Persecución política en Bolivia: la renuncia de Evo Morales

 * * copiado tal cual del informe "La justicia como arma. Persecución política en Bolivia" de Human Rights Watch

En 2016, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a un referéndum sobre una enmienda constitucional que habría eliminado los límites de los mandatos y le habría permitido postularse a un cuarto período como presidente. Morales perdió el referéndum.

No obstante, un año más tarde sus partidarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional —tal es el nombre del parlamento boliviano— presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional alegando que el límite a los mandatos constituía una violación de los derechos humanos de Morales. Invocaron como fundamento una disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principal tratado de derechos humanos de América, que establece que los derechos políticos pueden limitarse “exclusivamente” en base a una lista acotada de hipótesis.

Esta interpretación resulta inverosímil. La disposición de la convención fue concebida en 1969 para impedir que gobiernos autoritarios se aferren al poder proscribiendo arbitrariamente a candidatos de oposición, y no para impedir que haya límites constitucionales a las reelecciones que precisamente intentan evitar el surgimiento de caudillos.

En un pronunciamiento controvertido, el Tribunal Constitucional de Bolivia revocó el límite constitucional al número de mandatos.

Morales se postuló a la reelección el 20 de octubre de 2019. Con más de un 80 % de votos contados, Morales tenía ventaja frente a sus competidores, pero con un margen que no resultaba suficiente para evitar una segunda vuelta electoral. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral suspendió la publicación del conteo de votos sin dar ninguna explicación. Cuando reanudó su publicación, casi 24 horas más tarde, Morales había ampliado su ventaja y el Tribunal Supremo Electoral declaró que tenía votos suficientes para ganar, por un margen muy estrecho, sin necesidad de segunda vuelta electoral. Observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciaron que el cambio en la tendencia de los resultados era “drástico y difícil de justificar”. Ante esta situación, se realizaron protestas en ciudades de todo el país, se iniciaron huelgas y, en las ciudades más grandes, hubo bloqueos de carreteras. En algunas zonas, los manifestantes opositores a Morales mantuvieron enfrentamientos con quienes lo apoyaban.

A partir del 8 de noviembre, algunas unidades policiales se negaron a seguir órdenes y se sumaron a las protestas contra Morales.

Morales invitó a la OEA a auditar los resultados electorales. El 10 de noviembre la OEA publicó un informe preliminar en el cual indicó haber detectado graves irregularidades en las elecciones, incluyendo el uso de dos servidores secretos para procesar los votos, la falsificación de firmas de funcionarios electorales, deficiencias en la cadena de custodia de materiales electorales sensibles y una tendencia “altamente improbable” en el último 5 % del conteo de votos que otorgó la victoria a Morales sin una segunda vuelta.

El 10 de noviembre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó a que se realizara una nueva elección. El mismo día, Morales anunció una nueva elección y la remoción de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Horas más tarde, ese mismo día, los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieron la renuncia. Morales efectivamente renunció y denunció que se había producido un “golpe de Estado”. Tras salir del país, se dirigió primero a México y después a Argentina, donde seguía residiendo en septiembre de 2020.

El 12 de noviembre la legisladora opositora Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, asumió el cargo de presidenta interina, después de que también renunciaran otras autoridades pertenecientes al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, quienes la precedían en la línea sucesoria. En ese momento, Morales señaló que Áñez se había “autoproclamado” presidenta, puesto que asumió el cargo en una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional sin el quórum necesario debido a la ausencia de los representantes del MAS. No obstante, ese mismo día el Tribunal Constitucional determinó que Áñez era la presidenta interina legítima de Bolivia. El Tribunal señaló que la presidencia no podía permanecer vacante y que la persona a quien le corresponde el cargo por línea sucesoria lo asume “ipso facto”, sin la necesidad “de ley ni de Resolución Congresal”.

En los días previos y posteriores a la renuncia de Morales, 35 personas fueron asesinadas y más de 800 resultaron heridas en el contexto de protestas, según datos de la Defensoría del Pueblo, un órgano estatal independiente encargado de proteger los derechos humanos. En junio de 2020, una víctima adicional falleció por lesiones sufridas durante una protesta en noviembre de 2019.

De las 36 víctimas fatales, al menos 10 eran partidarios de Morales que recibieron impactos de bala en la ciudad de Sacaba el 15 de noviembre. Siete testigos dijeron a Human Rights Watch que soldados y policías que estaban bloqueando el paso en un puente abrieron fuego contra los manifestantes. Los fiscales departamentales manifestaron a Human Rights Watch que 49 de los 50 testigos a quienes entrevistaron dijeron que los disparos provenían de los soldados o de la policía. Uno de los fiscales a cargo del caso señaló que, en función de las pruebas, creía que habían sido los soldados, y no los policías, los que habían dado muerte a los manifestantes. En otro incidente ocurrido el 19 de noviembre en El Alto, en las afueras de La Paz, murieron al menos 10 personas frente a la planta de combustible de Senkata. Los fiscales señalaron a Human Rights Watch que efectivos militares se encontraban en el interior, y que habían sido enviadas allí con el objetivo de proteger la planta.

