contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, las voces críticas y los medios de comunicación independientes.  Días más tarde, un senador y asesor del presidente afirmó, ante los medios de comunicación, tener listas bolsas mortuorias “para drogadictos y propagadores de bulos”.  La destacada periodista Maria Ressa y el ex periodista Reynaldo Santos Jr fueron declarados culpables de “ciberdifamación” en junio,  poco después del cierre de la importante cadena de televisión filipina independiente ABS-CBN, que tuvo lugar en mayo. En julio, mientras el país luchaba contra los efectos de la COVID-19, se aprobó una ley antiterrorista con una amplia e imprecisa definición de “terrorismo”, según la cual hasta la crítica más leve podía ser calificada de “terrorista”.

Azerbaiyán arrastra, desde hace tiempo, el problema de los juicios políticos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra otras personas críticas con el gobierno. En efecto, hace años que el gobierno viene utilizando el sistema de justicia como instrumento de represión para silenciar a la disidencia y encarcelar a quienes lo critican. En el actual contexto de la COVID-19, el gobierno ha desatado una nueva oleada de detenciones y procesamientos judiciales contra activistas políticos, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, con frecuencia en respuesta a las críticas y el escrutinio de su gestión de la pandemia.  Durante un discurso a la nación en marzo, el presidente Ilham Aliyev anunció “nuevas normas” durante la pandemia y prometió “limpiar” la oposición política del  país, a cuyos miembros calificó de traidores.  Posteriormente, se practicaron varias detenciones de gran repercusión por cargos falsos, entre ellas la del activista de oposición Tofig Yagublu, acusado de vandalismo, y la de Elchin Mammad, detenido por cargos de robo a finales de marzo, días después de haber publicado un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. También se ha detenido a otras personas — alegando que habían incumplido las normas de confinamiento— como periodistas que habían publicado textos críticos con la respuesta del gobierno a la pandemia, mientras que el defensor de derechos humanos y ex preso de conciencia Ilkin Rustamzade ha sido víctima  junto con su familia— de amenazas y actos de hostigamiento desde que publicó, en marzo, una petición para que el gobierno proporcionase seguridad social a las personas afectadas por la COVID-19.

El gobierno húngaro tiene todo un historial de restricciones indebidas de los derechos humanos. A lo largo de los últimos años, ha extendido su control a los medios de comunicación, a la magistratura y a otros órganos independientes, a la vez que ha seguido silenciando a la disidencia e intimidando a personas y organizaciones que han intentado hacerle rendir cuentas. En marzo, en respuesta a la pandemia, Hungría aprobó una nueva ley que reforzaba las facultades del gobierno para gobernar por decreto, con lo que toda forma de control parlamentario quedó anulada. Además, la ley concedía ese poder al ejecutivo sin plazo definido, ampliando indefinidamente tanto la validez del mandato como los efectos de los decretos aprobados. Las facultades extraordinarias aprobadas con las medidas de excepción permiten al gobierno recortar aún más los derechos humanos con el pretexto de contener la propagación de la COVID-19 y de proteger la salud pública. Asimismo, la nueva ley introducía en el Código Penal modificaciones con respecto al delito de “alarmismo” que conculcan el derecho a la libertad de expresión. En concreto, las modificaciones en cuestión  establecen que, en tiempos de “orden jurídico especial”, cualquier persona que haga llegar información falsa a un público numeroso o que tergiverse o difunda datos de modo que puedan obstaculizar o impedir la “correcta protección” puede ser castigada con hasta cinco años de prisión. En consecuencia, tanto periodistas como defensores y defensoras de los derechos humanos pasan a encontrarse en situación de riesgo, si el gobierno considera “falso” lo que dicen. Desde la aprobación de la ley, se han intensificado las amenazas online contra periodistas por parte del público y las campañas de desprestigio de los medios de comunicación generales contra medios independientes. Además, la disposición referida ha tenido un efecto disuasorio sobre las fuentes de información de los periodistas y sobre el público en general, mientras que el personal de salud y otras personas están menos dispuestos a hablar con los medios, por temor a represalias. El 18 de junio terminó el “estado de peligrosidad”,  con lo que la reforma del Código Penal quedó sin efecto.

En Zimbabue, donde las restricciones a la libertad de circulación se han prorrogado de manera indefinida, se han producido protestas contra el aumento del hambre y contra el empleo político de las ayudas alimentarias del gobierno. En mayo, tres lideresas del partido político de oposición Movimiento por el Cambio Democrático-Alianza —Cecilia Revai Chimbiri, Netsai Marova y Joana Ruvimbo Mamombe— fueron secuestradas y torturadas, incluso sexualmente, tras haber participado en dichas protestas. Todas ellas fueron acusadas de “participación en reunión con intención de promover la violencia pública, la alteración de la paz o el fanatismo”. También fueron detenidos y multados el parlamentario Regai Tsunga y otros cargos de la oposición por haber proporcionado ayuda alimentaria a personas pobres y con hambre. Además, las fuerzas de seguridad detuvieron, por un tiempo, en abril al periodista independiente James Jemwa, a quien obligaron a borrar las imágenes que había grabado en un centro comercial de Harare para un documental que estaba preparando. Posteriormente, el director general de la Policía de Zimbabue declaró que los periodistas debían permanecer en sus casas y obedecer las normas de confinamiento, ya que —según afirmó— no facilitaban ningún servicio esencial y sólo quedaban exentos de esa norma los periodistas de los “servicios de radiodifusión” (normalmente, controlados por el gobierno).

