TÁCTICAS PARA silenciar la opinión pública en Nicaragua: APROBAR LEYES PARA ACALLAR LAS CRÍTICAS Y EL DISENSO

 * * copiado tal cual del informe "Silencio a cualquier costo”. Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua" de Amnistía Internacional

Defender los derechos humanos es una tarea de alto riesgo en la mayoría de los países de América Latina. Desde México, hasta Colombia, Brasil y Honduras, abogados y abogadas, personas defensoras y periodistas que investigan y denuncian violaciones a los derechos humanos, entre otras, sufren hostigamiento, ataques y encarcelamiento bajo falsos pretextos, como forma de castigarlos y detener su trabajo. Estas acciones envían un peligroso mensaje disuasorio a otras personas para que no se involucren en actividades de promoción y defensa de los derechos humanos.

En Nicaragua, el recrudecimiento de la campaña de represión se ha visto reflejado en la utilización de nuevas estrategias, en colaboración con los poderes legislativo y judicial, para generar un ambiente de hostigamiento y violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.

Una de las tácticas empleadas ha sido la cancelación de la personería jurídica de organizaciones de derechos humanos, el allanamiento de sus instalaciones y la incautación de sus bienes. Entre noviembre y diciembre de 2018, las autoridades estatales cancelaron el registro legal de al menos nueve organizaciones. A fin de 2020 ya se había sumado al menos otra organización a la lista. Sin registro, sus actividades pasan a ser “irregulares” a los ojos de la ley y su personal, blanco de mayores ataques.

El Poder Legislativo, cuya Asamblea Nacional está mayormente controlada por miembros del FSLN, el partido del presidente Daniel Ortega, también ha aprobado leyes que buscan coartar el trabajo de personas y organizaciones consideradas críticas del gobierno.

El 19 de octubre de 2020, luego de varias semanas de recrudecimiento de la represión estatal contra activistas y periodistas, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría la llamada “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”.

Bajo esa Ley, las personas que trabajen en organizaciones que reciben fondos de entidades internacionales deben registrarse como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación y presentar informes detallados sobre sus actividades. Las organizaciones que no estén aprobadas estarán sujetas a sanciones que pueden incluir el perder la personería jurídica. Las personas que no se registren podrán ser multadas o castigadas penalmente por realizar actos que amenacen la “seguridad soberana da la nación”. 

La norma contempla a organizaciones sociales y de derechos humanos y excluye, entre otros, a fábricas e industrias de inversión extranjera y a personas que establezcan relaciones comerciales bajo las condiciones de acuerdos, tratados y convenios comerciales vigentes.

Mientras la ley tiene como supuesto objetivo prevenir “injerencias” foráneas”, un análisis pormenorizado de sus artículos sugiere que es una nueva herramienta para frenar las actividades de organizaciones que son percibidas como críticas y dependen de financiamiento externo para llevar a cabo sus actividades de investigación, defensa jurídica gratuita y promoción de los derechos humanos.

La ley fue aprobada a pesar de que, mientras era debatida, la CIDH señaló que “afectaría gravemente el trabajo de las organizaciones nicaragüenses que reciben financiamiento o apoyo extranjero para la consecución de sus causas como la promoción y desarrollo social o la defensa de los derechos humanos”, restringiendo el derecho a la libertad de asociación, a defender derechos humanos y el ejercicio del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

Activistas y organizaciones locales dijeron temer que la ley pueda ser utilizada como una herramienta para aumentar el hostigamiento y las amenazas y que afecte la posibilidad de ejercer derechos civiles y políticos, particularmente mientras Nicaragua se prepara para las elecciones presidenciales en noviembre de 2021.

“Si ya estábamos en riesgo del 2018 para acá, ahora más porque han legalizado la represión”, dijo la abogada de derechos humanos Yonarqui Martínez a Amnistía Internacional.

Antes de su aprobación, la OACNUDH señaló que “la amplitud de sus disposiciones y la formulación ambigua de parte de su contenido podrían ser utilizadas para perseguir a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellas dedicadas a la defensa de derechos humanos, medios de comunicación y otras voces disidentes”.

Pocos días después de la aprobación de la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, el 27 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos. Esta presenta un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresan opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”, bajo el pretexto de evitar la publicación o distribución de información falsa. En la práctica, su redacción sugiere que busca también castigar a quienes critiquen las políticas del gobierno.

En declaraciones públicas tras la aprobación de la ley, medios de comunicación reportaron que el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional dijo: “Los únicos que pueden estar en contra de una ley de este tipo son aquellos que quieren seguir fomentando el odio, la desinformación, la destrucción, el terror y la muerte, y a esos les estamos diciendo ¡Nunca más lo volverán a hacer en este país!”.

La CIDH señaló que la ley, al establecer ámbitos de aplicación abiertos, otorga discrecionalidad a las autoridades para sancionar penalmente la libertad de expresión. 

En la misma línea, en noviembre de 2020 la Asamblea Nacional aprobó, en primera lectura, la reforma constitucional que permitiría la aplicación de la sanción de prisión a perpetuidad o cadena perpetua. En vistas de las circunstancias actuales en Nicaragua, existe un temor fundado de que sea utilizada para castigar a quienes son percibidos como opositores al gobierno. Para el CENIDH esta reforma representa “un retroceso en materia penal y su objetivo es amedrentar y seguir instrumentalizando a las instituciones jurídicas del país para continuar la represión”.

Para algunas de las principales organizaciones de derechos humanos que desde hace décadas documentan el cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua, este paquete de leyes representa la piedra más reciente en un camino repleto de obstáculos.

Gonzalo Carrión, quien trabajó durante tres décadas en el área jurídica del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) y actualmente es miembro del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, dice que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros formaliza en el papel el tipo de control extremo que las organizaciones y defensores venían viviendo desde hace tiempo.

