Deportación con escala
* * copiado tal cual del informe "Deportación con escala. Fracaso de las medidas de protección que establece el Acuerdo de Cooperación en materia de Asilo suscrito entre EEUU y Guatemala" de Human Rights Watch
El Acuerdo de Cooperación en materia de Asilo (ACA) suscrito entre ambos países permite a EEUU trasladar rápidamente a Guatemala a los solicitantes de asilo no guatemaltecos, sin ofrecerles la oportunidad de presentar solicitudes de asilo en EEUU y privándoles del acceso a una protección efectiva en Guatemala. En consecuencia, se ven obligados a desistir de sus solicitudes de asilo y algunos de ellos, con temores fundados de ser perseguidos, al parecer están regresando a sus países de origen, donde corren un riesgo real de sufrir daños graves.
Guatemala no cumple los criterios que exige la legislación estadounidense para ser considerado un "tercer país seguro", es decir, no tiene la capacidad de ofrecer “acceso a un procedimiento completo y justo para determinar si procede la concesión de asilo o una protección temporal equivalente”. El sistema de asilo de Guatemala está constreñido por un marco jurídico limitado, que solo permite la aprobación de las solicitudes a los altos funcionarios, lo que causa enormes cuellos de botella en un sistema que acaba de ponerse en marcha. A finales de marzo de 2020 había 713 casos acumulados, incluidas las pocas solicitudes de asilo presentadas por los trasladados en el marco del ACA. El comité interministerial que decide los casos de asilo no se ha reunido desde la entrada en vigor de las restricciones por la COVID-19, a mediados de marzo, hasta el momento de redactar este informe, a finales de abril.
Antes de la fecha de suspensión del ACA, el 16 de marzo de 2020, las organizaciones no gubernamentales locales asociadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entrevistaron a varias de las personas trasladadas en virtud del ACA y descubrieron que cerca de dos tercios de los entrevistados tenían problemas de protección internacional. No obstante, solo una pequeña proporción de quienes expresaron temor a regresar a sus países de origen solicitaron asilo en Guatemala, aseguró el representante de ACNUR. Muchos de ellos también dijeron a las organizaciones asociadas al ACNUR que no deseaban permanecer en Guatemala, alegando falta de medios para subsistir allí, desconfianza de las autoridades y proximidad de Guatemala a sus países de origen, que les hacía temer que sus perseguidores pudieran localizarlos.
En febrero de 2020, Refugees International y Human Rights Watch llevaron a cabo una investigación sobre el impacto del ACA en Guatemala, para la cual estudiaron las vulnerabilidades de los solicitantes trasladados en virtud del Acuerdo y la falta de apoyo que les ofrece Guatemala, así como su acceso al sistema de asilo guatemalteco y la capacidad de este para ofrecer protección a quienes la necesitan.
Los 30 solicitantes trasladados en el marco del ACA que entrevistaron Refugees International y Human Rights Watch describieron las condiciones abusivas que vivieron en la frontera de EEUU, entre otras: los alimentos congelados incomibles que recibieron, la falta de acceso a duchas durante varios días seguidos, la imposibilidad de dormir porque las luces estaban encendidas constantemente, la falta de atención médica y los insultos y tratos degradantes de los que fueron objeto mientras estuvieron detenidos. Todos los solicitantes de asilo trasladados que entrevistaron Refugees International y Human Rights Watch afirmaron que, mientras permanecieron bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de FronterasFronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), se les negó el acceso significativo a un abogado y solo se les permitió efectuar entre una y tres llamadas telefónicas, breves y sin las condiciones adecuadas de intimidad. Un salvadoreño aseguró que un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EEUU le dijo "no hay asilo" y "no se permite la entrada de centroamericanos a EEUU". Dos mujeres mostraron a Refugees International pruebas de los abusos cometidos por sus parejas en casa: imágenes de lesiones físicas por palizas brutales y la copia de una orden de protección de un tribunal de El Salvador. Según dijeron, los agentes de fronteras estadounidenses no les dejaron presentar estas pruebas como justificantes de su temor a regresar a su país.
Los solicitantes traslados en virtud del ACA también declararon que el registro y la tramitación de sus expedientes en el aeropuerto de Guatemala fueron inadecuados, ya que no tuvieron una acogida humanitaria ni acceso a información. Estas personas, entre las que había niños pequeños, tuvieron que esperar durante horas en la calle, sin comida, agua ni atención médica adecuada. El proceso de registro en sí mismo duró apenas dos o tres minutos, durante los cuales los solicitantes trasladados no recibieron información alguna sobre lo que les sucedería en Guatemala.
Los solicitantes trasladados en virtud del ACA se vieron en una situación de mucha presión, dado que carecían de tiempo y recursos adecuados para tomar decisiones verdaderamente informadas y voluntarias sobre qué hacer. Una vez registrados en el aeropuerto, disponían de 72 horas para decidir permanecer en Guatemala, regresar a los países de los que huyeron o intentar solicitar refugio en otro lugar. El plazo de 72 horas que concede Gobierno guatemalteco es arbitrario y coercitivo, ya que es un tiempo insuficiente para que los solicitantes de asilo puedan tomar una decisión tan trascendental.