 

En Níger, entre otras medidas para combatir la pandemia, se prohibieron en marzo las concentraciones de más de 1.000 personas. Pese a ello, llegó a celebrarse un acto de protesta contra la corrupción, panificado antes de la prohibición, que los agentes encargados de hacer cumplir la ley disolvieron con gases lacrimógenos. Murieron al menos tres personas y otras 15 fueron detenidas. Varias de ellas eran activistas que habían sido ya detenidos, también por protestas, en 2018. Aunque la mayoría ha quedado ya en libertad, tres de ellas —Moudi Moussa, Mounkaila Halidou y Maïkoul Zod— continúan recluidas en espera de juicio. En marzo, fue también detenido el periodista Mamane Kaka Touda, al parecer por “divulgación de datos con la  intención de alterar el orden público”, tras haber publicado un mensaje en Facebook en el que advertía de un posible caso de COVID-19 en el Hospital de Referencia de Niamey. Quedó en  libertad tres semanas más tarde, después de haber recibido una condena condicional de tres meses de cárcel. Había sido acusado en aplicación de la Ley de Ciberdelincuencia de 2019 de Níger, que ha sido utilizada para reprimir el derecho a la libertad de expresión durante la crisis de COVID-19. Por ejemplo, el defensor de derechos humanos Mahaman Lawali Mahaman Nassourou, vicepresidente del Comité de Reflexión y Orientación Independiente para la Salvaguardia de las Conquistas Democráticas (CROISADE)   y miembro de la Red de Organizaciones por la Transparencia y el Análisis Presupuestario (ROTAB), fue detenido y recluido durante un mes a finales de abril, tras haber compartido por WhatsApp un documento público en el que se criticaban las medidas aplicadas por el gobierno para contener la propagación del virus.

 

Tailandia utiliza con frecuencia la legislación de excepción para limitar el derecho a la libertad de expresión durante los periodos de inestabilidad política. Y en efecto, las facultades de excepción en vigor desde el pasado mes de marzo, a causa de la COVID-19, han sido indebidamente utilizadas contra activistas políticos y defensores o defensoras de los derechos humanos para socavar su derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión, y para emprender acciones penales en su contra, incluso cuando los manifestantes han tomado precauciones y respetado las restricciones de salud pública, aplicando medidas de distanciamiento físico y llevando mascarillas en las concentraciones. En aplicación del decreto de excepción, entre los meses de marzo y julio las autoridades detuvieron, citaron o acusaron a al menos dos decenas de personas por haber participado en un diversos actos pacíficos de protesta, algunos de ellos por aniversarios políticos o para pedir investigaciones sobre presuntos abusos contra los derechos humanos. Entre estas personas, figuran una serie de activistas que participaron en una manifestación frente a la embajada de Camboya en Bangkok para pedir que se investigue la desaparición de un activista tailandés exiliado en Phnom Penh. Asimismo, invocando el decreto, la policía ha amenazado con presentar cargos contra otros manifestantes pacíficos, y las autoridades han esgrimido ese mismo decreto para negar autorización a personas que planificaban concentraciones pacíficas, por ejemplo, por el aniversario de los homicidios de la plaza de Tiananmen. Algunos grupos —como el Grupo de Restauración de la Democracia, el Sindicato de Estudiantes de Tailandia, la Red Estudiantil Popular por la Democracia, Khon Kaen Por Gun Tee (Khon Kaen, ¡Basta ya!) y estudiantes de la Universidad de Walailak, que participaron en los actos conmemorativos por el aniversario del golpe de Estado de 2014— fueron vigilados de cerca por la policía, que fotografió sus documentos de identidad e intentó obstaculizar sus actividades, tras lo cual amenazó con presentar cargos en su contra, en virtud del decreto de excepción o de otra legislación. De igual forma, algunos grupos comunitarios de derechos humanos, como Khon Rak Baan Kerd, han denunciado que las autoridades los habían hostigado y amenazado con presentar cargos en su contra cuando planificaban participar —o participaban— en actos pacíficos de protesta durante este periodo. En abril, se reunieron unas 20 personas de ese grupo para leer una declaración en la que se pedía al gobierno aplazar su decisión con respecto a una concesión minera. Más tarde, la policía detuvo e interrogó a una de las lideresas del grupo por haber violado, presuntamente, la normativa del decreto de excepción y la Ley de Enfermedades Contagiosas.