COVID-19 y derechos humanos: activistas encarcelados

* * copiado tal cual del informe "Atreverse a salir en defensa de los derechos humanos durante una pandemia" de Amnistía Internacional

A medida que el nuevo coronavirus empezó a propagarse por todo el mundo, algunos Estados, como Argentina, Indonesia, Irán, Italia, Nigeria y otros muchos anunciaron medidas de descongestión de la prisiones, con programas de libertad anticipada, condicional o provisional, así como indultos o permisos para ciertos grupos de presos y presas, entre ellos, los de edad avanzada, los que padecían enfermedades previas o los condenados por determinados delitos leves. Estos anuncios permitieron albergar la esperanza de que muchas personas que nunca debieron haber sido encarceladas quedaran en libertad, como los defensores y defensoras de los derechos humanos y todas las personas recluidas sólo por el ejercicio de sus derechos humanos y por haber expresado puntos de vista críticos con las autoridades. Sin embargo, muchos defensores y defensoras fueron excluidos de estas medidas y continúan en prisión.

Su exclusión parece ser un castigo añadido por su activismo o sus opiniones y los expone a un peligro aún mayor en la cárcel, donde continúan recluidos en condiciones de falta de higiene y masificación.

En India, tras haber emitido el Tribunal Supremo una directiva para descongestionar las cárceles con el fin de contener la propagación de la COVID-19, miles de presos y presas quedaron en libertad. Sin embargo, numerosos defensores y defensoras, que nunca deberían haber sido encarcelados, continúan en prisión. Safoora Zargar, activista embarazada que protestó contra una ley que discrimina a la población musulmana, permaneció recluida en espera de juicio durante dos meses, en aplicación de la draconiana Ley de Prevención de Actividades Ilegales, que ha sido indebidamente utilizada para detener a personas críticas con el gobierno y a defensores y defensoras de los derechos humanos. Quedó finalmente en libertad en junio, tras una intensa campaña en su defensa, pero varios estudiantes y activistas más, como Shifa ur Rehman, Gulfisha Fatema, Meeran Haider, Devangana Kalita, Natasha Narwal, Asif Iqbal Tanha y Kafeel Khan, continúan injustamente recluidos. Además, pese a la creciente preocupación por su salud, se ha negado, en repetidas ocasiones, la libertad condicional a los 11 activistas detenidos por su presunta participación en los actos de violencia ocurridos en Bhima Koregaon en 2018. Los activistas por los derechos de dalits y adivasis y defensores de derechos humanos Gautam Navlakha y Anand Teltumbde, el poeta Varavara Rao, la profesora universitaria Shoma Sen y el activista Vernon Gonsalves, que continúan recluidos en espera de juicio en aplicación de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, corren especial riesgo debido a su edad y a las enfermedades previas que padecen.

En Turquía, las medidas de excarcelación de población reclusa excluyeron explícitamente a las personas recluidas en espera de juicio y a las acusadas de delitos de terrorismo. En consonancia con la represión constante de la libertad de prensa y de la sociedad civil independiente, las nuevas leyes —aprobadas para reducir la masificación en unas cárceles cuyas condiciones higiénicas son insuficientes— han terminado por discriminar, de hecho, a un elevado número de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas encarceladas sólo por haber ejercido sus derechos humanos. Muchos de estos defensores y defensoras se encuentran en espera de juicio o han sido declarados culpables de cargos falsos de terrorismo, que con frecuencia se utilizan contra aquellas personas que se atreven a alzar la voz o que son consideradas contrarias al gobierno. Es el caso del destacado periodista y novelista Ahmet Altan, de los políticos kurdos Selahattin Demirtaş y Gültan Kışanak, del empresario y activista de la sociedad civil Osman Kavala, y de otras muchas personas del mundo académico, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas que permanecen recluidas desde el inicio de la represión, en 2015. Selahattin Demirtaş ha denunciado ya desde la cárcel que sufre problemas de corazón, y tanto Ahmet Altan como Osman Kavala tienen más de 60 años, lo cual implica que corren mayor peligro si contraen la COVID-19.