Solo uno de los 30 solicitantes del ACA entrevistados por Refugees International y Human Rights Watch declaró haber solicitado asilo en Guatemala. Otros afirmaron que en Guatemala no tenían familia ni redes de apoyo y que temían por su seguridad. Muchos dijeron que regresarían a El Salvador y Honduras, a pesar de seguir expresando su temor a ser perseguidos allí.
En virtud del ACA suscrito entre EEUU y Guatemala, EEUU trasladó a 939 solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños, en su mayoría mujeres y niños, a Guatemala entre el 21 de noviembre de 2019 y el 16 de marzo de 2020. Solo 20 de los 939 trasladados (alrededor del 2%) solicitaron asilo en Guatemala, a pesar de que muchos de ellos tenían temores fundados de ser perseguidos en sus países de origen.
Nuestras entrevistas reflejan que el ACA se ha implementado de tal manera que, empuja a los solicitantes trasladados a desistir de sus peticiones. En Guatemala, estas personas tienen un plazo injustificadamente reducido para tomar la decisión de solicitar o no asilo en Guatemala, un país con un sistema de asilo enrevesado e ineficaz, y que no garantiza un apoyo social adecuado a los solicitantes de protección durante la tramitación de sus expedientes. Las condiciones de seguridad del país hacen que muchos trasladados también expresen su temor a ser sometidos en Guatemala a los mismos daños de los que huyen de sus países de origen. En consecuencia, como indican nuestras entrevistas y las realizadas por la organización asociada del ACNUR, algunas personas con temores fundados de ser perseguidas renuncian a sus peticiones y regresan a sus países de origen, donde corren un riesgo real de sufrir daños graves. Dada la incapacidad de Guatemala para ofrecer protección efectiva y el riesgo de que algunos de los trasladados se enfrenten a amenazas de daños graves, ya sea en Guatemala o en sus países de origen cuando regresen, EEUU está incumpliendo sus obligaciones nacionales e internacionales de no devolución al no examinar las solicitudes de los migrantes que envía a la fuerza a Guatemala.
Los traslados en virtud del ACA fueron suspendidos temporalmente a mediados de marzo a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Refugees International y Human Rights Watch piden a los gobiernos de EEUU y Guatemala que rescindan por completo el ACA, en lugar de instaurar su reanudación. Por su parte, EEUU debería detener los planes para comenzar a trasladar a los solicitantes de asilo a El Salvador y Honduras al amparo de los acuerdos de cooperación en materia de asilo que se han firmado, pero aún no se han implementado.
El Acuerdo de Cooperación en materia de Asilo (ACA) suscrito entre ambos países permite a EEUU trasladar rápidamente a Guatemala a los solicitantes de asilo no guatemaltecos, sin ofrecerles la oportunidad de presentar solicitudes de asilo en EEUU y privándoles del acceso a una protección efectiva en Guatemala. En consecuencia, se ven obligados a desistir de sus solicitudes de asilo y algunos de ellos, con temores fundados de ser perseguidos, al parecer están regresando a sus países de origen, donde corren un riesgo real de sufrir daños graves.
Guatemala no cumple los criterios que exige la legislación estadounidense para ser considerado un "tercer país seguro", es decir, no tiene la capacidad de ofrecer “acceso a un procedimiento completo y justo para determinar si procede la concesión de asilo o una protección temporal equivalente”. El sistema de asilo de Guatemala está constreñido por un marco jurídico limitado, que solo permite la aprobación de las solicitudes a los altos funcionarios, lo que causa enormes cuellos de botella en un sistema que acaba de ponerse en marcha. A finales de marzo de 2020 había 713 casos acumulados, incluidas las pocas solicitudes de asilo presentadas por los trasladados en el marco del ACA. El comité interministerial que decide los casos de asilo no se ha reunido desde la entrada en vigor de las restricciones por la COVID-19, a mediados de marzo, hasta el momento de redactar este informe, a finales de abril.
Antes de la fecha de suspensión del ACA, el 16 de marzo de 2020, las organizaciones no gubernamentales locales asociadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entrevistaron a varias de las personas trasladadas en virtud del ACA y descubrieron que cerca de dos tercios de los entrevistados tenían problemas de protección internacional. No obstante, solo una pequeña proporción de quienes expresaron temor a regresar a sus países de origen solicitaron asilo en Guatemala, aseguró el representante de ACNUR. Muchos de ellos también dijeron a las organizaciones asociadas al ACNUR que no deseaban permanecer en Guatemala, alegando falta de medios para subsistir allí, desconfianza de las autoridades y proximidad de Guatemala a sus países de origen, que les hacía temer que sus perseguidores pudieran localizarlos.
En febrero de 2020, Refugees International y Human Rights Watch llevaron a cabo una investigación sobre el impacto del ACA en Guatemala, para la cual estudiaron las vulnerabilidades de los solicitantes trasladados en virtud del Acuerdo y la falta de apoyo que les ofrece Guatemala, así como su acceso al sistema de asilo guatemalteco y la capacidad de este para ofrecer protección a quienes la necesitan.
