Persecución política en Bolivia

* * copiado tal cual del informe "La justicia como arma. Persecución política en Bolivia" de Human Rights Watch

La injerencia política en el sistema de justicia es un problema que existe desde hace mucho tiempo en Bolivia. El expresidente Evo Morales manifestó su rechazo a la independencia judicial reiteradas veces. Durante sus casi 14 años en el poder, la fiscalía presentó cargos contra varios de sus rivales políticos en casos que parecían estar motivados por razones políticas.

En noviembre de 2019, Morales se vio forzado a dimitir y salió de Bolivia mientras en todo el país ocurrían protestas motivadas por alegaciones de fraude electoral, que ahora están siendo cuestionadas, y luego de que los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía le pidieran que dejara el cargo. Desde entonces, exmiembros de su gobierno y el propio Morales han sido víctimas del mismo tipo de injerencia política en el sistema judicial que ellos mismos ejercieron mientras estaban en el poder.

Jeanine Áñez, quien reemplazó a Morales como presidenta interina, tuvo la posibilidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus intereses, resultando en más de 150 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno. Morales está entre los imputados por terrorismo. Además, existen decenas de otras investigaciones penales por pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. Muchos de estos procesos parecen estar motivados por intereses políticos.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, prometió “ir a la cacería” y “perseguir” a miembros del gobierno de Morales. Pidió al Fiscal General que realizara “una purga” en la fiscalía y advirtió su intención de “perseguir” a los jueces y fiscales que estén “liberando a delincuentes”, una amenaza que entraña un ataque manifiesto a la independencia del sistema de justicia. En junio, su ministerio presentó querellas contra dos jueces por conceder el arresto domiciliario a personas vinculadas con la gestión de Morales que estaban detenidas a la espera de un juicio. La policía detuvo a uno de los jueces, que fue liberado al día siguiente luego de que otro magistrado determinara la ilegalidad de

la detención.

Human Rights Watch viajó a Bolivia en febrero de 2020 para analizar esos casos. Realizó más de 80 entrevistas en el país y, posteriormente, entrevistas de forma remota. En total, entrevistamos a 90 personas en ocho ciudades, incluyendo al ministro Murillo y otros funcionarios gubernamentales, la defensora del pueblo Nadia Cruz, fiscales, abogados defensores, representantes de la sociedad civil, personas que en octubre y noviembre de 2019 participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones, a favor o en contra de Morales, testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes fallecidos. También consultamos miles de páginas de informes policiales, decisiones judiciales y otros documentos en los expedientes de los casos.

PROCESOS ABUSIVOS Y DETENCIONES ARBITRARIAS

Si bien Human Rights Watch no analizó todas las investigaciones contra exmiembros del gobierno de Morales y simpatizantes, en los 21 casos que sí analizamos, algunos de ellos contra personas de alto perfil, detectamos evidencia de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

La fiscalía presentó cargos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición contra Patricia Hermosa, apoderada de Evo Morales y ex jefa de gabinete de su gobierno, únicamente en base al hecho de que mantuvo contacto telefónico con Morales después de él haber dimitido. La fiscalía argumenta que esas llamadas, de las cuales no existen grabaciones ni transcripciones, la convierten en colaboradora en los delitos que le atribuyen a Morales. Pese a la falta de pruebas de que Hermosa haya cometido algún delito, fue arrestada el 31 de enero de 2020 y detenida preventivamente mientras estaba embarazada, en violación de la ley boliviana. No recibió ningún cuidado médico y en marzo sufrió sangramiento durante diez días y perdió el embarazo. El 5 de agosto fue transferida a detención domiciliaria.

La fiscalía imputó a Mauricio Jara los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública. En una rueda de prensa el 22 de abril de 2020, la policía citó como prueba de actividad delictiva que Jara había admitido apoyar al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales; había usado grupos de WhatsApp para “desinformar”; se había referido al gobierno como “tirano” y “dictador”; y había instado a la gente a protestar. La policía también mencionó como prueba que Jara se había referido al asesinato de 10 manifestantes en Senkata en noviembre de 2019 como una “masacre”, un término que también utilizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en referencia al caso. Jara permanece en detención preventiva.

CARGOS DESPROPORCIONADOS CONTRA EVO MORALES

En febrero de 2020, Human Rights Watch también tuvo acceso al expediente completo de la investigación de la fiscalía sobre Morales bajo sospecha de terrorismo y financiamiento del terrorismo. La fiscalía emitió una orden de arresto en su contra en diciembre de 2019 y le imputó en julio de 2020.

