Criminalización del aborto en Ecuador: el caso de Silvia

 * * * copiado tal cual del informe "¿Por qué me quieren volver hacer sufrir? El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador" de Human Rights Watch

Silvia, una estudiante universitaria de 28 años de Quito, afirmó que fue atacada por otro estudiante de 38 años, quien la invitó a su casa, la drogó y la violó en 2010. Silvia denunció la violación a la policía. Al enterarse de que estaba embarazada, Silvia le escribió al agresor contándole sobre el embarazo y pidiéndole ayuda para “resolverlo”. Su respuesta fue llevarla a una clínica donde, según le dijo, le harían un “control prenatal”. En la clínica privada, un médico obstetra le dijo a Silvia que la veía nerviosa y le puso una inyección en el brazo afirmando que la ayudaría a relajarse. Silvia se quedó dormida y el médico obstetra le realizó un aborto sin su consentimiento. Después de abandonar la clínica, Silvia y su agresor fueron a un restaurante; desde el baño del restaurante, Silvia le envió un mensaje al policía que había recibido su denuncia de violación y le pidió ayuda. La policía se presentó en el restaurante y el agresor intentó fugarse. Fue detenido y se encontró en su poder la receta que le había entregado el obstetra para el tratamiento post-aborto, la cual se incorporó como prueba en su contra. Más tarde, el agresor argumentó ante el tribunal que solo había acompañado a Silvia, que la esperó afuera de la clínica y que no tenía idea de que fuera a hacerse un aborto, pese a que todas las pruebas indicaban que había pagado $150 por el procedimiento. Silvia, el hombre al que acusó de haberla violado y la obstetra que le practicó el aborto fueron imputados por delitos relacionados con aborto; el hombre y la obstetra fueron declarados inocentes en el juicio y, finalmente, se desestimaron los cargos contra Silvia. La policía y los fiscales no tomaron ninguna medida en relación con los señalamientos de violación que planteó Silvia.