De igual forma, pese al creciente temor por la propagación de la COVID-19 en las masificadas cárceles de Egipto, el gobierno sigue sin liberar a defensores y defensoras de los derechos humanos recluidos sólo por haber expresado sus opiniones, y a miles de personas recluidas en espera de juicio, algunas de ellas con enfermedades previas. Lejos de ello, un tribunal de El Cairo prorrogó en mayo —sin las debidas garantías procesales— la reclusión en espera de juicio de 1.600 personas. Muchas de esas personas recluidas sin juicio son presos o presas de conciencia y, de hecho, las autoridades egipcias usan habitualmente ese tipo de detención, prolongada e indefinida, para castigar a quienes consideran adversarios políticos, a activistas y a defensores o defensoras de derechos humanos. En algunos casos se han planteado motivos de preocupación por problemas de salud concretos: el del activista Alaa Abdel Fattah, que se declaró en huelgas de hambre en abril y mayo; el del abogado de derechos humanos Mohamed al Baqer, que padece dolencias previas; el del investigador Ibrahim Ezz El Din, cuya salud se ha deteriorado en la cárcel; el de la abogada y activista Mahienour el Masry, y el del investigador de derechos humanos Patrick Zaky George, que padece asma. También han sido atacadas otras personas que se han atrevido a cuestionar la detención continuada de los presos y presas de conciencia. En marzo, cuando las defensoras de derechos humanos Laila Soueif, Ahdaf Soueif, Mona Seif y Rabab el Mahdi celebraron un acto pacífico de protesta para pedir la liberación de personas arbitrariamente recluidas y de quienes corren especial peligro a causa de la enfermedad, las fuerzas de seguridad de El Cairo las detuvieron, las acusaron de “incitar a participar en una manifestación”, de “difundir información falsa” y de “estar en posesión de material que propaga información falsa”, tras lo cual quedaron en libertad bajo fianza. En junio, Sanaa Seif, su madre y su hermana estaban esperando frente al complejo penitenciario de Tora para recibir una carta de su hermano, Alaa Abdel Fattah —que permanece recluido de manera arbitraria desde septiembre de 2019— cuando un grupo de mujeres armadas con palos las golpeó y les robó a plena vista de las fuerzas de seguridad. Al día siguiente, las autoridades egipcias detuvieron a Sanaa a las puertas de la Fiscalía, cuando estaba esperando para denunciar la agresión. La fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado ordenó su reclusión sin juicio durante 15 días por cargos de “difusión de noticias falsas”, “incitación a delitos terroristas” y “uso indebido de las redes sociales”. 

En Irán, donde los casos de COVID-19 se dispararon en febrero, las autoridades anunciaron el indulto de hasta 10.000 presos y presas66 y, entre marzo y abril, dejaron en libertad provisional a 85.000 personas, a fin de reducir la masificación y evitar que los índices de contagio se multiplicaran en las cárceles. Sin embargo, numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos, junto con otras personas recluidas por motivos políticos, quedaron excluidos del programa de permisos e indultos, y continuaron recluidos en condiciones de masificación y falta de higiene, sin acceso a atención médica adecuada. De hecho, varios expertos y expertas de la ONU han manifestado su preocupación por una serie de personas cuyas solicitudes de excarcelación han sido desestimadas, como los defensores de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, Narges Mohammadi y Arash Sadeghi. En junio, la activista contra la pena de muerte y defensora de derechos humanos Atena Daemi fue condenada a dos años más de cárcel y 74 latigazos por su activismo de derechos humanos realizado desde la cárcel. Su familia considera que los cargos son falsos y que han sido concebidos para mantenerla recluida. En julio, Narges Mohammadi —que sufre una enfermedad pulmonar previa— exhibió síntomas de COVID-19, pero las autoridades le impidieron acceder a atención médica y a pruebas de diagnóstico. Asimismo, en medio de la crisis, las autoridades han continuado deteniendo de manera arbitraria a los defensores y defensoras de derechos humanos, y citando a personas condenadas a penas de prisión, para que empiecen a cumplirlas.

LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS, EN SITUACIÓN DE RIESGO Y DESPROTEGIDOS

En los países en los que ya había homicidios de defensores y defensoras y se reprimían, en general, los derechos humanos antes de la pandemia, la actual crisis ha brindado nuevas oportunidades a quienes desean silenciar la defensa de los derechos humanos. Esto es debido, en parte, a las limitaciones impuestas a la libertad de circulación, con estrictos confinamientos y toques de queda que reducen la capacidad de las comunidades y de las personas para protegerse (por ejemplo, escondiéndose o buscando refugio) y, en algunos casos, a la disminución de la protección por parte del Estado, ya que se han desviado recursos policiales para destinarlos a tareas relacionadas con la pandemia. En países con mecanismos de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo —como Colombia, Honduras y México—, la aplicación de esos mecanismos siguió siendo deficiente e inadecuada y, por tanto, incapaz de responder con flexibilidad y de manera integral a las necesidades de los defensores y defensoras en peligro.

 

En México, la defensora de derechos humanos Clemencia Adelaida Salas Salazar permanecía, desde 2017, amparada por un programa de protección establecido por orden de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dado el peligro inminente que corría. Una de las medidas de protección de las que gozaba era el acompañamiento de dos escoltas policiales, pero, a finales del pasado mes de marzo, las autoridades del estado de Yucatán modificaron el programa, con lo que pasó a contar con el acompañamiento de un único agente, con funciones de protección limitadas. Las autoridades alegaron que no le podían facilitar el mismo grado de protección policial, ya que necesitaban más agentes para la respuesta a la pandemia. En mayo intervino el mecanismo nacional encargado de la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, que ordenó medidas adicionales de protección.

En Colombia, durante los últimos meses, se han disparado los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, como demuestra el dato aportado por una organización que ha identificado, con nombres y apellidos, a 166 defensores y defensoras asesinados durante los seis primeros meses de 2020, entre ellos líderes sociales y activistas indígenas y afrodescendientes. La situación ha empeorado desde el principio del brote de COVID-19, cuando las autoridades impusieron una serie de medidas restrictivas, como toques de queda nocturnos, que convirtieron a estas personas en blancos fijos. Tal como apuntó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “la pandemia del COVID-19 y las restricciones impuestas por el gobierno central [colombiano] y las autoridades comunitarias para frenar la propagación del virus, parecen haber agravado una situación que ya era violenta e inestable” y, en ese contexto, “todo indica que los grupos armados y las bandas de delincuentes se aprovechan del confinamiento de la mayoría de población para ampliar su presencia y dominio territorial”. Asimismo, la lideresa afrocolombiana Erlendy Cuero afirmó que “los homicidios, las amenazas y la persecución han aumentado porque estamos en una situación en la que el acompañamiento para algunos líderes con medidas de protección se ha minimizado y quienes no tienen medidas de seguridad están desprotegidos”. En marzo, la Organización Regional Indígena Del Valle del Cauca (ORIVAC) comunicó que dos líderes indígenas embera, Omar y Ernesto Guasiruma, habían sido asesinados —y dos familiares suyos habían resultado heridos— cuando pasaban la cuarentena en su hogar. En abril, la defensora del medioambiente Jani Silva denunció varios atentados contra su seguridad, y hasta disparos, cuando cumplía el toque de queda nocturno en su domicilio.

En Honduras, varios defensores y defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo han denunciado que ya no hay policías patrullando para protegerlos y, en algunos casos, se les ha explicado que esto es debido a la reducción de la capacidad policial que ha implicado el estado de excepción aprobado en respuesta a la pandemia. Por otro lado, el gobierno de Honduras ha seguido restringiendo, aún más, el trabajo de los defensores y defensoras. Como el decreto del estado de excepción no considera esencial el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, la gran mayoría de las solicitudes de acreditación para romper el confinamiento, y facilitar así apoyo y ayuda humanitaria a las comunidades, ha sido desestimada. Además, algunas organizaciones de derechos humanos aseguran que las fuerzas de seguridad han atacado a defensores y defensoras que contaban con la acreditación necesaria. 

RIESGOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA IDENTIDAD DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS

Además de sufrir ataques por la labor que desempeñan, algunos defensores y defensoras corren también peligro por ser quienes son. Las amenazas a las que se enfrentan no proceden sólo de autoridades del Estado, sino también de agentes no estatales, algunos de ellos pertenecientes, incluso, a sus propias comunidades. Los riesgos y desafíos que afectan a numerosos defensores y defensoras son consecuencia de las desigualdades estructurales y de la discriminación, y se deben al hecho de ser mujeres, indígenas o afrodescendientes, migrantes o población refugiada, personas LGBTI o personas pertenecientes a otros grupos sistemáticamente discriminados y marginados.

 

Las organizaciones feministas han empezado a estudiar el impacto de la crisis sobre las mujeres y las defensoras de derechos humanos en concreto, incluidas las que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales y las que luchan contra la violencia de género en el ámbito familiar o contra otros tipos de violencia de género. Por ejemplo, Sisma Mujer, de Colombia, ha publicado un análisis detallado de cómo la pandemia ha dado lugar a un incremento en los niveles de violencia contra las mujeres, incluidas las defensoras de los derechos humanos. Así, la organización se muestra preocupada por los niveles de violencia de género en el ámbito familiar, y por el elevado número de amenazas, agresiones físicas y homicidios que han sufrido las defensoras de los derechos humanos. En marzo, murió abatida a tiros Carlota Isabel Salinas Péres, integrante destacada de la ONG Organización Femenina Popular. En ese momento, participaba en la recolección de alimentos para su comunidad, que los necesitaba a consecuencia de la pandemia. De igual forma, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras ha publicado un análisis de la situación en México y Centroamérica, en el que se mencionan numerosas amenazas que afectan a las defensoras de los derechos humanos, como agresiones por motivos de género, ausencia de protección, pérdida de medios de vida y falta de acceso a los servicios de salud. Asimismo, en el informe se documenta cómo se ha intentado excluir a las defensoras de los derechos humanos de la respuesta a la pandemia, sobre todo a aquéllas que eran ya víctimas de marginación, hostigamiento e intimidación antes de la pandemia, como las que defienden los derechos de la trabajadoras sexuales. En El Salvador, las defensoras de los derechos humanos han observado un incremento en las amenazas y en los actos de hostigamiento online, así como un uso más frecuente de un lenguaje despectivo, misógino y estigmatizador en las redes sociales, incluso por parte de autoridades estatales y de personas que apoyan al gobierno. Esto se ha dado, sobre todo, en los casos de mujeres defensoras y periodistas que han criticado públicamente la gestión gubernamental de la crisis a lo largo de los últimos meses.

También se han visto gravemente afectados por las respuestas a la pandemia otros grupos de defensores y defensoras, como aquéllos que defienden los derechos LGBTI, los derechos de las personas refugiadas y migrantes y los derechos indígenas.

Por ejemplo, países como Panamá, Perú y Colombia establecieron programas de cuarentena en función del género, de manera que hombres y mujeres tenían que permanecer en sus domicilios en días alternos. Inevitablemente, este sistema binario favoreció que las personas trans y aquéllas que no se ajustan a las convenciones de género se vieran discriminadas y hostigadas, y algunas de ellas fueran, incluso, detenidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió información sobre una defensora de derechos humanos de Panamá que había sido detenida por la policía mientras distribuía comida entre indigentes, sólo porque estaba haciéndolo un día reservado para las mujeres, mientras que, en su documento de identidad, ella figuraba como hombre. Quedó en libertad, tras haber sido multada con 50 dólares, pese a haber dado explicaciones sobre su identidad y su expresión de género. Debido a las críticas recibidas, la medida fue retirada de los tres países mencionados, pero en Panamá volvieron a introducirla más adelante.