Desde el comienzo de las protestas masivas en 2018, el CENIDH, una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más antiguas y respetadas de Nicaragua, con personal y voluntarios en todos los rincones del país, estuvo en la vanguardia de la documentación de los cientos de casos de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar.

Sus miembros han sufrido hostigamiento y ataques de manera continua. Denuncian haber sido filmados durante las manifestaciones y mientras realizaban actividades de su vida cotidiana, y hostigados en redes sociales y en discursos públicos.

 

Carrión dice que cuando la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del CENIDH en diciembre de 2018 y, en efecto, legalmente cerró la organización, muchas personas defensoras sintieron que el círculo se estaba cerrando a su alrededor. La Asamblea Nacional argumentó que la organización no había presentado informes económicos desde 2017 y que su Junta Directiva se encontraba vencida. Sin embargo, al CENIDH no se le notificó ningún proceso administrativo previo en su contra.

Miembros del CENIDH dicen que dos días después, el 14 de diciembre, agentes de policía entraron en las oficinas de la organización, sin orden judicial, y allanaron papeles y objetos personales. Las señales eran claras. Las organizaciones perdían su personería jurídica y con ello una fuente importante de seguridad. Adicionalmente, decenas de activistas y periodistas señalados como opositores al gobierno salían del país, por temor a las represalias por su trabajo. Las detenciones arbitrarias, mientras tanto, continuaban ocurriendo sin pausa.

Para Carrión, el mensaje más contundente del peligro que enfrentaban quienes eran vistos como críticos al gobierno llegó cuando la policía arrestó a Lucía Pineda, una reconocida periodista de 100% Noticias, en su oficina la noche del 21 de diciembre de 2018.

Pineda y el director del canal, Miguel Mora, fueron acusados de “fomentar e incitar al odio y la violencia” y “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. Tras pasar 40 días en la celda de una comisaría de policía donde, según afirma, la interrogaron y la torturaron, Lucía fue trasladada a La Esperanza, donde permaneció en régimen de aislamiento 132 días. 

Unos meses más tarde, el jefe de la policía acusó públicamente a Carrión de encubrir a los responsables de la muerte, el 16 de junio de 2019, de seis personas, incluyendo un niño de tres años y un bebé de cuatro meses, en un incendio en el barrio Carlos Marx, en las afueras de Managua. Además, acusó a Vilma Nuñez, presidenta y fundadora del CENIDH y con 60 años de trabajo en el movimiento de derechos humanos, de haber mantenido a los sobrevivientes en una casa contra su voluntad.

A pesar de las acusaciones públicas, incluyendo una campaña de difamación en redes sociales, las autoridades no levantaron cargos criminales contra Carrión o Nuñez. Esto sugiere que el objetivo de las denuncias era amedrentarlos y continuar perjudicando su reputación, además de evidenciar que no tenían pruebas en su contra.

Este tipo de acusaciones públicas no solo estigmatizan a las personas defensoras y su labor, sino también incrementan el riesgo de ataques contra ellas y sus familiares.

Preocupado por su seguridad, Carrión tuvo que salir de su vivienda, mudarse a otra casa y eventualmente salió de Nicaragua. “Las opciones eran: la cárcel, el cementerio o el exilio”, explicó Carrión en entrevista con Amnistía Internacional. “Nunca imaginé el escenario del exilio. Voy a cumplir 60 años, ¿cómo voy a empezar una nueva vida en el exilio? El exilio es desolador, es una forma de castigo”.

A finales de diciembre de 2018 Carrión llegó a Costa Rica. Desde allí, continúa documentando violaciones a los derechos humanos como parte del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”. Lucía Pineda también logró salir hacia Costa Rica cuando fue excarcelada en junio de 2019.

Vilma Nuñez continúa su trabajo desde Nicaragua.

“El miedo ha sido el arma principal que en este periodo ha usado Daniel Ortega para doblegar a la gente. Yo decidí quedarme y asumir lo que fuera”, explicó en conversación con Amnistía Internacional.

“Tenemos que volvernos indiferentes a esa campaña casi constante de descalificación que mantienen en los medios de comunicación [oficialistas], en las redes sociales. Todo esto nos ha cambiado la forma de vida. Yo no puedo ir a cualquier parte, a tomar un café o a un restaurante porque me toman fotos, si voy al médico me toman fotos y después las publican, ridiculizándome. Todo es muy difícil, y doloroso”, explica.

Abogados y abogadas de derechos humanos que continúan ejerciendo la defensa legal de personas encarceladas por motivos políticos hablan de las leyes como una nueva herramienta en la larga lista de tácticas que el gobierno ha puesto en práctica para amedrentarlos.

“El régimen está poniendo en vigencia leyes para encarcelar a todo aquel que no les simpatice”, explica un abogado nicaragüense. “Hay una intimidación general con esas leyes, con ver las patrullas en los juzgados, los de seguridad alrededor de los abogados en las audiencias. Una carga emocional alta. Ver encapuchados con [ametralladoras] AK en las audiencias”.

Muchos dicen que la aprobación del paquete de leyes en el período preelectoral (las elecciones presidenciales están programadas para noviembre 2021) no es coincidencia. Señalan que las trabas al financiamiento independiente de movimientos políticos, la libertad de expresión y el hostigamiento y los riesgos que enfrentan las personas defensoras y activistas políticos están poniendo en riesgo el ejercicio de derechos civiles y políticos. 

“Donde ellos saben que hay reunión de opositores asedian o buscan como impedirla. No permiten

el libre ejercicio con miras a una participación electoral. El nivel de tolerancia es cero”, explicó una defensora de derechos humanos.