En un informe preliminar de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “los patrones de las lesiones” en los dos casos “ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”. Un informe de julio de 2020 de la International Human Rights Clinic de la facultad de derecho de la Universidad de Harvard y el University Network for Human Rights, basado en testimonios de testigos y otras pruebas, concluyó que agentes del Estado fueron responsables de estas muertes en ambos casos. En agosto, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, en otro informe, que múltiples fuentes verificadas por su personal apuntaban a que las fuerzas de seguridad utilizaron municiones letales para dispersar a los manifestantes. En cambio, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a Human Rights Watch que el MAS mató a sus propios partidarios en Sacaba y Senkata.

Varios testigos también dijeron a Human Rights Watch que militares abrieron fuego contra manifestantes partidarios de Morales en la ciudad andina de Betanzos el 12 de noviembre, y mataron a uno de ellos. Hasta septiembre de 2020, la fiscalía no había presentado cargos en ninguno de los tres casos.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también documentó 28 casos de personas que, según esa entidad, fueron detenidas arbitrariamente y torturadas por policías en la ciudad de El Alto el 11 de noviembre de 2019.

Otros actos de violencia en noviembre de 2019 incluyeron el ataque y el incendio intencional de la alcaldía de Vinto por parte de una turba que también secuestró y humilló públicamente a la alcaldesa, Patricia Arce, miembro del MAS. Una turba también prendió fuego a una casa donde vivían las hermanas de Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados por el MAS, y a la vivienda de su hermano, Marco Borda. La turba secuestró a Marco Borda y lo obligó a caminar desnudo por las calles de Potosí. Víctor Borda renunció a su cargo, tal como lo exigían los secuestradores.

En Playa Verde, Vila Vila y Caracollo, en la carretera que conecta Oruro con La Paz, partidarios de Morales atacaron autobuses que transportaban a opositores a Morales para participar en manifestaciones en la capital, según 14 testigos y víctimas dijeron a Human Rights Watch. Un hombre afirmó que perdió la mano después de que un cartucho de dinamita supuestamente arrojado por partidarios de Morales explotara donde él estaba; cinco manifestantes opositores a Morales señalaron que habían sufrido heridas por impacto de armas de fuego; y cuatro hombres aseveraron que partidarios de Morales los habían secuestrado junto con otros once hombres, les habían robado, los habían obligado a desnudarse y los habían golpeado durante horas. “Estábamos todos bañados en sangre”, dijo uno de ellos. Las viviendas del defensor de derechos humanos Waldo Albarracín y de la periodista Casimira Lema también fueron quemadas, presuntamente por partidarios de Morales.

En diciembre de 2019, el gobierno interino y la CIDH acordaron establecer un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar los actos de violencia y violaciones de derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. En abril de 2020, acordaron que el grupo comenzaría su trabajo después de las elecciones presidenciales, actualmente programadas para el 18 de octubre de 2020.

El 4 de diciembre de 2019 la OEA emitió su informe definitivo sobre las elecciones, en el cual reafirmó sus hallazgos preliminares y concluyó que había hallado “manipulación dolosa” de los datos electorales e “irregularidades graves” que hicieron imposible validar los resultados electorales. El 20 de diciembre de 2019 observadores electorales de la Unión Europea emitieron su propio informe, en el cual también señalaron “numerosos errores e irregularidades” y describieron el proceso de cómputo de votos como “caótico”.

En febrero de 2020, dos investigadores académicos de Estados Unidos rebatieron la conclusión de observadores de la OEA de que era altamente improbable que la tendencia electoral pudiera cambiar en el último 5% de la votación, y argumentaron, entre otras cosas, que es posible que los votos de zonas de menos recursos, que podrían haber favorecido a Morales, hayan ingresado al sistema electoral más tarde que los votos de otras zonas del país, debido a filas de espera más largas para votar y demoras en el recuento de los votos y en la comunicación de los resultados.

En junio, otros tres investigadores de dos universidades de Estados Unidos señalaron que el cambio repentino en la tendencia electoral apareció únicamente al excluir los resultados de centros de sufragio con procesamiento manual, que enviaron tarde sus resultados, lo cual les hizo pensar que la OEA había utilizado una base de datos incorrecta. Los investigadores también sostuvieron que la organización utilizó un método estadístico inadecuado que artificialmente creó la apariencia de una ruptura de la tendencia electoral.

La OEA mantuvo sus conclusiones. Los dos estudios realizados por investigadores en Estados Unidos no abordaron las otras presuntas irregularidades detectadas por observadores de la OEA y la UE.