Los 30 solicitantes trasladados en el marco del ACA que entrevistaron Refugees International y Human Rights Watch describieron las condiciones abusivas que vivieron en la frontera de EEUU, entre otras: los alimentos congelados incomibles que recibieron, la falta de acceso a duchas durante varios días seguidos, la imposibilidad de dormir porque las luces estaban encendidas constantemente, la falta de atención médica y los insultos y tratos degradantes de los que fueron objeto mientras estuvieron detenidos. Todos los solicitantes de asilo trasladados que entrevistaron Refugees International y Human Rights Watch afirmaron que, mientras permanecieron bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de FronterasFronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), se les negó el acceso significativo a un abogado y solo se les permitió efectuar entre una y tres llamadas telefónicas, breves y sin las condiciones adecuadas de intimidad. Un salvadoreño aseguró que un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EEUU le dijo "no hay asilo" y "no se permite la entrada de centroamericanos a EEUU". Dos mujeres mostraron a Refugees International pruebas de los abusos cometidos por sus parejas en casa: imágenes de lesiones físicas por palizas brutales y la copia de una orden de protección de un tribunal de El Salvador. Según dijeron, los agentes de fronteras estadounidenses no les dejaron presentar estas pruebas como justificantes de su temor a regresar a su país.
Los solicitantes traslados en virtud del ACA también declararon que el registro y la tramitación de sus expedientes en el aeropuerto de Guatemala fueron inadecuados, ya que no tuvieron una acogida humanitaria ni acceso a información. Estas personas, entre las que había niños pequeños, tuvieron que esperar durante horas en la calle, sin comida, agua ni atención médica adecuada. El proceso de registro en sí mismo duró apenas dos o tres minutos, durante los cuales los solicitantes trasladados no recibieron información alguna sobre lo que les sucedería en Guatemala.
Los solicitantes trasladados en virtud del ACA se vieron en una situación de mucha presión, dado que carecían de tiempo y recursos adecuados para tomar decisiones verdaderamente informadas y voluntarias sobre qué hacer. Una vez registrados en el aeropuerto, disponían de 72 horas para decidir permanecer en Guatemala, regresar a los países de los que huyeron o intentar solicitar refugio en otro lugar. El plazo de 72 horas que concede Gobierno guatemalteco es arbitrario y coercitivo, ya que es un tiempo insuficiente para que los solicitantes de asilo puedan tomar una decisión tan trascendental.
Solo uno de los 30 solicitantes del ACA entrevistados por Refugees International y Human Rights Watch declaró haber solicitado asilo en Guatemala. Otros afirmaron que en Guatemala no tenían familia ni redes de apoyo y que temían por su seguridad. Muchos dijeron que regresarían a El Salvador y Honduras, a pesar de seguir expresando su temor a ser perseguidos allí.
En virtud del ACA suscrito entre EEUU y Guatemala, EEUU trasladó a 939 solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños, en su mayoría mujeres y niños, a Guatemala entre el 21 de noviembre de 2019 y el 16 de marzo de 2020. Solo 20 de los 939 trasladados (alrededor del 2%) solicitaron asilo en Guatemala, a pesar de que muchos de ellos tenían temores fundados de ser perseguidos en sus países de origen.
Nuestras entrevistas reflejan que el ACA se ha implementado de tal manera que, empuja a los solicitantes trasladados a desistir de sus peticiones. En Guatemala, estas personas tienen un plazo injustificadamente reducido para tomar la decisión de solicitar o no asilo en Guatemala, un país con un sistema de asilo enrevesado e ineficaz, y que no garantiza un apoyo social adecuado a los solicitantes de protección durante la tramitación de sus expedientes. Las condiciones de seguridad del país hacen que muchos trasladados también expresen su temor a ser sometidos en Guatemala a los mismos daños de los que huyen de sus países de origen. En consecuencia, como indican nuestras entrevistas y las realizadas por la organización asociada del ACNUR, algunas personas con temores fundados de ser perseguidas renuncian a sus peticiones y regresan a sus países de origen, donde corren un riesgo real de sufrir daños graves. Dada la incapacidad de Guatemala para ofrecer protección efectiva y el riesgo de que algunos de los trasladados se enfrenten a amenazas de daños graves, ya sea en Guatemala o en sus países de origen cuando regresen, EEUU está incumpliendo sus obligaciones nacionales e internacionales de no devolución al no examinar las solicitudes de los migrantes que envía a la fuerza a Guatemala.
Los traslados en virtud del ACA fueron suspendidos temporalmente a mediados de marzo a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Refugees International y Human Rights Watch piden a los gobiernos de EEUU y Guatemala que rescindan por completo el ACA, en lugar de instaurar su reanudación. Por su parte, EEUU debería detener los planes para comenzar a trasladar a los solicitantes de asilo a El Salvador y Honduras al amparo de los acuerdos de cooperación en materia de asilo que se han firmado, pero aún no se han implementado.
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