Además de examinar el expediente, que constaba de más de 1.500 páginas, Human Rights Watch entrevistó a una fiscal que estaba trabajando en el caso en ese momento, así como a otro fiscal que había trabajado en la causa previamente y al fiscal departamental de La Paz, donde está radicada la causa. Las autoridades bolivianas no han presentado públicamente pruebas adicionales en la causa por terrorismo contra Morales desde febrero de 2020.

La investigación se centra principalmente en una llamada telefónica realizada en noviembre de 2019, días después de que Morales dejara la presidencia, en la cual una persona que presuntamente sería Morales instó a un colaborador a movilizar a manifestantes a bloquear carreteras de acceso a las ciudades e impedir el ingreso de alimentos.

El bloqueo de carreteras es una forma de protesta común en Bolivia y otros países de la región. Luego de la elección presidencial del 20 de octubre de 2019, cuyos resultados oficialmente indicaban que Morales habría conseguido, en una ajustada victoria, la diferencia de votos necesaria para acceder a un cuarto mandato sin necesidad de una segunda vuelta, manifestantes opositores bloquearon carreteras e iniciaron una huelga para denunciar un presunto fraude electoral. Los partidarios de Morales intentaron levantar algunos de estos bloqueos y organizaron cortes propios. Después de la renuncia de Morales el 10 de noviembre, sus simpatizantes redoblaron las protestas y bloquearon las carreteras principales de acceso a algunas ciudades. La escasez de combustible y alimentos que provocaron estas medidas generaron aumentos de precios en algunas zonas. La llamada telefónica atribuida a Morales se habría producido el 14 de noviembre. El 22 de noviembre, después de que las partes llegaran a un acuerdo sobre la necesidad de celebrar nuevas elecciones, los partidarios de Morales empezaron a desmontar los bloqueos.

Aunque la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, algunos detractores y partidarios de Morales presuntamente perpetraron secuestros de personas identificadas como partidarios del otro lado, quemaron edificios y viviendas, y cometieron otros actos de violencia durante octubre y noviembre de 2019. Estos hechos incluyen el asesinato de dos manifestantes contrarios a Morales, presuntamente por partidarios del MAS, en la ciudad de Montero. A su vez, al menos 20 partidarios de Morales fueron asesinados en dos masacres en las cuales testigos dijeron que agentes de las fuerzas estatales abrieron fuego contra los manifestantes. La fiscalía aún no ha identificado a los responsables.

En la conversación grabada que el gobierno interino atribuye a Morales, los interlocutores utilizan las palabras “combate” y “batalla”, términos que emplean a menudo los manifestantes en Bolivia para referirse a sus protestas. Pero en ningún momento los interlocutores discuten expresamente el uso de la violencia o dicen haber participado en los actos de violencia ocurridos.

Los fiscales del caso alegan que los actos de violencia supuestamente cometidos por partidarios de Morales fueron realizados por orden del expresidente. Sin embargo, las pruebas contenidas en el expediente, que Human Rights Watch revisó y que consisten principalmente en la llamada telefónica de noviembre de 2019, simplemente no respaldan esa acusación.

Planear para impedir que lleguen artículos esenciales a las ciudades es una acción que Bolivia tiene derecho de tipificar como delito y castigar, pero no es una acción que llegue al nivel de terrorismo, según cualquier definición razonable de terrorismo. De hecho, las imputaciones por terrorismo contra Evo Morales están basadas en una definición de terrorismo según la legislación boliviana tan amplia que puede ser utilizada para castigar como delitos acciones que están protegidas por la libertad de expresión y de asociación, así como castigar de manera desproporcionada acciones que distan mucho de lo que la mayoría de los observadores razonables considerarían un acto terrorista.

Emplear una definición excesivamente amplia de terrorismo para imputar a Morales delitos a los cuales les corresponden penas de hasta 20 años de cárcel resulta claramente desproporcionado en relación con la conducta reflejada en la conversación telefónica. En lugar de una medida orientada a asegurar el Estado de derecho, más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios.

UN HISTORIAL DE IMPUTACIONES ARBITRARIAS

Este informe también documenta casos de procesamiento arbitrario de opositores a Morales durante su presidencia. Concluye que el gobierno de Morales debilitó la independencia del sistema de justicia, creando una situación que permitió a su gobierno entonces, y al de Áñez ahora, usar de forma indebida el sistema judicial con fines políticos.