En mayo, las autoridades de Malasia lanzaron una campaña de represión y desprestigio contra comunidades rohinyás y defensores y defensoras de los derechos humanos de la población migrante en el contexto de la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, se llevaron a cabo redadas y detenciones masivas de trabajadores y trabajadoras migrantes, y se impidió atracar a embarcaciones de rohinyás, invocando la necesidad de contener la propagación de la COVID-19 para justificar la prohibición. Al mismo tiempo, varios líderes y activistas rohinyás afirmaron haber sido amenazados de muerte y hostigados. También hubo ataques contra defensores y defensoras malasios de los derechos humanos, como fue el caso de Tengku Emma Zuriana Tengku Azmi, que recibió amenazas de violación y otras graves agresiones de género por Internet, tras haber publicado una carta en la que criticaba las expulsiones ilegales, practicadas por Malasia, de personas que huían de Myanmar en barco.

En Angola, activistas y ONG locales han tomado la iniciativa de apoyar al pueblo indígena san y a las comunidades tradicionales, distribuyendo entre ellos información y productos de higiene esenciales. El trabajo de estos activistas ha sido esencial para garantizar que las comunidades tengan acceso a información sobre métodos de prevención y control de la propagación de la COVID-19, ya que, al carecer de electricidad, no tienen acceso a las noticias sobre salud pública que el gobierno retransmite por radio y televisión. Sin embargo, en lugar de reconocer su labor, las autoridades los han atacado y han obstaculizado su trabajo. A principios de abril, la policía agredió con porras, amenazó con pistolas y, a continuación, detuvo a nueve activistas de la ONG MBATIKA. Aunque posteriormente quedaron en libertad, las autoridades no han autorizado aún a MBATIKA a continuar con su campaña de sensibilización en las comunidades marginadas.

En Honduras, las organizaciones COPINH y OFRANEH, dedicadas a proteger al pueblo indígena lenca y al pueblo afrodescendiente garífuna, han intensificado su trabajo para abordar las necesidades de salud y nutricionales de sus comunidades en el contexto de la pandemia. Sin embargo, ambas organizaciones han asegurado que el Estado está obstaculizando sus iniciativas. Por ejemplo, denunciaron que el líder de COPINH, José Trochez, había sido detenido en mayo cuando llevaba a cabo labores humanitarias para su comunidad. Asimismo, ambas organizaciones han denunciado que el mecanismo de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos no las está protegiendo de manera efectiva, sobre todo durante el confinamiento, mientras que las agresiones a manos de grupos criminales y de otros agentes no estatales están aumentado. Esta situación propició el asesinato, en mayo, de Edwin Fernández, miembro de OFRANEH.

En Brasil, uno de los países con peores índices de contagio, los defensores y defensoras de los derechos humanos pertenecientes a los grupos más marginados son también los que corren un mayor peligro de contraer el virus y de sufrir complicaciones. Entre estos grupos figuran la población negra y parda, las personas que viven en favelas, las mujeres y las niñas, las comunidades indígenas y quilombolas, las personas LGBTI, las personas que carecen de hogar o que residen en viviendas inadecuadas, las personas privadas de libertad, la población de edad avanzada que vive en residencias y el personal trabajador autónomo y del sector informal. En concreto, han sido motivo de preocupación las comunidades indígenas y sus líderes, muchos de los cuales se han implicado también en la defensa de los derechos de sus comunidades, ya que éstas no sólo han tenido un acceso limitado a la atención médica, sino que también han sufrido niveles crecientes de violencia y de invasión de sus territorios por mineros furtivos, madereros ilegales y usurpadores de tierras. Por ejemplo, en marzo fue asesinado el defensor Zezico Guajajara, que se convirtió así en el quinto de su comunidad en sufrir una muerte violenta desde noviembre de 2019. De igual forma, en abril, Ari Uru Eu Wau Wau fue asesinado, después de que Awapu Uru Eu Wau Wau, familiar suyo y líder indígena, hubiera recibido una serie de amenazas. Lejos de recibir más protección del Estado, las autoridades encargadas de proteger los derechos y los territorios de los pueblos indígenas han reducido sus operaciones durante la pandemia.